MÉXICO, D.F. (Proceso).- Hace poco el presidente Enrique Peña Nieto cumplió cien días en el poder en México. Cien días no son mucho, pero son suficientes para medirle el pulso a un nuevo gobierno. Y el actual, como el anterior, enfrenta un desafío titánico: desde el norte, el país es presionado para detener el flujo de drogas hacia los consumidores en Estados Unidos; internamente, debe reducir los homicidios, los secuestros y la extorsión por parte de organizaciones criminales. Si México pretende enfrentar con éxito este desafío, debe construir un sistema policial y de justicia efectivo, así como aplicar programas sociales integrales. Sin reformas institucionales serias, los esfuerzos por combatir la violencia serán inútiles; en cambio, con reformas apoyadas por programas destinados a los más pobres, habrá esperanza para acabar con este devastador problema. El nuevo presidente prometió reducir la tasa de homicidios. El Pacto por México y las bases de un Plan para la Prevención del Delito son señales positivas. Se ha anunciado además la creación de una gendarmería y el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, hace falta avanzar mucho más para recuperar la credibilidad de las instituciones públicas. Mientras tanto, según las cifras oficiales, las muertes violentas continúan y la situación se agrava en diversas regiones del país. Preocupa en particular la violencia contra periodistas y medios de comunicación. Todavía está fresco el recuerdo de decenas de informadores asesinados, incluyendo los casos de José Armando Rodríguez y Luis Carlos Santiago, del Diario de Juárez, y el de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz; crímenes que aún no han sido debidamente esclarecidos. La tasa de impunidad en México alcanza más del 80% de los crímenes, lo que alienta a los criminales a atacar a los ciudadanos e infundir temor en poblaciones. En lo que respecta a los medios, el impacto de la violencia deja en la penumbra de la desinformación a territorios enteros. Para que las reformas requeridas avancen, el gobierno debe capacitar a la fuerza policial de manera que sea capaz de respetar los derechos humanos y realizar investigaciones sólidas. También necesita profundizar la depuración de la policía y establecer procedimientos que permitan remover gradualmente a aquellos elementos que no superen las pruebas. Una policía y un sistema judicial efectivos son componentes cruciales para reducir la impunidad a largo plazo. Asimismo, México necesita garantizar el apoyo a las familias de las víctimas, especialmente en la búsqueda de los parientes desaparecidos. Reducir de manera significativa los índices de violencia, como la tasa de homicidios, es muy difícil de alcanzar en el corto plazo. Los cárteles reclutan decenas de miles de sicarios dispuestos a todo; se trata de jóvenes que viven en barrios pobres, donde han permanecido en el abandono durante décadas, y que carecen de oportunidades laborales. En este ámbito el gobierno debe ofrecer metas realistas con claridad de objetivos, y los resultados tienen que ser evaluados y discutidos periódicamente con las instituciones correspondientes y la sociedad civil. El gobierno debe además actuar con la mayor transparencia proporcionando, por ejemplo, cifras precisas sobre las víctimas. Si bien es importante alimentar la esperanza de la población y superar el acendrado pesimismo imperante respecto a la lucha contra el narco, no es positivo hacerlo señalando que el problema no existe o que no es tan grave. El aparente éxito en la reducción de la tasa de homicidios en Ciudad Juárez merece especial estudio y reflexión. Es prematuro afirmar categóricamente cuál fue la fórmula que permitió esa reducción, pero ciertamente el establecimiento de 42 nuevos centros comunitarios y un mayor y mejor presupuesto para proyectos sociales inciden en un mejor ambiente social. El drama de la violencia en México, que según algunas estimaciones ha causado la muerte de más de 70 mil personas y la desaparición de más de 25 mil, no puede resolverse sólo en el país. Las organizaciones criminales tienen un claro carácter trasnacional. México no podrá ser un lugar mejor si sus vecinos del sur colapsan. Preocupa en particular la situación de Honduras, así como la de Guatemala, países en donde los cárteles criminales se han instalado y por donde pasa buena parte de la cocaína de los Andes antes de ingresar a territorio mexicano. Estados Unidos debe hacer mucho más para apoyar los esfuerzos mexicanos. En primer lugar, debe reducir en el más breve plazo posible el flujo de armas de asalto y de dinero que han ido a parar a las manos de los grupos criminales. También es preciso fortalecer las políticas de prevención del consumo de drogas y orientar la cooperación hacia programas de fortalecimiento institucional y de protección de los derechos humanos; no sólo ni principalmente hacia el suministro de armamento y logística. La comunidad internacional tiene como tarea pendiente discutir y debatir con seriedad los éxitos y los fracasos de la actual política global contra las drogas, que no ha logrado cumplir sus objetivos básicos. Tendría que considerarse, por ejemplo, la celebración de una Asamblea General especial de las Naciones Unidas y tomar en cuenta los estudios regionales sobre consumo y tráfico. México sería un líder natural en este debate. La violencia en el país quizás adelanta una característica de los conflictos letales del mañana; por ello el caso es importante para las naciones que enfrentan desafíos similares. Si se logra reducir esa violencia, la experiencia mexicana será un modelo a seguir en lugar de uno al que se deba temer. * Director del Programa Latinoamérica y el Caribe del International Crisis Group (www.crisisgroup.org).