Derecho a la educación, fincar responsabilidades

viernes, 9 de agosto de 2013 · 14:45
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Constreñir el derecho a la educación a millones de personas, impedir que otros cientos de miles de jóvenes no puedan seguir su vocación, mientras decenas de miles de niños quedan en el abandono por su condición de pobreza o aislamiento geográfico, son hechos que tienen responsables directos, a los cuales debiera aplicarles sanciones o despidos por incapacidad en el desempeño de su trabajo. Tendrían que ser socialmente señalados y hacerlos responder sobre sus atrocidades, los responsables de haber metido cientos de faltas de ortografía en los libros de texto obligatorios; los que están propiciando equívocos en la enseñanza de geografía, matemáticas, español, historia o ciencias; quienes no tuvieron el cuidado de revisar de manera directa estos errores; los que han organizado pruebas falaces para hacer creer a los estudiantes que examinan sus conocimientos para pasar cursos, grados u obtener un lugar en alguna institución de educación media superior o superior, pero que sólo han servido para repartir prebendas, descalificar, sancionar, controlar escuelas o de plano obstaculizar el futuro de millones de personas. A pesar de que todo lo señalado constituye una de las peores tragedias sociales, no hay quién atienda ni sancione a quienes están evitando el ejercicio pleno de un derecho, como lo es el educativo, ni quién asuma con conciencia el terrible daño que se está infligiendo a las actuales generaciones de mexicanos. Lo que sí hay son lamentos, porque la Subsecretaría de Educación Básica ha lamentado el hecho de haber distribuido millones de libros de texto con errores para que los maestros los corrijan en el aula (con la duda de que puedan percatarse de ellos y corregirlos), mientras el titular de la SEP ha propuesto la eliminación de la prueba estándar ENLACE, que ha servido para todo, menos para mejorar la calidad de la educación, además de que otras autoridades de la educación media superior y superior simple y llanamente han volteado la cara ante el problema gigantesco de los rechazados, que ha sido provocado por la aplicación de un examen estándar organizado por un organismo privado como el Ceneval. Nadie ha dicho nada respecto de las pingües ganancias que se llevan ésta y otras empresas, ni de los recursos que tendrán que tirarse a la basura por las pifias y acciones irreparables de muchos funcionarios. En tanto el país se cuece entre balazos y jóvenes usados como un desperdicio, en la falta de probidad de los gobiernos, en el crecimiento de la pobreza y el conflicto político y social, la educación sigue por los suelos: en los últimos lugares a nivel mundial en atención a la educación secundaria y de bachillerato; en el lugar más bajo en gasto por alumno; en el último en atención a la población del grupo de edad de educación superior; en los peores lugares en atención a los jóvenes de entre 15 y 29 años, rango en donde ser indígena, vivir en el campo y ser mujer significa estar con las más bajas posibilidades para continuar con estudios de nivel bachillerato o alcanzar una licenciatura. (Véase Santiago, P., et. al. (2012). OECD Reviews of evaluation and assessment in education: Mexico 2012; OECD. Education at a glance, 2012.) Para los que pudieron estudiar una carrera técnica o superior el panorama tampoco se presenta nada halagüeño. De acuerdo con un reciente estudio de la Cepal (Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2013, capítulo III), la subutilización de la mano de obra más calificada es una realidad estrujante, que da cuenta del estancamiento y falta de productividad de los países de la región, y en México esto ocurre de manera masiva. Se ha hecho creer de forma muy pomposa que estamos en el sexenio de las grandes reformas “estructurales”. Por lo pronto, la primera de ellas, una que se ha presentado como “la educativa”, está haciendo agua y ya está presentando efectos perniciosos, lamentabilísimos y socialmente inaceptables. Ya era demasiado haber entregado todo el sistema educativo al SNTE, pero ahora que, se alega, ha sido recobrada la “rectoría” del Estado en el sector, el enredo ha pasado a ser mayúsculo. A ver a qué horas alguien asume sus obligaciones y se dejan de palabrerías.

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