La elección de una integrante del Consejo de la Judicatura

miércoles, 6 de febrero de 2013
MÉXICO, D.F. (Proceso).- En días próximos el Senado deberá nombrar al integrante que falta desde el 1 de diciembre del año pasado en el Consejo de la Judicatura. Este consejo, que tiene como objetivo fundamental velar por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia e imparcialidad de sus integrantes, está integrado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; tres consejeros elegidos entre los magistrados de Circuito y jueces de Distrito; dos consejeros designados por el Senado, y uno más por el presidente de la República. Hoy todos ellos son varones. Debe esperarse, por una mínima aspiración a la equidad, que la próxima designación, que compete al Senado, sea la de una mujer. Pero además, como cuerpo de mujer no garantiza perspectiva de género, ni excelencia profesional, el Senado debe ser muy cuidadoso en su elección porque si algo falta en el Poder Judicial es, precisamente, esa perspectiva. Las cuatro mujeres que compiten para ese puesto son: Graciela Buchanan, actual magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León; Martha María del Carmen Hernández, quien fue subprocuradora en el Edomex cuando el caso Paulette; Gloria Tello Cuevas, magistrada de Guanajuato cercana al ministro Azuela, y Leticia Bonifaz, quien fue consejera jurídica del gobierno capitalino durante la gestión de Marcelo Ebrard. Estoy convencida de que ella sería, de lejos, la mejor decisión, pues ha demostrado con creces que conoce la complejidad que significa el vínculo entre género y justicia. Desde hace tiempo se sabe que el orden social patriarcal está profundamente arraigado en las mentes y subjetividades. Por ello, los seres humanos consideramos “naturales” situaciones arcaicas y discriminatorias que ocurren en las relaciones entre mujeres y hombres. Para desentrañar el carácter patriarcal de nuestro orden jurídico se necesita, además de voluntad política, conocimiento sobre el alcance y la imbricación de las pautas tradicionales de género en los fallos y juicios. La perspectiva de género sirve para desentrañar los prejuicios y estereotipos que siguen actuando en las mentes de quienes imparten justicia. Cuando digo que en el Poder Judicial se carece de perspectiva de género, creo que para muestra basta un botón. En ese sentido es de lo más elocuente el diagnóstico que realizó el año pasado la consultora Estudios y Estrategias para el Desarrollo y la Equidad (Epadeq). El estudio abarcó 15 entidades federativas (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas) para determinar “si el personal jurisdiccional tiene conocimiento del marco jurídico que establece los derechos de las mujeres”. Para realizar la investigación se formularon dos preguntas: 1.- ¿Cuáles instrumentos jurídicos internacionales de protección de derechos humanos conocen? Y 2.- ¿Cuáles leyes o artículos constitucionales (nacionales) promueven o protegen los derechos de las mujeres? Se aplicaron 6 mil 911 cuestionarios en 15 tribunales estatales de Justicia, y se analizó la información tomando en cuenta el sexo del personal y el tipo de labor que realiza. En promedio, 44% del personal encargado de la impartición de justicia manifestó no conocer ningún instrumento internacional, y si se agrega a ese porcentaje el de quienes no respondieron a la pregunta, se eleva hasta 66.6% global. ¡Una barbaridad! Además, las mujeres mostraron ligeramente mayor nivel de desconocimiento, lo cual confirma que no basta ser mujer, sino que es necesario que se haya interesado en el tema, y lo haya estudiado. Sólo 14.4% del personal encuestado manifestó conocer la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres) y 10% la Convención de Belem do Pará. Siendo ambas convenciones vinculantes para nuestro gobierno, y a la luz de la reforma del artículo 1 de la Constitución es muy preocupante el nivel de desconocimiento que mostraron los entrevistados. Legalmente, los tribunales superiores de Justicia son los órganos encargados de garantizar la protección efectiva de las mujeres contra todo acto discriminatorio. Sin embargo, en promedio, sólo una tercera parte de quienes ejercen la función jurisdiccional conocen al menos uno de los instrumentos para ello. Una de las conclusiones del diagnóstico de Epadeq es que pese a que quienes imparten justicia afirman conocer la perspectiva de género, “la evidencia encontrada muestra que en la mayoría de los casos no es así o que su conocimiento es superficial”. Si una de las actividades más importantes del Consejo de la Judicatura consiste en detectar anomalías en el ejercicio de las funciones de su personal, es indispensable contar con una mirada que vigile y proponga medidas para subsanar la grave deficiencia en materia de perspectiva de género. En ese sentido es que la doctora Leticia Bonifaz resulta la persona idónea para ocupar el cargo de consejera. Su formación intelectual, así como su trayectoria profesional garantizan un abordaje serio y riguroso de un tema que, cada vez más, se vuelve imperativo para la impartición de justicia en nuestro país.

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