Esplendor autoritario

martes, 5 de abril de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Contrario a lo que señala el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, la averiguación previa en su contra por un presunto fraude no es una regresión al México autoritario; es, simplemente, un recrudecimiento del mismo. Siempre ha estado presente a pesar de la alternancia en el Poder Ejecutivo y los avances en materia de democracia electoral. El único momento en el cual el espejismo de que el México autoritario quedaba atrás fue al comenzar el gobierno de Vicente Fox, precisamente cuando se vivía la euforia de su victoria electoral el domingo 2 de julio de 2000. Sin embargo, la ilusión no se sostiene; diversos hechos incontrovertibles desnudan la realidad. Apenas se celebraba el segundo aniversario del arribo al poder de un presidente electo democráticamente en las urnas cuando, el 27 de diciembre de 2002, Ricardo Salinas Pliego y sus huestes de TV Azteca se apoderaron violentamente de las instalaciones de Canal 40, en el cerro del Chiquihuite, con la complacencia y connivencia del gobierno federal, dando pie a la célebre respuesta presidencial: “¿Y yo por qué?”, al ser interrogado por un periodista sobre su inacción ante los hechos. En su sexenio 28 periodistas fueron asesinados; el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, utilizó a un sindicato a modo para silenciar al periódico Noticias de dicha entidad, que le resultaba incómodo; acordó en secreto con Televisa los términos del llamado decretazo del 10 de octubre de 2002, para beneficiar a las televisoras y radiodifusoras disminuyendo los tiempos fiscales; y su esposa, Marta Sahagún, entabló demandas civiles contra Proceso y la periodista Olga Wornat, por daño moral. Pero esto sería apenas una muestra de lo que acontecería a finales del sexenio. El 16 de diciembre de 2005 la periodista Lydia Cacho fue ilegalmente detenida en Quintana Roo y trasladada a Puebla para enfrentar la acusación por calumnias que había interpuesto el empresario Kamel Nacif. El 14 de febrero de 2006 se darían a conocer las grabaciones de una conversación ente el empresario y el gobernador poblano, Mario Marín, que daba cuenta del abuso de poder del llamado, a partir de ese momento, “Góber precioso”. El 19 de abril de 2006 la Policía Federal arremete contra los huelguistas de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, con un saldo de dos muertos y 40 lesionados. En mayo de ese mismo año, el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, ordena el uso de la fuerza pública contra los floristas de San Salvador Atenco, con saldo de dos muertos y la violación de al menos 26 de las mujeres detenidas durante el operativo policiaco. Y faltaba la despedida, el 27 de octubre de ese mismo 2006, cuando las fuerzas federales desalojaron a los integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca del Zócalo de la capital de ese estado, con saldo de cuatro muertos. Estas son sólo unas perlas (seguramente habrá algunas más que quedaron fuera de este recuento) que muestran que incluso en el sexenio de la esperanza democrática, el México autoritario estuvo muy presente. La revista sería insuficiente para hacer el recuento de los abusos durante el sexenio de Felipe Calderón y los primeros 40 meses del gobierno de Peña Nieto, pues como bien señaló Javier Sicilia en el aniversario del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: “Si la administración de Felipe Calderón se caracterizó por exaltar la violencia y construir un Estado de excepción, criminalizando a las víctimas y reduciéndolas a un ‘se están matando entre ellos’ o a ‘bajas colaterales’ que no le importan al Estado, la de Enrique Peña Nieto y del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se caracteriza por gobiernos que niegan la violencia y la tragedia humanitaria del país, que entierran a las víctimas en el silencio y que asesinan, criminalizan y persiguen a todas las organizaciones y personas que han tomado el camino de la verdad y la justicia”. Para no dejar lugar a dudas de la veracidad de las denuncias de Álvarez Icaza y de Sicilia, se suceden los acontecimientos que los respaldan: Osorio Chong anuncia que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se irá del país este mes, cuando concluya su segunda estancia de medio año, sin importar el estado que guarden las investigaciones respecto a los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos en Iguala; la justicia militar exonera (pues no puede considerarse que la condena de un año que le impuso a uno de ellos fue por motivo de la masacre que perpetraron) a los siete soldados incriminados por la ejecución de 22 personas en Tlatlaya. Y, como cereza en el pastel, el Congreso del Estado de México aprueba una legislación para permitir el uso de la fuerza pública, incluyendo armas de fuego, cuando consideren ilegal alguna manifestación o protesta; es decir para recrudecer la criminalización de las protestas sociales. Siga o no adelante la integración de la averiguación previa contra Álvarez Icaza y aunque su resultado sea el no ejercicio de la acción penal, el México autoritario está más vigoroso que antes y sigue reforzándose. Sin embargo, además de este reforzamiento del autoritarismo hay dos elementos que sí marcan diferencias con el histórico: el debilitamiento del control que ejercían sobre los medios de comunicación masiva y el cinismo de la actual clase política mexicana. En la era de la globalización y las tecnologías de la comunicación es imposible ocultar la información; hoy los políticos, por más plumas y micrófonos que compren, no pueden evitar que se difundan las evidencias de sus abusos; y ante la imposibilidad de ocultarlos, la respuesta es el cinismo, la descalificación, la agresión y el intento de amedrentamiento.

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