MÉXICO, DF (apro).- Desde hace unos meses, cuando se habla de desaparecidos, el número que de inmediato sale a relucir es el 43, debido a los normalistas de Ayotzinapa, y pasamos por alto que hay 26 mil 670 personas que desde diciembre de 2006 a octubre anterior no son localizadas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). A pesar de que la tragedia nacional es muy grande y profunda, ninguno de los que quieren gobernar el país a partir del 2018 menciona a estas víctimas en sus discursos de promoción personal y mucho menos los consideran dentro de su agenda política electoral. Pareciera que ya es normal ver por todo el país a miles de familias buscando a sus seres queridos en las morgues y fosas clandestinas, y aun en las que han creado algunos gobiernos, como el de Morelos, sin que tengan un resultado esperanzador o una respuesta a sus reclamos en las distintas instancias gubernamentales. El 30 de noviembre de 2012, el último día de la administración del panista Felipe Calderón, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que había entregado “de manera simbólica” el Memorial a las organizaciones ciudadanas que convocaron a su edificación dos años antes. Con esa acción el entonces jefe del Ejecutivo quiso salir al paso de la enorme huella de violencia que dejaba su gobierno. Ahora, el priista Enrique Peña Nieto presentó ante el Congreso la propuesta de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas, en un intento por responder a los reclamos de los familiares de los 43 desaparecidos en Iguala, Guerrero, pero no hay acciones para detener este fenómeno de las desapariciones forzadas que continúa creciendo en casi todo el país. Las condiciones de corrupción en todos los niveles de gobierno, la colusión de autoridades, jueces, ministerios públicos, policías y militares con el crimen organizado, la falta de ética de todos los representantes políticos, así como la crisis del modelo económico, son terreno fértil para que sigan surgiendo más grupos delincuenciales y permanezca este grave fenómeno de las desapariciones forzadas. No hay registro en la historia del último siglo del país de un número tan grande de desaparecidos de manera forzada. Ni siquiera en la llamada “guerra sucia” de los años setenta y ochenta del siglo pasado hubo tantos casos de personas desaparecidas como ahora. Es por esto que los últimos dos gobiernos han intentado implementar estrategias legales y políticas para encajonar en expedientes muertos a los miles de desaparecidos que son muestra clara de los tiempos violentos que vivimos. El olvido y la normalización de la violencia son las peores situaciones en las que pueden caer los desparecidos y sus familiares. Y eso es lo que al perecer quieren los distintos gobiernos que, como en el caso de Morelos, con el gobernador Graco Ramírez, se intentó inhumar a escondidas en una fosa común más de 150 cuerpos sin identificar para “sepultar” de esa manera la exigencia de todos aquellos que quieren de regreso a sus seres queridos. Twitter: @GilOlmos