Para Jorge Witker, con mi solidaridad

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El desdén de la comunidad jurídica, la simulación, la ignorancia y la colusión constituyen una fórmula que erosiona día con día el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información en México. La inacción del Estado mexicano genera responsabilidad por omisión sin que pase nada; antes bien, se fortalece la impunidad en perjuicio de todos. Veamos. Primero. De 2000 a 2012 la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, de la Cámara de Diputados ha reconocido la existencia de 91 periodistas muertos, 13 “desaparecidos” y 54 agredidos físicamente. Por supuesto estas cifras oficiales pueden ser aproximadas, por la falta de un sistema único estadístico sobre la materia. En el mismo periodo la CNDH dijo haber recibido 807 quejas por agravios en perjuicio de periodistas. De acuerdo con la organización Reporteros sin Fronteras, el sexenio de Felipe Calderón –con su fallida guerra contra el crimen organizado– arrojó no sólo más de 80 mil muertos registrados y más de 26 mil desaparecidos, el que más ha dañado el tejido social en la historia del país, sino 58 homicidios, 14 desapariciones de periodistas y poco más de 40 atentados a instalaciones de medios de comunicación entre 2007 y 2012. Menos de 4% de los delitos cometidos en perjuicio de quienes ejercen habitualmente la libertad de expresión han concluido con sentencias condenatorias. Más grave aún es que al menos la mitad de los sentenciados son chivos expiatorios para salir del paso, según lo han reclamado los deudos y colegas de quienes han fallecido o “desaparecido” en este clima de violencia heredado por Calderón, generando así nuevas víctimas. La organización Article 19 puso al descubierto un interesante estudio que revela cómo en el periodo de Calderón el presupuesto de la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR bajó de 2 millones 304 mil pesos en 2006 a 636 mil 740 en 2011. No sólo eso, en 2010 el subejercicio presupuestal alcanzó 91.79%. Ya en estas páginas me he referido con minuciosidad a la debilidad intencionada de la fiscalía de referencia (“Libertad de expresión: Simulaciones”, Proceso 1732). Segundo. La gravedad del tema es tal que en su visita a México, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, sostuvo que: “Las agresiones en contra de periodistas constituyen ataques a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada. Me encuentro alarmada por los altos niveles de impunidad que prevalecen en relación a los ataques en contra de periodistas y hago un llamado urgente a que esta impunidad sea erradicada.” En estos años se han creado distintas fiscalías especiales en las entidades federativas con un común denominador: Ausencia de resultados. Este panorama se explica por dos razones: a) Formales: concurrencia limitada de competencia, peritos inexpertos, agentes del Ministerio Público sin capacitación en materia de libertad de expresión, falta de la obligación en los códigos de procedimientos penales de agotar la línea de investigación por libertad de expresión, en delitos en los que haya agravio a la libertad de expresión, como ha sugerido la doctora Perla Gómez Gallardo, y ampliación para que las fiscalías conozcan de todos los tipos delictivos posibles; y b) Informales: el desencuentro natural entre periodistas de investigación y agentes del orden por ser señalados estos últimos, con amplia frecuencia, como parte activa o pasiva del crimen organizado o del fuero común. De esta suerte, resulta poco menos que imposible que por las vías recorridas hasta ahora haya resultados distintos a los que se han obtenido; es decir, ninguno. El colmo resulta, por ejemplo, que el periodista de Proceso, Jorge Carrasco destinado al seguimiento del homicidio de la corresponsal Regina Martínez, haya sido foco de amenazas graves poniendo en riesgo su integridad y la de su familia. Tercero. El reto, como se puede apreciar, no es fácil sino sinuoso y complicado. La libertad de expresión en su más amplio sentido es una herramienta para que la sociedad tenga información para decidir cuestiones públicas y privadas. Este proceso de circulación plural y diversa de informaciones e ideas da vida a la democracia deliberativa que a todos debe preocupar que se practique, al menos en sus grandes trazos. Los pasos dados han sido transitados para guardar las formas. La reforma al artículo 73 constitucional, fracción XXl, que permite atraer casos del fuero común al federal representa sólo una seguridad psicológica o un acto de fe de que las cosas habrán de mejorar. Creo por el contrario que a grandes males deben darse grandes remedios. Las policías son las peor evaluadas por la sociedad, según lo revela la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012. Las mejor evaluadas son el ejército y los militares. Quizá las cosas mejorarían si mediante una reforma constitucional se le otorga competencia a la Procuraduría General de Justicia Militar para que haga lo que la Fiscalía de la PGR no ha podido realizar en siete años. Junto con esta medida habría además que diseñar un sólido sistema de control de confianza que no se agote en las prácticas habituales de anticorrupción y antidoping, sino que tenga reactivos claros de medición –elaborados por las principales universidades y organizaciones de periodistas– sobre el papel de la libertad de expresión en una sociedad democrática como punto de partida para seleccionar fiscales y agentes. No sé si esta propuesta haría la gran diferencia, pero sí algunas diferencias sustantivas. De algo estoy convencido: Si no se hacen cambios de fondo todo seguirá exactamente igual, degradando todos los días la incipiente democracia mexicana. Evillanueva99@yahoo.com @evillanuevamx www.ernestovillanueva.blogspot.com