Otra oportunidad desperdiciada

martes, 10 de junio de 2014
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La nueva legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión soslaya la importancia de la comunicación en la igualdad política y, por ende, en la construcción de la democracia; detrás de las propuestas de nuevas leyes priva una lógica economicista y, dentro de ésta, el impulso neoliberal que permea todas las llamadas reformas estructurales, pero se ignora que esta materia debe ser parte de la reforma del Estado incorporando la lógica política. Las discusiones que desató la iniciativa presidencial se centran en aspectos muy específicos, como la invasión de la privacidad de los usuarios de diversos dispositivos inteligentes, la intromisión de las autoridades en internet, la protección de los privilegios de la televisora preponderante o la restricción de los poderes del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero ignoran un aspecto central (quizá el principal) que la nueva legislación debiera garantizar: la recreación de la diversidad existente en la sociedad mexicana y, en consecuencia, la garantía de que también las minorías tendrán acceso a las pantallas televisivas y participarán en igualdad de condiciones en el debate público. Tanto la reforma constitucional como la legal están dirigidas a asegurar la pluralidad (entendida ésta como un aspecto de número) de medios comerciales, pero relegan a un lugar muy secundario la expresión de la diversidad. En la reforma constitucional, la responsabilidad de recrear la diversidad se delega directamente al organismo público descentralizado, tanto en el artículo 6 de la Constitución como en el décimo transitorio. En la legislación secundaria, prácticamente queda cancelada esta posibilidad, pues se pretende acometerla fundamentalmente a través del Canal 11 y el Canal 22, limitando severamente su capacidad de obtener recursos ajenos al erario. Las vías para garantizar la recreación de la diversidad en condiciones de igualdad son los medios públicos, los medios comunitarios (denominados “sociales” en la legislación mexicana) y la producción nacional independiente. Y cada una de estas vías requiere de políticas específicas de promoción e impulso. La primera necesidad (que ni siquiera se considera en el caso mexicano) es separar un porcentaje determinado de las concesiones para los medios públicos y sociales. El caso argentino es el más emblemático al respecto, al dividirlas en terceras partes, entre medios comerciales, públicos y comunitarios; pero lo que es necesario replicar y prever es el esquema, no los porcentajes. En el caso de los denominados medios públicos, conviven al menos tres modelos: el llamado profesional, el gubernamental y el parlamentario. El más representativo del profesional es la BBC inglesa, en el que la televisora pública goza de un financiamiento público garantizado y la conduce un órgano de gobierno conformado por profesionales de la comunicación, que son los responsables de designar al director y definir las principales directrices y políticas. El gubernamental no hay que explicarlo mucho, pues las radios y televisoras mexicanas (cuando no están únicamente destinadas a la difusión de música clásica o aspectos fundamentalmente vinculados a la cultura) son el mejor ejemplo de medios estrictamente al servicio del partido gobernante en turno. Y el parlamentario fue el que prevaleció durante muchos años en Italia, donde los principales partidos tenían a su disposición su cadena de televisión nacional, guiados desde luego por sus principios ideológicos. La propuesta de Ley del Sistema Público de Radiodifusión de México claramente opta por el gubernamental, al introducir entre los requisitos para ser parte del Consejo Ciudadano “contar con una experiencia comprobada de por lo menos cinco años en materia de medios públicos”, con lo cual aseguran que todos los que estén en dicho órgano (que únicamente tiene facultades consultivas) hayan pasado por alguno de los medios gubernamentales (eufemísticamente llamados públicos); y, especialmente, al poner el control del organismo en manos de una junta de gobierno integrada por un representante de las secretarías de Gobernación, Educación y Salud (tiene ya tres de siete); por tres representantes del Consejo Ciudadano (ya también limitados) y el mismo presidente del sistema, que será propuesto por el Ejecutivo y designado por el voto de las dos terceras partes de los senadores. En el caso de los medios sociales, el elemento central para su viabilidad es asegurarles el acceso a financiamiento público, que ha resultado mucho más efectivo que permitirles comercializar espacio. Países como Australia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Canadá y Sudáfrica, entre otros, han sido muy exitosos en el impulso y promoción de estos medios, a partir de una bolsa importante de dinero público, repartido con criterios muy claros, transparentes y objetivos. Finalmente, en el caso de la llamada producción nacional independiente, el elemento central es obligar a los medios (comerciales y públicos) a incorporar en su tiempo aire un porcentaje de producción nacional independiente, lo que les permite asegurar un mercado para sus productos. En México, aunque son pocos los productores nacionales independientes, se puede mencionar a Argos (Epigmenio Ibarra), Clío (Enrique Krauze) y Detrás de la Noticia (Ricardo Rocha), entre los más presentes en los medios comerciales. En suma, lo único que la reforma pretende garantizar (tampoco es seguro que lo consiga) es que haya un mayor número de empresas mercantiles con medios comerciales (suponen que esto garantizará en automático –lo que tampoco es seguro– una televisión de mejor calidad) y un sistema de medios gubernamentales; pero ni siquiera tiene entre sus objetivos recrear la diversidad de la sociedad, y mucho menos buscar la igualdad política, tan anhelada e indispensable en la democracia. Otra oportunidad desperdiciada.

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