CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para intentar atenuar los impactos de un video que confirma el señalamiento de Juan Méndez, relator especial de las Naciones Unidas sobre tortura, de que en México ésta es una práctica generalizada, el gobierno mexicano, por conducto del secretario de la Defensa Nacional y del comisionado nacional de Seguridad pidió disculpas “a toda la sociedad agraviada por este inadmisible evento” y aceleró la integración de una averiguación previa que ya llevaba tres meses en la Procuraduría General de la República. De acuerdo con un boletín de la Secretaría de la Defensa Nacional los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2015; la Sedena se enteró de la tortura el 10 de diciembre de 2015, de inmediato dio vista al agente del Ministerio Público Militar y esperó hasta el 4 de enero de 2016 para dar vista a la Procuraduría General de la República (justo en la víspera de que la Procuraduría General de Justicia Militar cumplimentara la orden de aprehensión contra un capitán y una soldado policía militar) aunque se encontraba involucrado una civil y, por lo tanto, debían haber informado a la PGR también inmediatamente. El jueves 14, al día siguiente de que se popularizara el video en las redes sociales, la PGR difundió un comunicado en el que señalaba que había “practicado diversas diligencias para el esclarecimiento de los hechos”, pero dejaba en claro que todavía no concluía la integración de la averiguación previa y, por lo tanto, tampoco la había consignado ante un juez. Sin embargo, ante el escándalo de opinión pública por lo grotesco del video, la PGR aceleró su integración, lo consignó ante el Poder Judicial y el martes 19 se dio a conocer que el juez Quinto de Distrito del estado de Guerrero, con residencia en Iguala, giró orden de aprehensión contra tres policías federales y dos efectivos del Ejército por el delito de tortura. Y con sorprendente celeridad, dos días después, el jueves 21, la Policía Federal cumplimentó una de las órdenes de aprehensión y logró detener a una de las mujeres policía de esa misma dependencia, implicada en la tortura exhibida en el video. El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, actuó con la misma rapidez y el sábado 16, reunió a más de 25 mil miembros del Ejército en le explanada principal del Campo Militar Número 1, para expresarles su indignación y pedir disculpas a la sociedad. Señaló explícitamente: “Los he reunido este día porque es necesario expresar públicamente nuestra indignación por los hechos lamentables que sucedieron hace casi 14 meses en Ajuchitlán del Progreso, estado de Guerrero, difundidos por diversos medios a través de un video en redes sociales, el miércoles pasado, en el que se aprecia que malos integrantes de nuestra institución, empañan la actuación honorable de miles de mujeres y hombres en uniforme militar”. Renato Sales, comisionado nacional de Seguridad, se demoró algunos días más en reaccionar, pero también pidió perdón por “los lamentables, agraviantes y dolorosos hechos acontecidos en febrero del año pasado en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero…” El hecho de que “la indignación”, la necesidad de pedir disculpas y hasta la celeridad para sancionar un presunto delito surgieron a partir de que se difundió el video, no en el momento en que se conoció la presunta comisión del mismo, inducen a pensar que la mayor preocupación es el posible impacto que éste puede tener en la opinión pública, particularmente la internacional, en momentos en que el gobierno mexicano pretende desacreditar los informes de las distintas instancias de derechos humanos de los organismos internacionales y toma la decisión de interrumpir la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, formado de común acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para coadyuvar en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Como señaló Méndez, relator de la ONU, tras reunirse con senadores la semana pasada: “Desde mi visita se han producido casos muy graves… el de Ayotzinapa y varios otros, que me hacen pensar que hay mucho por hacer todavía”, al reiterar que no ha cambiado su opinión de que la tortura es una práctica generalizada en México. Si hicieran falta evidencias para respaldar su afirmación, basta revisar los textos de Anabel Hernández en el número anterior de Proceso, donde relata las vejaciones y violaciones de derechos humanos que sufrieron varios de los implicados en los hechos de Iguala, donde desaparecieron los 43 normalistas, o revisar las sentencias de los jueces que han conducido a la liberación de presuntos delincuentes, al aplicar las nuevas disposiciones (a partir de la reforma de junio de 2011) constitucionales en materia de derechos humanos. El video, los textos del número 2059 de este semanario y las sentencias de los jueces que han liberado a presuntos delincuentes por violaciones al debido proceso, son evidencias contundentes de que en las policías y los ministerios públicos mexicanos todavía prevalecen prácticas que atentan contra los derechos humanos, pero sobre todo que impiden tener la certeza que los detenidos e, incluso, los sentenciados como culpables, son los verdaderos responsables de los delitos que les imputan. De hecho tan preocupante es que una aplicación estricta del debido proceso libere a presuntos delincuentes de alta peligrosidad, como el que la violación del mismo haya conducido a la encarcelación de inocentes, mientras los verdaderos culpables gozan de libertad para seguir delinquiendo. Lo verdaderamente alarmante es que las prácticas de las autoridades mexicanas sirvan para construir “verdades históricas”; simular la resolución de los más graves delitos y la suplantación de delincuentes, mientras los verdaderos delinquen impunemente ante la complacencia y complicidad de las autoridades.