Al desnudo, la colusión empresarios-gobierno

lunes, 11 de abril de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los principales empresarios mexicanos que aparecen en las listas de los Panama Papers se han enriquecido como concesionarios de servicios públicos o contratistas del gobierno mexicano, lo cual revela la evidente colusión entre las dos élites, la económica y la política, y explica por qué la tímida respuesta de las autoridades hacendarias mexicanas ante las revelaciones que hizo Proceso el domingo anterior. Entre los contratistas destacan Juan Armando Hinojosa Cantú, el constructor de la Casa Blanca para la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, y de la residencia en Malinalco del secretario de Hacienda, Luis Videgaray; Ramiro Garza Cantú, contratista de Pemex; Amado Yáñez, Martín Díaz, los hermanos Óscar y Francisco Javier Rodríguez Borgio, todos socios de Oceanografía, otra de las empresas favorecidas por los contratos de la otrora poderosa paraestatal. Entre los vinculados a concesiones, aunque algunos de ellos también se han visto favorecidos por algunos importantes contratos de las entidades públicas, destaca desde luego Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, quien más allá del escándalo alrededor del “préstamo” que en su momento le hizo Raúl Salinas de Gortari, entonces hermano del presidente de la República, para comprar la televisora, se ha visto favorecido por múltiples contratos publicitarios de entidades públicas. Igualmente aparece en esa lista Luis D’Oporto Alexandre, esposo de Aurora Alcántara Rojas, hermana de Roberto Alcántara, dueño del Grupo Toluca, que maneja empresas de transporte terrestre y VivaAerobus y que también se ha visto favorecido por diversos contratos oficiales, entre los que destaca uno por 4 mil millones de pesos que le otorgó el actual gobierno federal para el cobro del peaje en la red carretera federal. También Guillermo Cañedo White, quien fuera accionista de Televisa; y José Antonio Pérez Simón, exsocio y alto funcionario del Grupo Carso y, posteriormente, creó sus propias empresas de telecomunicaciones. La relación no es casual; al contrario, es muy lógica. Estos empresarios han recibido un trato privilegiado por parte del gobierno mexicano y eso les ha permitido amasar enormes fortunas. Una relación muy similar a la que se evidencia cuando se revisa la lista de los principales millonarios de México, donde los cuatro que la encabezan (Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas Pliego) están precisamente vinculados a ramas concesionadas y con tratamientos fiscales privilegiados, como es el caso de Larrea y Bailleres, en la minería. Dependiendo de la rama en la que operan, el trato privilegiado incluye (o al menos incluyó) mercados protegidos, sobreprecios, regímenes impositivos especiales y muchos otros beneficios a los que únicamente se puede acceder con la complacencia (o quizá complicidad) de los funcionarios públicos. Y, al menos, los que tienen su dinero en el extranjero también podrán beneficiarse de salvar los delitos fiscales, los recargos y las multas si traen sus recursos de regreso al país durante el primer semestre de este año y pagan el correspondiente impuesto sobre la renta. Este generoso programa de repatriación de capitales permite a los señalados en los Panama Papers salvar todas las investigaciones y simplemente no beneficiarse de la evasión fiscal. Y aunque este trato privilegiado no necesariamente constituye un delito o una acción ilegal, en muchos de los casos sí; en otros, aunque no esté penado por la ley, sí significa una ventaja desproporcionada y forma parte de la red de compadrazgos y complicidades tan arraigados en el sistema político mexicano. Igualmente quien crea una empresa en un paraíso fiscal no necesariamente incurre en un ilícito o comete un delito, pero sí hay una alta probabilidad de que intente evadir impuestos o lavar dinero, que son las dos principales razones ilícitas por las cuales lo hacen. Sin embargo, cuando ambas coinciden (como es el caso de los diez empresarios ya señalados en los párrafos precedentes), las probabilidades de que en alguno (o en ambos) de los momentos hayan incurrido en algún delito o ilícito aumentan grandemente. Así que el presidente Enrique Peña Nieto sabía muy bien lo que decía el pasado 17 de marzo en su mensaje a los empresarios mexicanos durante la ceremonia de cambio de dirigente de la Coparmex: “Y hay que decirlo, la corrupción no es un elemento privativo del ámbito público, lo es también del ámbito privado y a veces van de la mano”. Pero también por ello, aflora el absurdo de que sea la misma autoridad que ha brindado las facilidades para el enriquecimiento acelerado y la repatriación franca de capitales, la que tenga a su cargo la investigación para determinar si se cometieron o no delitos o ilícitos. El caso que más plásticamente revela este absurdo es el de Juan Armando Hinojosa Cantú, que será investigado por un subordinado de quienes le han otorgado los contratos que le han permitido enriquecerse rápidamente y quienes, además, se vieron favorecidos con un trato muy generoso para la compra de sus residencias. Todo indica que en este enésimo escándalo del gobierno de Peña Nieto el resultado será exactamente el mismo: una investigación a modo que finalmente exonerará a todos los presuntos involucrados. Aunque en esta ocasión, por tratarse de un evento mundial, el contraste y el ridículo serán mayores, recordemos que en Islandia el primer ministro tuvo que renunciar a su cargo por las revelaciones; y en Argentina, el procurador Federico Delgado señala que el presidente Mauricio Macri será investigado por su participación en una empresa constituida en Las Bahamas. Son dos de los casos más emblemáticos de las consecuencias legales y políticas de las revelaciones. Mientras tanto en México, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, declara que se investigará a los 33 señalados en las informaciones y señala que incluso en 18 de los casos las averiguaciones se iniciaron desde antes de que aparecieran los Panama Papers, pero al mismo tiempo les abre la puerta para que se acojan al programa de repatriación y eludan cualquier acción legal.

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