MÉXICO, D.F. (apro).- Todos los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral (NE), así como el gobierno federal deberían prender los focos rojos de alerta para las elecciones del próximo año, luego del atentado al exgobernador de Colima que, sin duda, es un claro mensaje de la violencia que se puede desatar en algunas entidades donde habrá comicios y que están marcadas como territorio del crimen organizado. Colima es una tierra de cárteles como lo es también Tamaulipas, Hidalgo, Zacatecas, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Veracruz, donde los grupos del crimen organizado controlan territorios y, en algunos de ellos, se han convertido en los gobernantes de facto. En el caso de Colima no hace mucho tiempo, el comandante de la XX zona militar, Francisco Ortiz Valadez, reveló que tres cárteles son los que están disputándose el control de este estado estratégico para el trasiego de las drogas: el de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación y el remanente de los Caballeros Templarios. En Tamaulipas se lo disputan Los Zetas y el Cartel del Golfo; en Durango Los Zetas y el de Sinaloa, en Veracruz el Cartel de Jalisco Nueva Generación y Zetas. En tanto, en Chihuahua están el cartel de Juárez, Sinaloa, Jalisco y las pandillas locales de ciudad Juárez.  Hidalgo y Zacatecas han sido territorio Zeta desde hace tiempo. Otras entidades consideradas como “dormitorios” o zonas de exclusión para los familiares de los capos de estos grupos también tendrán elecciones, como es Aguascalientes, Puebla y Tlaxcala. Pareciera que al margen de la elección política o paralelamente a ésta se estará desarrollando para el próximo año una pugna más sangrienta entre los distintos grupos del crimen organizado que controlan territorio y autoridades. Se trata, entonces, de un tema de seguridad nacional puesto que estamos hablando de la posibilidad de la presencia de grupos armados capaces de atentar contra candidatos, de infiltrarse en la lista de aspirantes o de desestabilizar los procesos electorales. El ataque de un grupo de sicarios en contra del exgobernador de Colima, Fernando Moreno Peña,  de por si es grave, pero lo es más en el contexto de que no es un hecho aislado sino que forma parte de una historia de atentados y ejecuciones a políticos que aspiran a puestos de elección popular. El 28 de junio del 2010, un grupo armado emboscó y asesinó al candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, en el kilómetro 6.5 de la carretera Victoria-Soto La Marina. En noviembre del 2010 fue asesinado a balazos el gobernador sustituto de Colima, Silverio Cavazos Ceballos. Para el 2015 se han registrado más de 70 incidentes violentos, entre ejecuciones, levantones, amenazas y agresiones directas contra políticos o candidatos. El saldo se tiñó de rojo con 19 políticos ejecutados en nueve entidades. Este fenómeno de violencia política electoral ligada al crimen organizado viene creciendo más y el atentado al exmandatario colimense es un aviso de gravedad que tendrían que atender todos los que intervienen en el proceso, sobre todo el gobierno federal. Twitter: @GilOlmos