Michoacán y las autodefensas: rumores que se hacen realidad

lunes, 28 de abril de 2014
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Finalmente el gobierno arraigaba, detenía o mataba en el intento de captura de todos los que, desde antes del surgimiento de las autodefensas, eran señalados como dirigentes, personeros o cómplices de Los Caballeros Templarios; los casos más evidentes son los del exgobernador interino y exsecretario de Gobierno Jesús Reyna, y del alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez. De la lista, el único que parece estar a salvo es Guillermo Valencia, exalcalde de Tepalcatepec, quien se presentó voluntariamente a declarar, por segunda ocasión, ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República sobre su presunta participación en la reunión de Reyna con los líderes visibles de Los Caballeros Templarios en 2011, durante el proceso electoral para renovar la gubernatura de dicha entidad. En este sentido las autodefensas pueden presumir resultados muy positivos: continúan su expansión al controlar cada día más municipios, aunque sea de la mano de las fuerzas federales; contribuyeron al abatimiento de Enrique Kike Plancarte y a la captura de Nazario Moreno, El Chayo, señalados como dos de los principales capos del cártel que azota Michoacán y las entidades vecinas; lograron que las autoridades detuvieran e integren expedientes en contra de Reyna y Chávez, y hasta ahora todo indica que imponen sus tiempos y reglas al comisionado del gobierno federal, Alfredo Castillo. En el último punto, más allá de las diferencias en las versiones de los líderes de las autodefensas y del comisionado, lo cierto es que los acuerdos dados a conocer tras la reunión del pasado lunes 14 indican que, más que desarme de las autodefensas, se procederá a su incorporación a dos instancias de seguridad: Cuerpos de Defensa Rurales, dependientes de la Secretaría de la Defensa Nacional, y Policía Rural Estatal, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Pero incluso más importante que eso es el hecho de que el gobierno federal aceptó la condición de que esto procederá siempre y cuando, para ese momento, se haya sometido a Servando Gómez, La Tuta, considerado por las autodefensas como el líder máximo del cártel. Así, aunque prevaleció la fecha del 10 de mayo previamente señalada por el comisionado, ésta se halla condicionada y el desenlace no será el desarme sino la conversión de las autodefensas en fuerzas de seguridad. Sin embargo, los riesgos son mayores, ya que los rumores o señalamientos acerca de los orígenes e intenciones de los integrantes de las autodefensas también son abundantes… y muy preocupantes. Basta señalar que José Manuel Mireles fue detenido en 1988 en posesión de droga y sentenciado en 1991 a siete años y tres meses de cárcel, aunque al final únicamente cumplió tres años y ocho meses; que Juan José Farías, El Abuelo, pasó seis años en prisión –el mismo titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, reconoció en febrero ante el periódico Reforma que investigaban a este capo por presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación–, y que Luis Antonio Torres, El Americano, según el mismo diario, es incriminado por encabezar el cártel H3, en Buenavista, Michoacán. De acuerdo con la nota de Anabel Hernández publicada en la edición 1954 de Proceso, Torres y Farías en realidad estarían vinculados a Miguel Ángel Gallegos Godoy, El Migueladas, que tras ser líder máximo de Los Caballeros Templarios se integró al Cártel de Jalisco Nueva Generación y cuya participación en las autodefensas tendría el propósito precisamente de hacerse con el control de la plaza. Y como hasta el momento las acciones de las autoridades confirman estos señalamientos, en las próximas semanas o meses la situación en Michoacán podría ser todavía mucho más complicada y violenta de lo que hoy es. Si efectivamente las autodefensas están muy infiltradas y controladas por cárteles contrarios a Los Caballeros Templarios y la incorporación de los miembros de aquéllas a los cuerpos de seguridad se hace en forma automática, simplemente por formar parte de este pacto, en un futuro los integrantes del crimen organizado tendrán pleno control de los cuerpos de seguridad. También son evidentes las diferencias entre diversos grupos de autodefensas, problema que llevó incluso a que en la segunda semana de marzo dos ellos, el encabezado por Hipólito Mora (actualmente detenido bajo la acusación de asesinar a Rafael Sánchez Moreno, El Pollo, y a José Luis Nino Torres), cercano a Mireles, y el de El Americano, se desafiarán en La Ruana. Todos estos ingredientes fomentarían las divisiones y enfrentamientos entre los diferentes grupos del crimen organizado y autodefensas al interior de los mismos cuerpos de seguridad, lo cual seguramente redundaría en una explosión de la violencia, la criminalidad y la ingobernabilidad; en suma, de la inseguridad. El gobierno federal publicita como grandes logros el abatimiento de Kike Plancarte, la detención del El Chayo, el arraigo de Jesús Reyna y el inicio de una averiguación previa contra Chávez, además de que el comisionado Castillo pretende establecer condiciones y tiempos a las autodefensas. Sin embargo, todo indica que no logran retomar el control de la situación en Michoacán, y los pasos que están dando pueden incluso complicarla más. Como reiteradamente se ha hecho notar, el reconocimiento legal de las autodefensas (así sean una expresión ciudadana genuina ante el fracaso del Estado por brindarles seguridad) es muy riesgoso, pues todas las experiencias internacionales de este tipo han terminado siempre por convertirse en grupos delincuenciales. Obviamente su surgimiento podría obedecer a una estrategia de las distintas facciones del crimen organizado ­–como, de acuerdo con los señalamientos, sucede en Michoacán–, lo que en algunos casos es ya una realidad tangible, excepto para la autoridad, que sigue sin dar crédito a las denuncias en este sentido. Así, aunque los golpes asestados a Los Caballeros Templarios parecerían indicar que se va en el camino correcto, lo turbio de la situación en Michoacán apunta exactamente en la dirección contraria. La intervención del gobierno federal puede contribuir a un deterioro todavía mayor de la vida en el estado y sus alrededores, como de hecho ya ocurre en el Estado de México.

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