La respuesta oficial por el gasolinazo, improvisación y engaños

domingo, 22 de enero de 2017
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto y los miembros de su gabinete sabían con mucha anticipación el incremento de precios a la gasolina que se aplicaría el primero de enero de 2017, no hicieron nada para atenuar sus efectos ni mucho menos previeron la indignación que provocaría. Pensaron que anunciarlo a mitad del periodo vacacional (como los gobiernos priistas solían hacer las primeras devaluaciones y anuncios dolorosos) y aplicarlo el primer día del año –cuando muchos mexicanos todavía no terminaban la fiesta– aminoraría las protestas. Dedicaron más tiempo a intentar que pasara inadvertido que a buscar la mejor forma y momento de instaurarlo. Por supuesto, ni siquiera pensaron en medidas para aminorar su impacto negativo. Lo evidencian el titubeante discurso presidencial el mismo día que anunció el cambio en la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin argumentos ni datos, simplemente apelando tímidamente a la comprensión; su posterior mensaje en cadena nacional, al día siguiente, lleno de manipulaciones y falsedades; y, desde luego, la firma de un documento cargado de buenas intenciones, pero sin acciones específicas nuevas ni compromisos concretos. En noviembre de 2016 el Congreso de la Unión aprobó la modificación al artículo 14 transitorio de la Ley de Hidrocarburos (que formó parte de las legislaciones secundarias incluidas en la reforma energética en diciembre de 2013) para adelantar la liberalización de los precios de las gasolinas y el dísel, del primero de enero de 2018 al mismo día de 2017, así que desde ese momento sabían que venía el gasolinazo. No se necesita ser muy suspicaz para saber que la modificación se hizo para tratar de evitar el impacto que el incremento tendría en las elecciones presidenciales de 2018, así que sí sabían de sus consecuencias negativas, pero en lugar de buscar mitigar los daños a la economía familiar, prefirieron contener el impacto negativo en la sucesión presidencial. La manipulación de los datos es muy burda; no se requieren especialistas para detectarla. Una de las más evidentes es que el gobierno recauda vía el Impuesto Especial a Productos y Servicios que aplica a las gasolinas y el dísel 50% más de lo que le costaría el supuesto subsidio a la misma. En su segundo mensaje, el jueves 5, Peña Nieto afirmó que el subsidio a la gasolina representaría en 2017 aproximadamente 200 mil millones de pesos, pero de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación, el IEPS a las gasolinas le reportará un mínimo de 280 mil millones de pesos, con lo cual si no se hubiese movido el precio de las gasolinas, en realidad no habría ningún subsidio al consumo, pues en el precio integral el propio consumidor lo estaría pagando. Así, con el aumento al precio del combustible, el gobierno lo que hace en realidad es transferir la carga fiscal que antes le cargaba a Pemex (que explica las precarias condiciones financieras en las que se encuentra la empresa) al consumidor final. Esta es la razón por la cual el precio de la gasolina en el vecino país del norte cuesta 68 centavos de dólar, es decir, 15 centavos menos que los 83 centavos que cuesta en México. El precio de la gasolina sí está alineado internacionalmente, pero no los impuestos, así, la diferencia en el precio la explican los 3.52 pesos de IEPS en la gasolina Magna; los 4.16 en la Premium y los 4.58 en el dísel. Otra joya es la aseveración presidencial de que antes de decidir la eliminación del subsidio habían recortado el gasto público en 190 mil millones de pesos, cuando en 2015 (de acuerdo con un análisis difundido por el portal Animal Político) gastaron 185.8 mil millones más de lo presupuestado; y en 2016, hasta septiembre, ya llevaban 174.5 mil millones. En estos dos años, sólo en los excedentes del presupuesto, gastaron un monto similar al supuesto subsidio a las gasolinas. Y para evidenciar la manipulación de los datos es interesante revisar las cifras que dio Peña Nieto al argüir que el aumento perjudica más a los más ricos que a los más pobres, Según sus datos, el 50% de las familias mexicanas con ingresos más bajos (60 millones de personas) consumen 15% de las gasolinas; y el 10% más rico, 40%. Pero se le olvidó el otro 40% de la población, que en México no puede considerarse de clase media y consume el restante 45% de las gasolinas. Así que este segmento será en realidad el más afectado. También es falso que el impuesto a las gasolinas sea tan progresivo como pretendió hacer creer Peña Nieto. Igualmente es falsa su disyuntiva de subsidiar la gasolina o reducir los programas sociales, pues las posibilidades de obtener ahorros importantes en el gasto público son múltiples y no se limitan a los programas sociales, como dejó en claro la Coparmex en su propuesta de plan de acción. O bien, como señaló Luis Pérez de Acha, en un comentario en Animal Político, mientras el subsidio a la gasolina representó en años anteriores 1.8% del PIB, el costo de la corrupción representa entre 2% y 10% del PIB y la evasión fiscal, 2.6% del PIB. Así que la disyuntiva no es real. Pero el mayor descaro ocurrió el jueves 12, cuando en forma impersonal señaló: “La gallina de los huevos de oro se fue secando, se fue acabando”, al referirse a Cantarell, como si las autoridades mexicanas fuesen totalmente ajenas al saqueo a Pemex, desde que el entonces presidente José López Portillo afirmó: “Tenemos que acostumbrarnos a administrar la abundancia”, dado lo cuantioso de los yacimientos de petróleo que estaban en explotación y el alto precio internacional del hidrocarburo. Peña Nieto y los presidentes que lo precedieron son responsables de haberse acabado la gallina de los huevos de oro, al aprovechar los recursos que generaba la paraestatal para financiar la costosa administración pública mexicana y, con ello, impedir que se dedicasen recursos a la exploración, explotación y refinación del petróleo. Las advertencias fueran muchas y lo que hoy vivimos no es ninguna sorpresa. Es su responsabilidad. Lo más paradójico es que todavía en 2016 se culpaba a los bajos precios del petróleo de las vicisitudes económicas nacionales y los pobres resultados de las reformas estructurales; y en este primer mes de 2017 resulta que el incremento en los precios internacionales del petróleo es la causa del gasolinazo que tanto perjudica a la economía de las familias mexicanas. Nuevamente son el mismo presidente y su equipo los que provocan sus propias crisis con políticas públicas inoportunas, mal diseñadas y peor comunicadas. Parecen empeñados en superar las calamidades que sus antecesores provocaron en el fatídico tramo final del sexenio (los últimos dos años, que en este caso ya se convirtieron en cuatro).

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