MÉXICO, D.F., (apro).- El pasado 28 de abril, al cumplirse un año del asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, un grupo de reporteros de Xalapa rompió el miedo impuesto por el gobierno y el crimen organizado y salió a la calle a exigir lo que por derecho deberíamos tener todos los ciudadanos en el país: seguridad y libertad de expresión. Como ningún otro mandatario en todo México, el gobernador veracruzano, Javier Duarte, tiene un horroroso récord: nueve reporteros asesinados en su breve periodo de dos años de gobierno. El estado está silenciado para los periodistas que quieren informar a los ciudadanos la situación de emergencia que se sufre en cuestión de seguridad, y cuando alguno de ellos no acata las órdenes provenientes de algún grupo criminal o del gobierno –que a veces son lo mismo–, en el mejor de los casos reciben amenazas y en el peor de ellos la muerte. Por segundo año consecutivo, Veracruz se ubicó como la entidad más violenta y de mayor riesgo para ejercer el periodismo en el país. Los grupos criminales tienen al gobierno de Duarte de rodillas y sus ramificaciones llegan hasta la médula de su administración. Además, en su equipo de gobierno reina la anarquía, la falta de autoridad y la ineficacia ante los retos que la inseguridad plantea en todo el estado por la enorme corrupción y la vinculación de policías, alcaldes y funcionarios de todos los niveles con el crimen organizado. Javier Duarte está completamente rebasado y sólo se sostiene por la gracia de Enrique Peña Nieto como un pago de los favores que el gobernador le hizo al apoyarlo financieramente en la campaña presidencial del año pasado. Sólo habría que recordar el decomiso de 25 millones de pesos que se hizo previo a la elección en 2012, y este año la revelación que hizo el PAN de grabaciones en las que funcionarios del estado fraguan el uso electoral del programa nacional de combate a la pobreza. No se puede explicar de otra manera la ingobernabilidad que se vive en todo el estado, donde diariamente hay muertos, ejecutados y desaparecidos. Los veracruzanos y los inmigrantes centroamericanos que cruzan por la zona saben que entran a un verdadero infierno. Y también se tiene amordazada a la prensa, a los reporteros que se atreven a publicar la situación de violencia y la inseguridad que hay en pueblos, comunidades y ciudades de todo Veracruz. La visita organizada el 28 de abril por Periodistas de a Pie –un grupo de 15 reporteros del Distrito Federal– a la capital del estado dio la oportunidad de que algunos reporteros se lanzaran a la calle para exigir la renuncia del gobernador, mejores condiciones de seguridad para informar y aclarar los asesinatos de 13 periodistas veracruzanos en los últimos dos gobiernos. Los periodistas de la entidad no se sintieron solos el domingo, supieron que estaban acompañados por la réplica de la marcha de otros periodistas en otras 14 ciudades del país, y también en Los Ángeles, California. A pesar de que esta acción no fue noticia en los principales medios de comunicación, es decir que no les importó que sus propios trabajadores demandaran seguridad, el fin de la impunidad y un alto a la violencia, a muchos reporteros veracruzanos la presencia de otros como ellos les dio algo de ánimo. Pero aun así algunos preguntaban qué pasaría después de que terminara la manifestación, luego de que los reporteros visitantes dejaran el estado, es decir, si no habría represalias en su contra por haberse mostrado públicamente, si no serían también amenazados por el gobierno de Duarte o se les lanzarían los demonios del crimen organizado. Duarte, como todos los gobernantes de este país, sobre todo Enrique Peña Nieto, tienen la obligación y la responsabilidad de garantizar la seguridad y la libertad para el ejercicio de la expresión sin cortapisas ni amenazas. Sobre sus espaldas recaerá cualquier intento de reprimir, amenazar o golpear a los reporteros que nos manifestamos. El 28 de abril el nombre de Regina Martínez se escuchó en 15 ciudades del país. Su tumba en la zona de bosques de Xalapa será un constante recordatorio para todo gobernante autoritario que pretenda silenciar a la sociedad y a la prensa. La pequeña y frágil figura de esta reportera que nunca buscó premios, fama, ni dinero, es hoy, más que nunca, una imagen emblemática para aquellos reporteros, para aquellos medios que no olvidan la razón de su existencia: ejercer la libertad de expresión con responsabilidad social. Twitter: @GilOlmos