MÉXICO, D.F. (Proceso).- La responsabilidad compartida entre los gobiernos de México y Estados Unidos en la llamada guerra contra las drogas culminó en un rotundo y sangriento fracaso. La estrategia basada en el combate armado contra los cárteles y en la detención o muerte de los capos produjo más de 80 mil muertos y desaparecidos en este país, sin que ello haya producido una disminución del consumo de narcóticos allende el Bravo. Nosotros pusimos los muertos y ellos siguen poniendo las narices (Galeano). A pesar de que el tema de la seguridad ha dejado de ser una prioridad en la agenda bilateral, al menos públicamente, la amenaza del crimen organizado y la violencia que lo acompaña son preocupación irresuelta y central para autoridades y ciudadanos de ambos países. De nada sirve tratar de evadir u ocultar el reto. La gravedad del asunto exige una reflexión autocrítica acerca de la estrategia fallida acordada por ambos países, a fin de elaborar una alternativa razonada y efectiva para enfrentar ese desafío compartido. Es indispensable que los gobiernos de México y Estados Unidos asuman la responsabilidad que les corresponde en un problema de carácter binacional, cuya solución requiere de una estrecha coordinación y colaboración en ambos lados de la frontera, basada en el respeto a la soberanía y en la confianza mutua. Es necesario rectificar. Estados Unidos es el más grande consumidor de estupefacientes del mundo. La mitad de su población admite haber probado algún narcótico al menos una vez en su vida. Asimismo, nuestro vecino del norte es el mayor proveedor y contrabandista de armas en el planeta. El 10% de los distribuidores de armas de la Unión Americana están ubicados en ciudades fronterizas con México; sólo entre Texas y Arizona hay más de 12 mil armerías. No hay esperanza de que esta situación cambie en el corto plazo, dado que la reforma para controlar la venta de armas de alto poder acaba de ser rechazada en el Senado estadunidense. En su reciente visita a nuestro país, el presidente Barack Obama reconoció esa doble responsabilidad. ¿Qué ha impedido que la nación más poderosa del mundo resuelva esos problemas? David Shirk, director del Transborder Institute de la Universidad de San Diego, va al fondo del asunto: “Durante las últimas cuatro décadas, la guerra contra las drogas ha carecido de objetivos claros, consistentes y alcanzables; ha tenido un efecto insignificante en la demanda; el costo social y económico ha sido enorme.” (The Drug War in Mexico. Confronting a Shared Threat Council on Foreign Relations, 2011, p. 27). Tres cuartas partes de los ciudadanos estadunidenses piensan que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso. El énfasis en la oferta y la confrontación armada no ha tenido un impacto en el mercado de producción, distribución y consumo de estupefacientes. La demanda manda. Las utilidades del comercio ilegal de estupefacientes en Estados Unidos se calcula entre 6 y 7 mil millones de dólares al año. Sólo un cuarto de esas ganancias procede de la mariguana. El dato es interesante debido a que el 98% de la droga confiscada en la frontera con México es mariguana (1.5 millones de kilos en 2009), en tanto que sólo se decomisaron 17 mil kilos de cocaína, con valor de 273 millones de dólares, a razón de 16 mil dólares el kilo. Por tanto, si se hubiesen decomisado 1.5 millones de kilos de cocaína (en lugar de mariguana) el monto incautado hubiera sido de 9.6 mil millones de dólares, es decir, una cifra superior al cálculo de las utilidades del narcotráfico. La legalización de la mariguana representaría pérdidas para los narcotraficantes de entre 1 y 2 mil millones de dólares anuales. Ello permitiría que los agentes de seguridad estadunidenses en la frontera con México confiscaran cocaína y otras drogas peligrosas que representan la principal fuente de ingreso de los cárteles. Poco se ha hecho para combatir el lavado de dinero y para aplicar la ley respectiva (Foreign Investment and National Security Act, 2007) que permita localizar, expropiar y seguir la pista a las inversiones procedentes del mercado negro de drogas. Es urgente desarrollar una estrategia para identificar, investigar y desmantelar los apoyos financieros y distribuidores al menudeo que trabajan para las organizaciones del narcotráfico en Estados Unidos. Siempre me ha parecido inverosímil que el multimillonario negocio del tráfico de drogas en Estados Unidos se distribuya con toda libertad a lo largo y ancho del territorio estadunidense y que éstas se vendan al menudeo a través de pequeñas pandillas (gangs), sin que nada se diga acerca de posibles grandes socios de los cárteles mexicanos del otro lado de la frontera, y menos aún de la probable connivencia con autoridades estadunidenses. ¿Por qué no se ha combatido el lavado de dinero en Estados Unidos? ¿Cómo explicar que las autoridades estadunidenses no hayan utilizado en su propio territorio los Drones u otras tecnologías de seguridad y métodos de inteligencia que utilizaron con éxito en México para detener o ultimar a los capos (de lo que tanto se ufanó el presidente Calderón)? Shirk propone que la oficina del gobierno estadunidense para la rendición de cuentas (U.S. Government Accountability Office) “analice las influencias de las redes del crimen organizado trasnacional en los cuerpos de seguridad de Estados Unidos y asegurarse de la cabal aplicación de la ley en la frontera, así como del adecuado uso de los recursos ante posibles vulnerabilidades y violaciones a la integridad”. Aún está por conocerse la estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto para combatir el narcotráfico, pero se teme que, en el afán por distinguirse de su antecesor y de que disminuya la violencia, pudiera recurrirse a un pacto secreto con los narcotraficantes, a la usanza del viejo PRI. Sería desastroso e inadmisible. Acaso el mayor obstáculo para enfrentar al crimen organizado, tanto aquí como allá, sea lo que le dijo el Mayo Zambada a Julio Scherer García: “El narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción” (Proceso, 1744).