SCT: desprecio de la ley

jueves, 1 de enero de 2015
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Las respuestas del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, evidencian su absoluto desprecio por la legalidad vigente y el grado de arbitrariedad y discrecionalidad con que opera la dependencia, la cual ejercerá en 2015 un presupuesto de 65 mil millones de pesos para obra pública. Al responder los cuestionamientos de los diputados durante su comparecencia frente a la Comisión Especial para revisar el proceso de licitación del tren México-Querétaro, el titular de la SCT no tuvo ningún empacho en prohibir la participación de las empresas del cuestionado Grupo Higa en los procesos de licitación de obra pública, porque no le “…queda duda de que está imposibilitada desde el punto de vista de opinión pública, de debate político y, simple y sencillamente, de debate público; no queda duda de que la empresa no volverá a participar en este tipo de licitaciones”. El funcionario enfatizó que ninguna de las tres empresas mexicanas participarán en la nueva licitación: Constructora Teya, parte del Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo del presidente Enrique Peña Nieto y propietario de la Casa Blanca en Las Lomas, que le vendió en un contrato muy favorable a la esposa de éste, Angélica Rivera, y dueña originaria de la casa en un campo de Golf en Malinalco que le vendió a Luis Videgaray; Edificadora GIA+A, de Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari y del director del IMSS José Antonio González; y Prodemex, del empresario Olegario Vázquez Raña. Ruiz Esparza no explicó por qué la firma China Railway Construction Corporation, que encabezaba al único consorcio que presentó las ofertas técnicas y económicas para la construcción y operación del citado tren, es totalmente ajena al debate público y, por lo tanto, no tiene ningún problema para intervenir en la nueva licitación. Al explicar por qué se decidió no firmar el contrato con el ganador, el funcionario expuso que “…días antes del fallo se generó un ambiente poco favorable, se cuestionó que sólo hubiera un participante, que había un sobreprecio, y también se hicieron señalamientos de que en el consorcio estaba gente vinculada a servidores públicos. Las dudas crecieron y tomaron tintes políticos, se cuestionó la legalidad de las empresas y se mostraron suspicacias, y se insinuó que hubo información privilegiada hacia la empresa ganadora y que por eso declinaron las demás participantes. También se hizo mención de la vinculación con un expresidente de México por su parentesco con un miembro del consorcio”. Pero nunca argumentó por qué los impactos de la opinión pública adversa y el “ambiente poco favorable” únicamente afectaron a las empresas mexicanas y no a la china. Y mucho menos refirió por qué los daños sólo alcanzaban a las empresas privadas y sus accionistas sin causar ningún efecto negativo en los funcionarios públicos y sus familias. Por lo que se refiere a las empresas particulares, bastan los efectos de una opinión pública adversa para excluirlas, sin ninguna justificación legal, de futuras licitaciones; y en cuanto a los servidores públicos, el señalamiento de expertos en la materia de que violaron diversas disposiciones legales no les afecta en lo más mínimo y siguen aferrados a sus puestos y al jugoso presupuesto que reparten a través de licitaciones altamente cuestionadas. La opinión pública adversa se generó porque ni él ni el presidente Enrique Peña Nieto escucharon los reiterados cuestionamientos que se hicieron a una mal diseñada licitación. La preconvocatoria se dio a conocer el domingo 27 de julio; las bases se publicaron el 15 de agosto, y en las mismas se estableció un plazo hasta el 15 de octubre (62 días naturales) para presentar las propuestas técnicas y económicas. El 1 de septiembre, durante la primera junta de aclaraciones, la francesa Alstom pidió una ampliación del plazo para presentar las propuestas; la alemana Siemens destacó el riesgo de que en caso de que no fuera atendida dicha demanda se eliminara la competencia; en total fueron 13 firmas las que solicitaron la ampliación, que iba hasta los ocho meses, es decir, cuatro veces más que el plazo establecido. El otro aspecto que cuestionaron Siemens y Nacele (mexicana) fue la exigencia de formar consorcios bajo la modalidad de responsabilidad solidaria, lo cual implicaba que compartieran los riesgos y responsabilidades de todo el proyecto. La SCT fue inflexible. El resultado, que recibieron 16 cartas de disculpa y el 15 de octubre se presentó únicamente un consorcio, que precisamente incluía a las empresas mexicanas ya mencionadas. Ante los hechos, el 21 de octubre, el Grupo Parlamentario del PAN en el Senado presentó un punto de acuerdo para exhortar a la SCT a suspender el proceso de licitación. Pero Ruiz Esparza no escuchaba razones, y en una entrevista con Carmen Aristegui, en la primera emisión del Noticiero de MVS el 27 de octubre, fue contundente: “…tenemos prisa (…) no vamos a dar ampliación de plazos (…) Yo no me voy a detener; si tengo una oferta o dos ofertas, las voy a tomar si son buenas”. Y así procedió. El 3 de noviembre dieron a conocer el resultado de la licitación y éste fue favorable al único consorcio que se presentó. Pero tres días después la SCT tuvo que emitir un comunicado en el que indicaba: “Con la finalidad de dar un tiempo más amplio y propiciar la posible participación de un mayor número de fabricantes de trenes, así como de fortalecer la absoluta claridad, legitimidad y transparencia, el Ejecutivo federal determinó que se convoque a un nuevo proceso de licitación”. Los hechos y la secuencia no dejan lugar a dudas: Desde la SCT (por incapacidad, negligencia, corrupción o complicidad; motu proprio o por instrucciones del presidente) se equivocaron en la convocatoria, propiciaron la conformación de una opinión pública desfavorable y, por ende, sobrevino el fracaso de la licitación; pero, aunque seguramente no participaron inocente e ingenuamente, los únicos que pagarán las consecuencias (sin importar que esto sea contrario a la legislación vigente, según señaló el mismo secretario) serán las empresas mexicanas. La comparecencia de Ruiz Esparza, ante una Comisión Especial de la Cámara de Diputados, retrata fielmente la realidad mexicana: decisiones arbitrarias y discrecionales y total desprecio del estado de derecho; desde luego, con la participación y complacencia de los primeros obligados a cumplirlo: las autoridades.