MÉXICO, D.F. (Proceso).- El miércoles 22 de julio se realizó el XVIII Encuentro Anual Nacional de la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Con el lema “Trabajo sexual no es trata de personas”, compañeras de diversas entidades –Chihuahua, Jalisco, Chiapas, Veracruz, Estado de México, Morelos– llegaron a dar sus informes y a denunciar su situación que, como era de esperarse, está plagada de extorsiones y abusos de distintos servidores públicos, así como de agresiones y crímenes tanto por parte de clientes como de la delincuencia organizada. Se trataron varios puntos a lo largo del evento. Uno fue la presentación del espléndido material pedagógico que produce Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, asociación civil que cumple 20 años de haber sido constituida. La vertiente de prevención sobre la que trabaja Brigada Callejera la ha llevado a realizar unas historietas donde, a partir de relatos de las propias trabajadoras, se reproducen situaciones conflictivas que viven y se da información sobre sus opciones y derechos. Otro punto fue la presentación del taller de periodismo comunitario de Tapachula, Chiapas, que responde a la estrategia de Brigada Callejera de formar, con la colaboración comprometida de una periodista profesional, Gloria Muñoz, a las propias trabajadoras para que ellas escriban sus experiencias y hagan sus boletines de prensa. La compañera Raquel, de Tapachula, me mostró orgullosa un engargolado con el conmovedor relato que escribió sobre su vida. Entre las denuncias más repetidas destaca el referido al control sanitario recaudatorio, o sea, al chequeo médico obligatorio. Según un estudio de 2014 de la Cátedra Extraordinaria sobre Trata de Personas de la UNAM, que dirige Mario Luis Fuentes, la regulación del comercio sexual en 24 entidades federativas considera medidas de tipo sanitario, y de éstas, 21 se centran en el control y la vigilancia sanitaria. En seis estados todavía existen las tarjetas de control sanitario –Aguascalientes, Chiapas, Hidalgo, Morelos, Querétaro y Sonora–, no obstante que la OMS, la Onusida, el Censida en México, el Instituto Nacional de Salud Pública y otras instituciones han señalado reiteradamente que no representan ningún beneficio a la salud pública y en cambio estigmatizan a quienes son sometidos a dicho trámite y favorecen la corrupción de las autoridades. Lo único que funciona es la prevención con el uso de condón. Sin embargo, las trabajadoras sexuales son entonces extorsionadas con el pretexto de que no estaban actualizados sus estudios correspondientes. Se efectúan redadas de trabajadoras/es sexuales para checar que tengan documentos que acrediten su control sanitario, y algunas denunciaron a inspectores municipales que las dejan laborar por 100 pesos al día y que por 350 les acreditan exámenes inexistentes. A cada rato las trabajadoras sexuales son remitidas al juez cívico por carecer de control sanitario. Además, cuando se realizan los chequeos médicos, sufren maltratos diversos, con comentarios injuriosos e incluso con descuidos serios, al grado de haber sido sometidas a pruebas de detección del VIH/sida en las cuales el personal utilizó la misma lanceta, sin saber si alguna estaba infectada, poniéndolas en riesgo. Además de tales barbaridades, la Policía Judicial está tomando la presencia de condones en los bares y cabarets como “indicio de trata”, cuando deberían considerarla “indicio de prevención”. Desde 2013 el Censida envió una circular a todos los procuradores de Justicia explicando que los condones son la mejor forma de prevenir el VIH-sida, y que no hay que utilizarlos como evidencia de delitos como la trata. Pese a ello, la presencia de condones sigue siendo empleada como un supuesto indicador de trata. Otra denuncia muy sentida fue la del despojo de fuentes de trabajo por el cierre de bares y “giros negros”. En casi toda la República hay una política generalizada de cierre de “giros negros” con la intención de erradicar la prostitución, sin atender las causas económicas que la generan. Este fenómeno ha provocado el desplazamiento forzado de miles de trabajadoras sexuales, teiboleras, meseras y cocineras de sus lugares tradicionales a sitios peores, más riesgosos, algunos controlados por la delincuencia organizada, y donde las condiciones laborales facilitan la violencia y la superexplotación económica. Además, en Tapachula, Chiapas, los operativos contra la trata se usan para deportar a centroamericanas que, huyendo de sus países, trabajan como meseras, teiboleras y trabajadoras sexuales. Es indignante que el puritanismo oportunista del gobernador de Chiapas esté provocando un grave problema de violación de derechos humanos. Fueron muchas más las graves cuestiones que se plantearon en el encuentro, algunas alentadas por la absurda postura del abolicionismo que pretende “erradicar” el comercio sexual con el argumento de que “favorece la trata”. De ahí la insistencia en que “Trabajo sexual no es trata de personas”, y en seguir luchando para que en la Ley General de Trata se deslinde el comercio sexual y se reconozcan distintas formas de organización de ese trabajo. Mis respetos a la labor de las compañeras de la Red Mexicana de Trabajo Sexual.