Los factores que paralizan el Congreso

domingo, 4 de mayo de 2014
MEXICO, D.F. (Proceso).- Roto el Pacto por México tras la aprobación de la reforma constitucional en materia energética –en diciembre del año pasado–, el gobierno federal y los grupos parlamentarios del PAN y del PRD son incapaces de construir acuerdos para sacar adelante la legislación secundaria en los temas político-electoral, de telecomunicaciones, energético y de competencia económica, entre otros pendientes que urgen para darle viabilidad a los cambios en la Constitución. Entre los elementos que influyen en esta demora legislativa tres son determinantes: el proceso de elección del nuevo presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional; el cambio de postura en el gobierno de Enrique Peña Nieto y de los priistas, que pretenden revertir algunas de las concesiones que hicieron al negociar las reformas constitucionales, y el impacto de las redes sociales en la vida política del país. Los negociadores gubernamentales sabían que requerían del PAN o del PRD para sacar las reformas a la Constitución, pero pensaron que podían dejar de lado a esos partidos a la hora de aprobar la legislación secundaria: En la Cámara de Diputados les bastarían los 251 votos de los legisladores tricolores, verdes y aliancistas, y en el Senado sólo necesitarían convencer a tres integrantes de la oposición para sumar los 65 sufragios que conforman la mayoría. El equipo que acompañó a Peña Nieto en el gobierno del Estado de México –en el que destaca el actual secretario de Hacienda, Luis Videgaray– había operado de ese modo en aquella entidad federativa y consideraba que únicamente se trataba de repetirla a escala nacional. Sin embargo, olvidó que la visibilidad pública, los escenarios y la coyuntura son fundamentales para ello. En tres de los debates (telecomunicaciones, competencia económica y energía) era fácil dividir al PAN y al PRD, con lo cual la negociación se facilitaba. El priismo debía enfocarse únicamente en Acción Nacional, que en materia económica tiene posiciones idénticas a las peñanietistas. No obstante, el PRI olvidó que antes se tenía que votar la nueva legislación en materia político-electoral y, en ese campo, suelen estrecharse los lazos entre los dos grandes partidos de oposición. El PAN sabe que la única forma de incrementar su poder es posponer las otras reformas, así que desde el inicio del periodo ordinario de sesiones buscó que las normas político-electorales se aprobaran antes que el resto de las modificaciones. Los priistas tampoco consideraron que el PAN comenzaría en marzo su proceso para elegir un nuevo presidente del CEN y que por ese puesto contenderían precisamente Gustavo Madero (promotor y defensor del Pacto por México y, en general, cercano al gobierno peñanietista) y Ernesto Cordero (líder de la bancada panista en el Senado durante el primer año de legislatura, amigo de Felipe Calderón y, en algunos puntos, con posiciones divergentes a Madero y crítico de la cercanía de éste con el gobierno federal). En estas condiciones, la elección interna se ha centrado en las relaciones del panismo con el gobierno y la defensa de los principios del PAN, lo cual en automático condujo a una sana lejanía con el PRI. Esto se manifiesta en las objeciones que la derecha ha puesto a los planteamientos priistas. El resultado es que, aunque representantes de las tres principales fuerzas políticas discuten los aspectos que deben regularse en materia político-electoral, hasta el momento se mantienen los puntos de divergencia. Todo indica que en el Legislativo serán incapaces de cumplir el plazo del 30 de abril –que se habían autoimpuesto en un transitorio de la reforma constitucional– para aprobar las leyes secundarias en la materia. El mayor problema es que la demora retrasará los procesos legislativos de los congresos estatales, entre otras cosas porque se requieren reformas a las constituciones locales. Ni el gobierno ni el PRI pueden modificar los tiempos de la elección interna panista, que concluye hasta la cuarta semana de mayo. Si quieren aprobar las reformas secundarias pendientes dentro del próximo mes, como afirman sus coordinadores parlamentarios, tendrán que moderar sus intenciones de centralizar el poder para lograr el apoyo de algunos de los legisladores panistas, o bien esperar, apostarle a la reelección de Madero y retomar en junio la coalición legislativa, que tan buenos resultados les dio para la reforma energética. Para complicar aún más esta ruta crítica, hay que señalar que habrá elecciones para las gubernaturas de nueve entidades, entre las que se encuentran Michoacán y Guerrero, que sufren una alta inseguridad. También están Baja California, Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro, que han tenido una doble alternancia en el Poder Ejecutivo estatal y normalmente viven contiendas muy reñidas, con diferencias que oscilan en torno a los cinco puntos porcentuales. La lista la completan Colima, Campeche y Sonora; las dos primeras entidades siempre han sido gobernadas por el PRI, pero han tenido contiendas muy cerradas en las últimas elecciones, y en la entidad norteña finalmente ganó el PAN hace seis años. Así, por una u otra razón, todos los procesos en los que se elegirá gobernador presentan condiciones difíciles para las autoridades electorales, que en el mejor de los casos serán designadas en la víspera del arranque del proceso y con los tiempos encima. Pero aunque seguramente los panistas tienen igual o más interés que el gobierno en aprobar las leyes vinculadas a los temas económicos, objetan las normas que pretenden reconcentrar el poder en el Ejecutivo federal. Y aun cuando ellos no se opusieran, incluir esa posibilidad le dio un excelente argumento al PRD, que de inmediato señaló el problema –particularmente en la legislación de telecomunicaciones–, encontró adeptos en la dirigencia panista y en un buen número de legisladores y, por lo pronto, frenó la iniciativa presidencial.

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