MÉXICO, D.F. (Proceso).- El totalitarismo y el autoritarismo tienen muchas características en común, una de ellas es intentar suprimir o controlar la libertad de expresión. Mientras las dictaduras la cancelan mediante la fuerza, la amenaza o la represión, las dictablandas lo hacen a través de la cooptación, que no es sino soborno disfrazado. Con algunas variantes y especificidades, ese método ha prevalecido en México desde el porfiriato hasta el día de hoy. El presidente Enrique Peña Nieto se ha comprometido a respetar la libertad de expresión pero, en los hechos, su gobierno parece más inclinado a continuar los añejos métodos del priismo autoritario en su relación con los medios de comunicación: Lograr la docilidad y la sumisión a cambio de prebendas y contratos publicitarios, mismos que se niegan de forma arbitraria e ilegal a quienes anteponen el ejercicio independiente de la crítica basada en una ética periodística al servicio de los lectores y la audiencia, sin doblegarse ante los dictados de conductas autoritarias supuestamente superadas. Desde el Manifiesto por una Presidencia Democrática, el entonces candidato Enrique Peña ofreció ser garante de la libertad de expresión: “Las críticas al Presidente de la República, en todos sus estilos y formatos, serán escuchadas, respetadas y tomadas en cuenta. En una Presidencia democrática no caben ni la violencia en contra de periodistas, ni la censura”. En ese mismo documento se comprometió a crear una instancia ciudadana y autónoma para supervisar que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación cumpla con los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información. Tal compromiso fue ratificado en el Pacto por México, así como en la reforma en materia de telecomunicaciones. El mandatario está obligado a honrar su palabra. La contratación de publicidad ha sido uno de los principales instrumentos de los gobiernos autoritarios para controlar a los medios de comunicación, premiando a los subyugados y castigando a los disidentes. La expresión más clara de ese principio es la disparatada frase lopezportillista de “(no) te pago para que me pegues”, en la cual la relación entre el gobierno y la prensa se equipara a la de un amante con una cortesana. El presidente se erige en el comprador de un servicio erótico-periodístico, y se niega a ejercer una conducta sadomasoquista. Paga por el sometimiento, no para ser golpeado. La mentalidad patrimonialista y autoritaria reflejada en esa grotesca analogía implica que el presidente en turno es el dueño de los recursos del erario y ello le da el derecho a dilapidarlos para comprar la dulzura amatoria de los medios de comunicación, o bien para sancionar financieramente a quienes osen defender la dignidad de un periodismo crítico e independiente. Tal aberración coarta el derecho a la libertad de expresión establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución de México, así como en la práctica de los gobiernos verdaderamente democráticos. La libertad de expresión no puede estar sujeta a la política de la zanahoria o el palo. Es indebido e ilegal condicionarla mediante la recompensa o represalia basada en el uso discrecional de recursos públicos, distribuidos como si fuesen propiedad del presidente en turno o de quienes manejan los exorbitantes presupuestos de la comunicación gubernamental. Fragmento del análisis que se publica en la edición 1902 de la revista Proceso, ya en circulación.