MÉXICO, D.F. (Proceso).- El caos del país, ese caos que no existe en el innoble imaginario de Enrique Peña Nieto, tiene mil formas: fosas comunes, asesinatos, desapariciones forzadas, extorsiones, secuestros, desplazamientos e impunidad. Habría que agregar a ellas la fabricación de delitos a quienes, frente al caos, tomaron el camino de defender a los suyos. Uno de esos rostros, que junto a los del José Manuel Mireles y Mario Luna representa el de cientos, es el de Nestora Salgado. En ella se expresa la sentencia del Estado: “Si se defienden les destruimos la vida. Ustedes no nos importan”. La visité hace unos días en la torre médica del Centro Femenil de Readaptación Social, en donde convalece a causa de la huelga de hambre que hizo para luchar por su inocencia. Gordita, chaparrita, dulce y a la vez firme, responde a mi alegría de verla bien con: “No podría ser de otra forma, Javier. La seguridad de que yo no hice lo que me atribuyen me da paz y fuerza”. A pesar del daño del hígado, consecuencia de su ayuno, y de su dolor crónico de espalda, secuela de un accidente carretero que dañó sus cervicales –y para el cual no se le proporciona medicamento porque no hay Pregabalina en el hospital–, no se queja. Por el contrario, inició el 23 de agosto el Ayuno de Daniel –un ayuno de verduras– para acompañar el año de sufrimiento de los padres de Ayotzinapa. Una forma de continuar en su encierro lo que no dejó de hacer como comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá: defender a la población contra el crimen organizado y la corrupción e inoperancia del Estado. En ese encargo –amparado por el artículo 701 de la Ley Estatal de Guerrero y el 2.A de la Constitución federal, que garantizan el derecho de los pueblos indígenas al autogobierno y la autodefensa– disminuyó 90% las tasas de criminalidad de Olinalá. Sin embargo, en 2013, la recuperación de cuatro adolescentes declaradas desaparecidas por sus madres y su detención, por petición de esas mismas madres, en la Casa de Justicia de la Policía Comunitaria derivó en el arresto sin orden de aprehensión de Nestora y en su confinamiento, igual de arbitrario, en el penal de alta seguridad de Tepic. Las muchachas que la acusan, víctimas de una red de trata y de tráfico de drogas vinculada con las autoridades del municipio, me dice Nestora, “traían en sus celulares videos de violaciones y de ejecuciones que entregamos al Ejército. Sus madres nos pidieron que las retuviéramos en la Casa de Justicia y Reeducación porque ya no sabían qué hacer con ellas. No secuestramos ni maltratamos a nadie, como ellas dicen. Usted conoce bien la Casa de Justicia y la manera en que se vive allí y se encauza la vida. A mí me gustaría ahora estar allí y no en este lugar. Aquí, a pesar de las buenas condiciones del hospital, es el encierro. Allá, usted lo sabe, es un confinamiento en libertad. Se paga trabajando por la comunidad y se busca la recuperación de las personas retenidas”. La criminalización de Nestora, lejos de constituir un acto de justicia, es un acto más del oprobio del Estado mexicano: la protección de negocios criminales. Primero, el de la trata y el tráfico de drogas, del que las muchachas que la acusan son víctimas y usufructo. Segundo, mediante el amedrentamiento y la criminalización de las policías comunitarias, el de la instalación cómoda de las compañías mineras en las montañas de Guerrero cuyos contratos están ya firmados. “Parece, Javier –me dice con tristeza–, que conscientizar y defender con dignidad la vida es un crimen para el Estado, un crimen que se paga con el encarcelamiento y la destrucción de la vida. ¿Sabe qué me duele más de todo esto? No ver a mis hijas ni a mi nieto y saber del sufrimiento de tantos seres indefensos”. La criminalización de Nestora –al igual que la de Mireles y sus autodefensas, al igual que la de Luna y los yaquis– no sólo es el otro rostro de los crímenes de ­Ayotzinapa, de los 57 mil 410 asesinados en lo que va de la administración de Peña Nieto, de los 80 mil del sexenio de Calderón –la deuda no es de gobierno, sino de Estado–, de los más de 30 mil ­desaparecidos que continúan su monstruosa acumulación, y de las centenas de muchachas corrompidas por el crimen, como las que acusan a Nestora. Es también la mentira con la que en su discurso de tres años de gobierno Peña Nieto ha querido maquillar una vez más la tragedia humanitaria y la emergencia nacional que administra y hace cada día más hondas. La presencia de Nestora es, sin embargo, una palabra que en el cerco de su encierro aplasta con su dignidad la amplificación del vacío y criminal discurso del Estado. Cuando me despedí de ella nos abrazamos. La palabra que salió entonces de su boca y resumía nuestra conversación no tenía sonido. Su sonido no era el de la mudez que la criminalidad del Estado quiere imponerle, sino el del silencio absoluto. Ese alarido de la palabra dentro del silencio me recordó el que proferí en Manila cuando supe del asesinato de mi hijo, el mismo que articula cada víctima. Me recordó el de Casandra cuando “adivinó el vaho de sangre en la casa de Atreo”. La misma lamentación pura y salvaje que acusa al Estado por su inhumanidad y la devastación de lo humano, y clama por la justicia, la paz y la libertad humilladas. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés; detener la guerra; liberar a José Manuel Mireles, a sus autodefensas, a Nestora Salgado, a Mario Luna y a todos los presos políticos; hacer justicia a las víctimas de la violencia; juzgar a gobernadores y funcionarios criminales; boicotear las elecciones y devolverle su programa a Carmen Aristegui.