CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace más de un año, organizaciones de la sociedad civil, academia y el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) lanzamos la idea del Proyecto Memoria y Verdad, que busca, ambiciosamente, ser el primer archivo digital de violaciones graves a derechos humanos ocurridas en México . Desde entonces un grupo permanente de trabajo conformado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el INAI y ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, nos dimos a la tarea de expurgar las miles de solicitudes de información realizadas desde 2003 a la fecha para encontrar aquellas relacionadas con los casos de la Guerra Sucia, Tlatelolco, el Halconazo, Acteal, Aguas Blancas, Campo Algodonero, Atenco, la masacre de los 72 en San Fernando, el incendio de la Guardería ABC, Ayotzinapa 2011, las fosas de San Fernando de 2011, Cadereyta, Tlatlaya, la desaparición de normalistas de Ayotzinapa y la masacre en Apatzingán. Asimismo, ejes temáticos se sumaron a este proyecto: desaparición forzada, tortura y ejecuciones. El sueño de este proyecto yacía en la necesidad de conocer lo que pasó. Un conocimiento público de la verdad que los libros de texto hoy por hoy no nos pueden dar. Buscamos dar respuesta a preguntas sencillas y aglutinar información que es difícil de leer, pero que se puede traducir. Los documentos hablan a través de las personas que los leen. Pensamos, ingenuamente, que las autoridades estarían dispuestas a legitimarse, a subirse al barco del derecho a saber para iniciar un proceso de perdón y reconciliación. El momento era perfecto, el país estaba en llamas y el INAI había tomado una postura abierta sobre la desclasificación de archivos sobre violaciones a derechos humanos. De esta manera, la intención inicial fue agotar la fuente pública. Estamos acostumbrados a desconfiar y no sabíamos hasta dónde llegaría la voluntad. En una segunda etapa se recabará información de los archivos de organizaciones de derechos humanos, academia, víctimas o aquellas personas que quisieran donar información al proyecto.La plataforma está viva, quiere ser abierta y en esta etapa solo se muestra el primer párrafo de un libro que aún está cerrado. Más de mil solicitudes de información relacionadas con los casos fueron recopiladas, analizadas y estructuradas en la plataforma. Se estructuraron cerca de dos mil sobre los ejes temáticos y se analizaron más de 300 recursos de revisión. Los cumplimientos quedaron pendientes para una segunda etapa, pues –aunque parezca increíble– el INAI no tiene registro de ellos . En paralelo, se complementó esta fuente con material multimedia (266 fotos, infografías y algunos videos) y una serie de documentos relacionados con los casos disponibles en fuentes públicas (internet, archivos públicos) y privadas (donados por las organizaciones parte del proyecto). El análisis de todo lo anterior nos permitió reconocer nuestra hipótesis, la verdad no existe si no se construye socialmente. La verdad oficial está clasificada y cada vez existen más actores que buscan borrar las caras y los nombres de aquellos que murieron, desaparecieron o sufrieron tratos crueles inhumanos y degradantes y de aquellos que cometieron estas atrocidades. A pesar de una Ley General de Transparencia de avanzada que abre la puerta a la desclasificación de información relacionada con violaciones graves a derechos humanos, los intérpretes de la Ley, esos por los que todas y todos peleamos a patria o muerte en los últimos años, hoy optan por el olvido. El INAI, parte integral e inversionista del proyecto, se ha ido olvidando del objetivo y se convirtió en parte de un sistema que reduce y limita los alcances de la información. La plataforma que será presentada este martes 11 de octubre a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, no es una solución definitiva al problema de memoria y de verdad que aqueja a México, por supuesto que no, ni tampoco traerá información inédita que cimbre el sistema judicial y político. Aun así, la plataforma sí es un valioso aporte que pretende desencadenar una discusión y un proceso colectivo de construcciones de verdades y memorias, un espacio donde todo aquel o aquella que pueda y deba aportar información sobre los casos o nuevos casos no contemplados pueda hacerlo. Quienes participamos desde la sociedad civil, la academia y algunos funcionarios públicos comprometidos estamos profundamente convencidos que la memoria y la verdad son un deber y un derecho del cuerpo social: nadie está exento de estos. Las y los comisionados del INAI están a muy pocos días de elegir una postura en este proceso: serán partícipes de un primer esfuerzo que detone francas discusiones en la sociedad o serán operadores políticos silenciosos que sólo aletargan algo que inevitablemente llegará: memoria y verdad para nuestra sociedad. *Ana Cristina Ruelas es directora de Article 19, organización integrante de la Red por la Rendición de Cuentas.