MÉXICO, D.F. (apro).- El caso de Ayotzinapa es más que un dolor de muelas para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Algunos lo comparan con la matanza de 1968 que marcó al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz por ordenar la represión de los estudiantes en Tlatelolco. La comparación, sin embargo, no es válida pues a diferencia de esta última, en la que participó el Ejército y la policía, en el caso de los estudiantes de la Normal Superior de Guerrero, la desaparición forzada fue una acción concertada entre distintos actores de gobierno y el crimen organizado, dejando a la luz pública lo que no se quiere reconocer en los niveles más altos del gobierno mexicano: el surgimiento del Narco Estado. A punto de cumplirse un año de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, lo que más les cuesta creer a los distintos actores políticos y representantes del gobierno federal es que el Narco Estado o el cogobierno del crimen organizado en México ya es una realidad. Los casos de Guerrero y Michoacán son los ejemplos más claros de la fusión del poder político con el de las bandas del crimen organizado y de cómo este último ha avanzado hasta llegar a controlar zonas del territorio nacional donde no hay otra ley que la voluntad del jefe de la plaza que puede ser el gobernador o el jefe de la policía. En estas dos entidades hay revelaciones de los grupos criminales que afirman haber entregado a los gobernadores en turno grandes cantidades de dinero para que ganaran las elecciones hace cuatro años. Sidronio Casarrubias, líder del grupo delictivo Guerreros Unidos, reveló hace tiempo que la campaña electoral de Ángel Aguirre Rivero fue financiada por la familia Pineda Villa, de la cual era parte María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala y operadora de ese mismo grupo criminal. Por su parte, Servando Gómez La Tuta aseguró que Los Caballeros Templarios hicieron una campaña de inhibición con gente armada en contra de los otros candidatos del PAN y del PRD, así como haber entregado 300 millones pesos a Jesús Reyna para que ganara el priista Fausto Vallejo. Tanto en Michoacán como en Guerrero se perfiló con claridad la existencia del Narco Estado con sus respectivas características similares: El control de territorio por parte de los grupos criminales; la imposición de jefes policiacos a la voluntad del crimen organizado; la corrupción de las autoridades civiles y militares; el cogobierno; la economía local en manos de industria criminal; el cobro de impuestos como el derecho de piso y la instauración del terror como principal instrumento de control y dominio social. A un año de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en la ciudad de Iguala, el presidente Enrique Peña Nieto no tiene una investigación profunda, seria y creíble. Lo único claro es que detrás de todo está la manifestación poderosa del Narco Estado como la forma de gobierno en Guerrero. Twitter: @GilOlmos