Diálogo inútil*

lunes, 1 de diciembre de 2014

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- En los dos acontecimientos que sacuden al país, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la casa de Las Lomas de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, los puntos de referencia de los que se parte para el posicionamiento público del gobierno y de la sociedad civil son diametralmente opuestos.

El caso de los desaparecidos, para el presidente y sus colaboradores, de acuerdo con las declaraciones del mismo Peña Nieto, “nos deja ver que lamentablemente esta parte de nuestra realidad, que se vive en algunos municipios, no podría yo afirmar que sea un problema extendido en todo el país, pero que, sin duda, está presente lamentablemente en gobiernos municipales, sobre todo más pequeños en cuanto a sus capacidades y con mayor debilidad institucional, hemos observado cómo el crimen organizado prácticamente ha cooptado estas instituciones de orden municipal”. Es decir, no se asume como un problema nacional, del Estado mexicano; se achaca a la debilidad de las instituciones municipales.

Para los demandantes de justicia, entre los que se encuentran desde luego los familiares de los desaparecidos, incluyendo a muy amplios sectores de la sociedad civil, el de Iguala es uno más de los crímenes de Estado –en tanto que fue perpetrado por una fuerza del orden público de una de las instancias de gobierno– que la sociedad ha padecido, en el cual, además, no se puede descartar la participación de otros personeros del Estado mexicano de las instancias estatal y federal.

A estos hechos hay que sumar la ejecución sumaria de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, y la desaparición de 9 mil 569 personas en lo que va de la presente administración, además de otras 23 mil 605 sin resolver denunciadas a partir de 2007, cuando inició la contabilidad del Registro Nacional de Personas Extraviadas.

Aunque la estadística no permite identificar con claridad cuántas de estas personas desaparecidas fueron inicialmente detenidas por alguna fuerza de seguridad del Estado mexicano, incluyendo al Ejército y la Marina, es un hecho que así sucedió en numerosos casos, pues las denuncias públicas en ese sentido son múltiples.

En cuanto a este fenómeno, la visión compartida es que se trata de un problema nacional, pues se manifiesta en las distintas regiones del país, no sólo en una zona en particular, y, por ende, la debilidad es del Estado mexicano como tal, no de una de sus instancias. Apreciación totalmente contraria a la visión oficial.

En lo que respecta a la casa de Las Lomas, para las autoridades el asunto se limita a proporcionar la información que permita comprobar que la esposa del presidente durante su vida profesional obtuvo (y declaró ante el fisco) recursos suficientes para comprar una casa de ese valor. Además, tanto Peña Nieto como su esposa insistieron en repetidas ocasiones que hicieron pública y divulgaron dicha información no por una obligación, sino por su compromiso con la transparencia y en la búsqueda de recuperar la confianza de la población.

Para los analistas políticos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos en general, el problema es el evidente conflicto de interés que existe cuando “la constructora del sexenio” celebra un “generoso” contrato de compraventa con la esposa del presidente. Sin contar los jugosos contratos que las empresas del constructor Juan Armando Hinojosa Cantú obtuvieron durante los seis años que Peña Nieto gobernó el Estado de México, en estos dos primeros años del gobierno federal ya consiguieron otros por más de 22 mil millones de pesos (Proceso 1985), por lo cual los 54 millones de pesos (valor del contrato de compraventa hecho público por Angélica Rivera) equivalen a menos de 0.25% del valor de dicho monto.

Los documentos que exhibió la esposa de Peña Nieto indican que la tasa de interés que se estableció en el contrato fue de únicamente 9% anual, cuando al momento de celebrarlo el Costo Anual Total mínimo, de acuerdo con las estadísticas del Banco de México, era de 11%, es decir, dos puntos por arriba del pactado. También ponen de manifiesto la diferencia entre el avalúo del valor comercial de la propiedad, de 86 millones de pesos, y el valor de la operación, de 54 millones, es decir, un descuento de 37% si se toma como referencia el valor comercial.

Los hechos son contundentes: El contrato de compraventa claramente beneficia a la compradora, en tanto que la constructora obtiene los contratos de las principales obras públicas que realiza el gobierno federal. Y aunque la compradora no sea funcionaria pública, sí es la esposa del presidente del gobierno que le otorga a dicha empresa los jugosos contratos. El conflicto de interés es evidente.

Para el presidente y su equipo, las protestas responden “a un interés de generar desestabilización, de generar desorden social y, sobre todo, de atentar contra el proyecto de nación que hemos venido impulsando”. Y acusó a los diversos medios de información de que en el tema de la casa se levanten “señalamientos infundados, y con aseveraciones, como puntualicé hace unos días, totalmente imprecisas.”

Para los manifestantes, como dijo Philippe Texier, expresidente del Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), las protestas “simbolizan el ¡Basta Ya!, de la sociedad mexicana cansada ante la injusticia social y la impunidad generalizada, después de tantos años de masacres y de violaciones diversas de los derechos humanos”.

Y para comunicadores como Jesús Silva Herzog Márquez, el escándalo de la casa es –señaló en su artículo publicado en el diario Reforma– “la revelación de un inaceptable conflicto de interés que toca al Ejecutivo mismo. Los negocios privados de la esposa del presidente de México (que naturalmente no puede ignorar el presidente) se enredan con la obra pública. Los negocios privados mezclados visiblemente con las decisiones públicas”.

Las diferencias son abismales, pero sobre todo evidencian la posición del presidente y su gabinete de “controlar daños” a partir de la atención de las manifestaciones más perturbadoras, pero sin resolver las causas de fondo de la inconformidad social y la debilidad del Estado mexicano. La oferta de diálogo del mandatario pretende acallar las voces críticas y aminorar las protestas, pero no avanzar en la construcción de una nueva institucionalidad que responda y atienda la realidad nacional, particularmente la grave y permanente violación de los más elementales derechos humanos y los principios democráticos básicos. *Texto publicado originalmente en la edición 1986 de la revista Proceso del 23 de noviembre de 2014

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