CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De un momento a otro- se espera- la comisión de derechos humanos de la ALDF resolverá quien será ungido o ungida para presidir la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (@CDHDF) durante los próximos cuatro años. El proceso por vez primera se da en un clima de crispación, polarización y ataques personales e incluso físicos que nunca se había visto en los procesos de designación de titulares de ese organismo desde que fue creado en 1993. Los anteriores titulares fueron designados- sin falta, por supuesto, de críticas y sin unanimidad- en un clima de civilidad y de intercambio de argumentos y propuestas. Hoy eso ha quedado en el pasado. Perla Gómez Gallardo, la actual presidenta ha llevado a la @CDHDF al precipicio y ha utilizado o autorizado- que para el caso es lo mismo- el uso de recursos públicos para financiar su campaña- si así se le puede llamar- lo que ha impactado en la naturaleza de esa comisión: su autoridad moral. La autoridad moral cuesta mucho trabajo construirla, pero muy poco echarla por la borda como ahora sucede. Consejeros y exconsejeros de reconocida probidad y autoridad moral de la @CDHDF le han arrebatado a Gómez reconocimiento como interlocutora y como defensora de derechos humanos. Los trabajadores han hecho lo propio y la ALDF ha dejado entrever que uno de los criterios es el número de cartas de apoyo de los candidatos. Como si la cantidad pudiera suplir la calidad. Peor aún, la ONEA (Organización Nacional Anticorrupción) ha presentado en la PGR una denuncia por probables actos de corrupción cometidos por Gómez y algunos de sus funcionarios cercanos a su entorno. Se trata de delitos incompatibles con el servicio público y divorciados por entero de la probidad: peculado, tráfico de influencias, ejercicio ilegal de atribuciones entre otros. Al equipo jurídico de ONEA se ha sumado el ameritado litigante Alejandro Rojas Pruneda- cuyo despacho ganó en tribunales las demandas de la reconocida actriz Kate del Castillo contra el gobierno mexicano- lo que da idea que se trata de una iniciativa legal seria y que se litigará hasta sus últimas consecuencias. No es, por ende, una denuncia frívola por la coyuntura, sino que hay indicios claros para que pueda prosperar en el poder judicial federal. ¿Se imagina una presidenta de la @CDHDF litigando y buscando amparos para no ser procesada de delitos que ameritan la privación de la libertad y en conjunto no admiten la libertad bajo fianza o caución? Sí, es el mundo al revés. Diversos analistas con reconocimiento se han expresado de una y otra forma por la inviabilidad de que Gómez continué en ese cargo por su excesiva cercanía con el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y el consejero jurídico capitalino, Manuel Granados, exalumno en la maestría de derecho en la UNAM de Gómez. Las organizaciones de la sociedad civil más serias, con peso en esa comunidad, han alzado la voz del mismo modo y reclaman que la titular actual de la @CDHDF no siga más. No sólo Gómez ha visto esfumarse sus prendas éticas cuando trabajó temas anticorrupción. Hoy, por el contrario, no sólo se le regatea toda probidad por diversos colectivos, sino se encuentra frente a la justicia en un caso que será de pronóstico reservado. Sea ratificada o no, Gómez se enfrentará a un proceso judicial largo que supondrá un desgaste para quienes, como ella, pensaron que la corrupción va junto con pegado con la impunidad. Hoy ONEA buscará que eso no pase. Y habrá de dejar un precedente para que los servidores públicos todos- y especialmente en aquellas áreas que reclaman además de legalidad, legitimidad- como la @CDHDF- sepan que la impunidad no está siempre garantizada. En el cada vez más lejos, pero posible escenario de que se imponga la razón de la sinrazón habrá que vigilar que no se utilicen recursos públicos de la @CDHDF para defender a su presidenta y a su equipo de presuntas tropelías a su paso por ese organismo en crisis que reclama una cirugía mayor. @evillanuevamx ernestovillanueva@hushmail.com