CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuando Andrés Manuel López Obrador asuma la Presidencia de la República, el 1 de diciembre, habrá sufrido ya el desgaste de una larga transición que decidió convertir en un virtual ejercicio del poder. En casi cuatro meses, la definición de sus políticas de gobierno ha estado marcada en buena parte por la polémica, y varias de ellas le están abriendo frentes antes de llegar a Palacio Nacional. La más significativa hasta ahora es la llamada consulta para la construcción o no del aeropuerto en Texcoco. Lo que resulte no dejará satisfecho a nadie. Más allá de los chantajes de los grupos de poder económico y financiero, el empeño del presidente electo por anticipar lo que tendría que ser una auténtica consulta ciudadana sancionada legalmente va a generar inconformidades. Una eventual ratificación de Texcoco, con el irreversible daño ambiental, difícilmente contendría al movimiento social de Atenco y a las organizaciones antisistema que por años ahí se han aglutinado. Al mismo tiempo, se está gestando una movilización en el Poder Judicial de la Federación ante los ímpetus del senador de Morena, Ricardo Monreal, de rotar a los jueces y magistrados de circuito para que no estén en un mismo lugar más de seis años. Según el senador, es el camino para evitar el nepotismo, una práctica vieja y extendida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ello se suma la confrontación de López Obrador con la cúpula del Poder Judicial por la negativa de los ministros a reducir sus ominosos sueldos superiores al medio millón de pesos al mes. El presidente de la Corte, Luis María Aguilar, ha decidido no sólo dar la pelea sino ponerse al frente de ella, escudado en una retórica defensa de la “autonomía e independencia” de los jueces y magistrados federales. La necesaria revisión al Poder Judicial se puede perder en esa confrontación. Están también las inconformidades en el aparato público por la tabla rasa que pretende aplicar el próximo gobierno para eliminar los privilegios de una alta burocracia paralela creada desde el sexenio de Vicente Fox. Pensar que todo el personal de confianza forma parte de una burocracia dorada de la que hay que prescindir equivale a matar mosquitos a cañonazos. Si hay un tema en el que el próximo presidente ha sido más inconsistente es el de seguridad y justicia. La Ley de Seguridad Interior, que se esperaba fuera abrogada, terminará siendo el instrumento que tendrá para mantener la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, a lo que tanto se opuso. Hasta dónde las Fuerzas Armadas seguirán en esa tarea, es algo que está en manos de la Suprema Corte, pero pasa también por la decisión de López Obrador y sus secretarios de la Defensa y la Marina de proceder en contra de los militares que han violado los derechos humanos. Serán las víctimas de la violencia estatal las que le exigirán y le recordarán al próximo presidente su obligación moral de satisfacer las demandas de verdad y justicia después de 12 años de una respuesta violenta del Estado a la violencia de la delincuencia organizada. Son muchas las exigencias, justificadas o no, las que enfrentará el próximo presidente. Los tradicionales primeros cien días en el poder no serán de luna de miel para él. Las críticas estarán ahí desde el primer minuto del 1 de diciembre. Prensa, más prensa, prometió cuando se convirtió en candidato. Ser congruente en ello estará o no la diferencia de lo que ha sido hasta ahora el ejercicio del poder en México. @jorgecarrascoa