Barbarie evidente e intolerable
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Tortura en flagrancia. Dos militares y una policía federal uniformadas y armadas con ametralladoras intimidan a una mujer descalza y esposada, tirada en el suelo. Primero una soldada le pone un trapo amarillo en la cara y la encañona, después la policía federal le coloca una bolsa de plástico en la cabeza hasta casi asfixiarla. “¿Vas a hablar, quién es la pinche María?” “¿Qué María?, yo no la conozco”, responde la torturada. La operación de asfixia se repite. Abatida y sollozante, la víctima intenta recuperar la respiración, mientras una de las torturadoras le espeta: “Pinche vieja dramática, hija de tu puta madre, ya te acordaste quién es María o quieres más bolsa o quieres agüita o quieres toques, dime tú qué quieres”. Repulsivo y estremecedor, el video se difundió viralmente en las redes sociales. Elvira Santibáñez, de 22 años, fue torturada el 4 de febrero de 2015 en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, por presuntamente pertenecer a La Familia Michoacana. Actualmente se encuentra presa en el penal federal de Tepic, Nayarit, por el delito de portación de arma de fuego.
En un hecho sin precedente, el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, ofreció “una sentida disculpa a toda la sociedad agraviada por este inadmisible evento”. El discurso del general secretario fue pronunciado en el Campo Militar Número 1-A ante más de 30 mil efectivos de distintos rangos y fue transmitido en vivo a los casi 170 mil elementos del Ejército. A pesar de que se trató de presentar el suceso como un acto aislado, el general Cienfuegos se comprometió a castigar ante la ley castrense y en el fuero civil a los elementos que “actúan como delincuentes, no respetan a las personas, cometen actos ilegales de deshonor o atentan contra la vida, la dignidad, la seguridad, la integridad y el patrimonio de los mexicanos”. Y enfatizó: “Tenemos la ineludible obligación de denunciar actos desleales contrarios a la ley y a la disciplina militar.”
A las disculpas del secretario de la Defensa, siguieron las del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, quien reafirmó el compromiso del gobierno federal de erradicar por completo la práctica de la tortura, que “no se justifica en ningún caso, ni siquiera en los peores escenarios”; así como las del titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales: “Procede pedir perdón y procede asumir las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan”.
La reacción gubernamental responde a una estrategia de comunicación concebida para contrarrestar dos temas distintos, pero estrechamente relacionados: el efecto del video y la presión internacional ante la gravedad de la situación de los derechos humanos en México. Mi hipótesis es que el video de la tortura, documentado hace 14 meses, fue presumiblemente filtrado por las mismas autoridades castrenses, ya que sólo uno de sus miembros pudo haberlo grabado. La táctica fue ofrecer disculpas por lo que se presenta como un hecho aislado, omitiendo cualquier referencia a casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales (Apatzingán, Tlatlaya, Tanhuato), la aun no resuelta tragedia de Iguala o las desapariciones forzadas, con el fin de “limpiar” la imagen de las fuerzas armadas y de las autoridades de seguridad ante las críticas del gobierno estadunidense y de Alemania, país visitado hace unos días por el presidente Enrique Peña Nieto.
No es casual que la filtración del video y las consecuentes disculpas hayan ocurrido días después de que se hizo público el Reporte sobre la situación de los derechos humanos en México elaborado por el Departamento de Estado estadunidense y enviado al Senado de Estados Unidos. El informe de 34 páginas hace un recuento detallado de los problemas en materia de derechos humanos que persisten en México: participación de militares en “abusos graves” como ejecuciones, tortura y desapariciones forzadas; amenazas y violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas; censura y autocensura de la prensa por presión gubernamental; colusión de funcionarios con el crimen organizado; tráfico de personas; arrestos arbitrarios; secuestros con complicidad de la policía; falta de acceso a juicios justos; precaria condición de las prisiones, violencia contra las mujeres así como altos índices de corrupción e impunidad. “La impunidad por abusos de los derechos humanos persiste en todo el país con niveles de procuración de justicia extremadamente bajos”. Se mencionan los casos no resueltos de Apatzingán, Tanhuato, Tlatlaya y Ayotzinapa.
Coincidiendo con la visita del mandatario mexicano al país germano, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México publicó el miércoles 13 una carta abierta dirigida al presidente de Alemania, Joachim Gauck, y a la canciller federal, Angela Merkel, en la que se afirma que “la crisis de derechos humanos ha adquirido dimensiones catastróficas en este país”. (La carta completa puede leerse en el portal de la coordinación.)
Por tanto, la petición de perdón del Ejército y de las autoridades de seguridad deben tomarse con reservas, al tiempo de exigir la pronta, justa y verosímil solución de las atrocidades mencionadas, así como el cumplimiento del compromiso formal del secretario de la Defensa y de los funcionarios de seguridad del gobierno federal de erradicar no sólo la tortura sino toda forma de violación a los derechos humanos y sancionar a los responsables de transgredirlos. Asimismo, es imperativo que los juicios militares y civiles en casos de barbarie –trátese de tortura, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas– se realicen conforme a derecho, respetando el debido proceso y la dignidad de las víctimas, en lugar de manipular y transgredir la ley para encubrir y mantener impunes a los responsables de violar los derechos humanos en México con el beneplácito de los más altos representantes del gobierno actual, como ha ocurrido hasta ahora. Sólo así se concretarán y aceptarán las disculpas.