CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Desde que finalizó la Guerra Fría el tema de la participación de organismos multilaterales en la promoción de la democracia ha dado lugar a numerosas reflexiones. Está abierto el debate sobre hasta dónde pueden factores externos ser elementos decisivos en el devenir de procesos políticos internos; asimismo existen múltiples opiniones sobre las atribuciones que deben tener organismos internacionales para que sus acciones dejen huella y vayan más allá de exhortos o condenas puramente verbales. El caso de Venezuela se ha convertido en uno de los ejemplos paradigmáticos para evaluar el alcance de la acción multilateral para destrabar una situación que ha desembocado en una verdadera tragedia humanitaria. Hasta ahora los resultados obtenidos conducen al escepticismo. El renacimiento de la OEA en el decenios de los noventa se debió, en gran medida, a las nuevas funciones que se le atribuyeron para la promoción de la democracia. Todo comenzó en la Asamblea General celebrada en Santiago de Chile en 1991, donde se aprobó el Compromiso de Santiago con la Democracia y la Resolución 1080 sobre Democracia Representativa. A esos documentos siguieron otros que fueron ampliando compromisos hasta llegar, en el 2001, a la Carta Democrática Interamericana. A pesar de la vehemencia con la que se alude a dicha Carta, la verdad es que se trata de un documento muy declarativo y poco operativo. Las acciones concretas establecidas allí para influir sobre situaciones que ponen en riesgo el orden constitucional y la democracia son dos: el Secretario General de la OEA puede elaborar un Informe sobre el particular y convocar al Consejo Permanente para una evaluación colectiva del mismo y decidir sobre la puesta en marcha de iniciativas diplomáticas, incluyendo los buenos oficios, que contribuyan a la restauración del orden democrático. De no tener éxito tales iniciativas, se convocará entonces a una sesión especial de la Asamblea General de la OEA, la cual puede decidir, con una mayoría de dos tercios, la suspensión del Estado en cuestión de su derecho a participar en las actividades de la OEA. Hasta ahora, el único caso de suspensión ha sido Honduras en el 2009. Fue una experiencia ambivalente que suscitó dudas sobre hasta dónde tal suspensión contribuyó a la solución de problemas que, finalmente, encontraron su cauce por circunstancias puramente internas; asimismo hizo ver numerosos problemas no previstos, como es, por sólo dar un ejemplo, el futuro de estudiantes hondureños que gozaban de una beca de la OEA. El tema de Venezuela tardó en llegar a la OEA. Los gobiernos latinoamericanos y caribeños tenían motivos para ver con distanciamiento y cautela lo que podía prosperar allí. En primer lugar, desde el punto de vista de elecciones libres, éstas fueron ganadas ampliamente por Hugo Chávez, verdadero ídolo de sus millones de seguidores que, más tarde, siguieron con entusiasmo a Maduro. En segundo lugar, Venezuela contó con aliados sólidos entre los países latinoamericanos. No se puede menospreciar la influencia del pensamiento de Chávez en la conformación de la Alianza Bolivariana, cuya ideología y seducción sobre varios países de la región, como Ecuador, Bolivia y Nicaragua, aún es significativa. Además, Venezuela gozaba de clara solidaridad por parte de dos de los países latinoamericanos de mayor peso: Argentina y Brasil. Con tales antecedentes, la participación de la OEA en el tema de Venezuela ha sido posible por tres grandes cambios que han tenido lugar en su situación interna y en el ambiente político latinoamericano en los últimos tres años. Internamente, la caída en los precios del petróleo redujo notablemente el campo de acción de Venezuela para preservar influencia en otros países y, sobre todo, mantener a flote una economía casi totalmente dependiente del exterior; muy pronto el desabasto se hizo sentir en todos los niveles, incluyendo bienes indispensables para la alimentación y la salud. La situación anterior contribuyó al fortalecimiento de la oposición, que obtuvo su primer gran triunfo al ganar la mayoría de la Asamblea Nacional en las elecciones de 2015. Fue entonces cuando salieron a la luz los aspectos más autoritarios del ya desacreditado gobierno de Maduro. La Corte Suprema de Justicia, controlada por el Poder Ejecutivo, despojó al Parlamento de sus poderes; el Ejecutivo suspendió el referendo revocatorio del presidente Maduro en octubre de 2016, así como las elecciones de gobernadores estatales. En los últimos tres años, más de cien personas, entre ellas los líderes más destacados de la oposición, han sido encarceladas y miles son detenidas por sus ideas. El segundo gran cambio que permite la intervención de la OEA se relaciona con el giro en la vida política de América Latina que supone la derrota de gobiernos de izquierda en Argentina y Brasil. Era evidente que los nuevos gobernantes seguirían líneas distintas hacia Venezuela, colocando ahora su esfuerzo en desprestigiar los resultados de gobiernos populistas cuya mejor expresión era el socialismo del siglo XXI promovido por Chávez. El tercer gran cambio tiene que ver con la llegada a la Secretaría General de la OEA de Luis Almagro, una personalidad decidida a utilizar los instrumentos de la organización para defender la democracia. Que, como ya señalamos, tales instrumentos tengan una posibilidad de incidencia real muy limitada es otro problema. El hecho es que ha sido posible darle un espacio a la organización que, al menos a corto plazo, contribuye a devolverle relevancia. Es muy poco probable que la decisión adoptada en el Consejo de la OEA el 28 de marzo último, según la cual se da una oportunidad a las iniciativas diplomáticas que conduzcan a la celebración de elecciones y liberación de presos políticos en Venezuela, obtenga éxito. El comportamiento del delegado venezolano en la reunión, centrado en la descalificación del Secretario General y todos quienes apoyaron su esfuerzo, presagia los peores resultados. La expulsión de Venezuela de la OEA (si se logran los dos tercios necesarios) profundizaría su aislamiento encerrándola en un laberinto trágico de desabasto, hambre, mortalidad y violencia. Tal es hoy en día el desenlace más probable del encuentro entre la OEA y Venezuela. Ojalá que una gran imaginación diplomática y política pueda abrir otros cauces. Este análisis se publicó en la edición 2109 de la revista Proceso del 2 de abril de 2017.