Los sablistas de la política

miércoles, 28 de septiembre de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la política mexicana hay muchos sablistas o tramposos que para sus partidos representan una carga indeseable, pero imposible de borrar. Se trata de una pléyade de exgobernadores de todas las fuerzas políticas que han endeudado a sus estados y se han enriquecido de manera ilegal, sin que la justicia les haya tocado un solo pelo. Un sablista, según una definición legal, “es aquel estafador que con mentira en los motivos y falsedad en la promesa de restitución obtiene, en ocasiones, dinero para sus necesidades, y con más frecuencia para su holganza y vicios, con el fiel propósito de no devolverlo”. Mejor definición no podíamos haber hallado para ese grupo de exgobernadores del PRI, PAN y PRD, aliados con otros partidos, que han saqueado las arcas estatales y no reciben ningún castigo, al contrario, algunos de ellos continúan con su vida política y tienen como premio el solapamiento. No es difícil ubicarlos, porque sus nombres sigue siendo actuales: el exgobernador del PAN en Sonora, Guillermo Padres, actualmente prófugo, acusado de enriquecimiento ilícito; Fausto Vallejo, exgobernador del PRI en Michoacán, acusado de recibir dinero de los Caballeros Templarios; Juan Sabines, el exgobernador de Chiapas apoyado por el PRD, PAN y Nueva Alianza y actual cónsul en Orlando, a quien se acusa de provocar una deuda de más de 40 mil millones de pesos al estado, y los hermanos Rubén y Humberto Moreira, gobernador y exgobernador de Coahuila, investigados por desvío de recursos públicos. En esta lista de exgobernadores impresentables del PRI también estarían el oaxaqueño Ulises Ruiz, que desfalcó el erario con más de 3 mil 500 millones de pesos, así como Mario Marín, de Puebla; Tomás Yarrington, de Tamaulipas; Rodrigo Medina, de Nuevo León; Jesús Murillo Karam de Hidalgo, y Fidel Herrera, de Veracruz, además del perredista Ángel Aguirre Rivero, en Guerrero, y el exgobernador panista Emilio González, en Jalisco. Todos y cada uno de estos exmandatarios tienen un historial negro de corrupción e impunidad por el de desvío de recursos públicos con los que se han enriquecido. El expediente de cada uno de ellos engrosa la creciente desconfianza ciudadana en toda la clase política y, sin excepción, en cada uno de los partidos. Es por ello que el caso del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, a quien el PRI le retiró sus derechos partidistas para que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no tenga ningún obstáculo, vaya encaminado a ser un fracaso como chivo expiatorio de esa fuerza política. Este caso no le va a alcanzar al Revolucionario Institucional para recuperarse de la imagen de corrupción que ya tiene por otros personajes igualmente salpicados como es el propio presidente Enrique Peña Nieto. De cara a las elecciones del próximo año –donde la más importante será la del Estado de México por el número de electores y porque es la entidad del grupo en el poder presidencial, pero también para los comicios presidenciales de 2018–, al PRI le urge lavarse la cara y por eso querrá deslindarse de Javier Duarte y de otros gobernadores acusados igualmente de corrupción, como César Duarte, en Chihuahua, y Roberto Borge, en Quintana Roo. Sin embargo, la corrupción deja una huella indeleble en todos los sablistas tramposos que igual son priistas que panistas, perredistas y miembros de todos los demás partidos políticos como el PVEM, que tiene el mayor número de sanciones en el Instituto Federal Electoral.

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