MÉXICO, D.F. (Proceso).- La iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que envió a la Cámara de Diputados el presidente Enrique Peña Nieto, a nombre de los tres partidos firmantes del Pacto por México, constituye sin duda un gran avance. Sin embargo, en el ámbito de la radiodifusión deja al menos tres grandes pendientes: uno, no establece qué sucederá con el espectro ganado en la transición de lo analógico a lo digital, lo cual claramente puede beneficiar a los actuales concesionarios; dos, los criterios establecidos para determinar a un agente económico preponderante no son suficientemente claros, y tres, no reserva espectro para los medios públicos y sociales, como corresponde para garantizarles efectivamente su acceso al mismo. En el primero de los casos, una de las principales razones para transitar de lo analógico a lo digital es la denominada “ganancia digital”; es decir, que en el mismo espectro que hoy se utiliza para transmitir una señal analógica es posible transmitir, dependiendo de algunas condiciones técnicas, hasta seis señales digitales, con lo cual se multiplica el número de servicios que pueden prestarse. Aunque la iniciativa garantiza que se regresen al Estado los espacios que hoy se utilizan para transmitir las señales analógicas, no dice nada respecto a la “ganancia digital”, con lo cual los actuales concesionarios pueden quedarse con ella y obtener una ventaja muy importante. Para ponerlo en términos concretos: en las cuatro cadenas nacionales con que hoy cuenta Televisa podrían transmitirse ocho señales de alta definición o hasta 24, las cuales, sin ser de alta definición tendrían mejor calidad que la señal actual. Lo mismo ocurriría con las dos cadenas de TV Azteca, sólo que todo sería a la mitad. Por lo que toca al segundo aspecto, la definición de número de usuarios para definir la categoría de agente económico preponderante es muy clara y medible en el caso de los servicios de telefonía, acceso a internet o algunos de los servicios que se prestan mediante las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; sin embargo, esto no ocurre en el caso de las televisoras. Por otro lado, el número de frecuencias tampoco es tan definitorio, pues si se incorporan a éstas las correspondientes a las televisoras públicas y sociales difícilmente se llegará a 50%. No obstante, vale la pena ubicar el porcentaje establecido como referencia, pues 50% parece excesivo, por lo menos, en relación con criterios establecidos en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos la Comisión Federal de Comunicaciones estableció un criterio de 33% de la audiencia, para considerarlo como límite. En el caso de la actual televisión mexicana, casi bajo ningún criterio que se siga se tocaría a TV Azteca, lo cual puede llegar a ser un poco distinto con Televisa, que sí acapara más de 60% de la audiencia y la publicidad, pero tampoco queda claro que ese vaya a ser el criterio. En el tercer caso es muy importante que se establezca la obligación de licitar las dos nuevas cadenas comerciales nacionales; pero también se debe reservar, al menos la tercera parte del espectro para medios públicos y sociales. En un primer momento se mencionó que la iniciativa también contemplaría la obligación de establecer una nueva cadena de televisión pública, pero hoy es claro que no se avanzó en ese renglón. Fragmento del análisis que se publica en la edición 1898 de la revista Proceso, ya en circulación.