CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los gobiernos mexicanos que encabezaron Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto recurrieron a esta histórica fórmula que implica aceptar las normas (en este caso, las recomendaciones o informes) que emite una determinada autoridad (en este caso, las instancias de los organismos internacionales de derechos humanos), pero no aplicarlas para no afectar su modus operandi (en este caso, el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles) ni sancionar las múltiples y evidentes violaciones a los derechos humanos, muchas de ellas perpetradas por agentes al servicio del Estado en cualquiera de sus tres instancias (federal, estatal o municipal). Los informes de las distintas instancias de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos que realizaron visitas a México en los últimos dos sexenios reiteraban una y otra vez la existencia de violaciones a los derechos humanos perpetradas por los mismos agentes del Estado: desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, entre las más frecuentes. El pasado miércoles 7 de noviembre México se sometió por tercera ocasión (la primera fue en 2009 y la segunda en 2013) al escrutinio del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, en el Examen Periódico Universal (EPU) y el resultado fue implacable: “De las recomendaciones emitidas en los ciclos del EPU de 2009 y 2013, aquellas que cuentan con cumplimiento total o parcial generalmente se relacionan con acciones normativas o el retiro de reservas a tratados; sin embargo, no ha habido avances significativos en la realidad que viven las personas en el país, por lo que los primeros dos ciclos del EPU nos han dejado poco o nulo cumplimiento sustantivo”. Lo más preocupante es que los informes presentados ante dicho Consejo mantienen la misma tónica, pues en octubre de 2015, cuando revisó los avances en la implementación de las recomendaciones que el mismo había emitido previamente, señaló tajantemente: “… el Grupo de Trabajo reitera su pesar por los pocos avances registrados en la implementación de sus recomendaciones. Los grandes desafíos detectados por el Grupo de Trabajo durante su visita (en marzo de 2011) y plasmados en su informe de la misión aún perduran. Salvo excepciones, la impunidad prevalece, los hechos no se esclarecen y las víctimas no reciben una adecuada e integral reparación. Esta realidad puede y debe ser transformada” (Proceso 2029). Ese mismo 2015, justo a la mitad del periodo presidencial y tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, visitaron el país Juan Méndez, relator especial sobre la Tortura, y Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y los tres emitieron informes que dejaron al descubierto la grave crisis de derechos humanos en México (Proceso 2043). Así, después de nueve años desde el primer EPU al que se sometió México en octubre de 2009, en el país prevalece la crisis de violencia, corrupción, impunidad y violación de los derechos humanos. El pasado miércoles, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, reconoció la existencia de “la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes; la desaparición forzada; las amenazas y violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas; la violencia contra las mujeres; las violaciones a los derechos de las personas migrantes; la discriminación contra grupos en situación de vulnerabilidad y una tasa de impunidad lastimosamente alta…No venimos aquí ni a minimizarlos ni a negarlos”. Sin embargo, no dijo una sola palabra de por qué ignoraron, apenas en diciembre del año pasado, las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuando señaló que de aprobarse la Ley de Seguridad Interior (como sucedió) “generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría soluciones reales para enfrentar los retos que en materia de inseguridad enfrenta el país” (Proceso 2145). Tampoco mencionó el rechazó del gobierno de Enrique Peña Nieto para aceptar la competencia y visita del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para conocer la realidad que vive el país, en relación con las más de 30 mil personas desaparecidas cuyo paradero se desconoce. Ruiz Cabañas, quien encabezó la delegación mexicana, reconoció que será al gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador al que corresponda en definitiva aceptar o no las recomendaciones que le hicieron. Señaló: “Nuestra actitud general ante las recomendaciones va a ser que nos parecen bien a nosotros”. Aunque en el presente sexenio no siempre las recomendaciones que han emitido estas instancias le han parecido bien al gobierno federal, ya que fue evidente el conflicto que se generó con la CIDH a raíz de los informes que emitió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, y con Juan Méndez, relator especial contra la Tortura de la ONU, por su informe en 2015, donde incluso lo descalificaron personalmente. Así, aunque hay evidencias de estas diferencias, el gobierno mexicano en ningún momento se atrevió a desafiar o romper con dichas instancias y por lo general decidió mostrar una cara amable, como lo hizo Ruiz Cabañas esta semana, aunque las recomendaciones e informes se aplicaran muy selectivamente o de plano simplemente se archivaran. La ausencia de consecuencias concretas por su incumplimiento promueve que las mismas no cumplan con el objetivo de impulsar la plena vigencia de los derechos humanos en el mundo. La única sanción es la condena pública, situación a la que se llega únicamente en casos extremos; esta es una de las razones de la inoperancia práctica de estas instancias internacionales. Los avances en la materia dependen más de la voluntad política de los gobiernos nacionales que de la actuación de estos organismos. Aunque hay que reconocer que los expertos sí hacen valiosas aportaciones cuando son convocados, como fue el caso del GIEI. Sin embargo, como evidencian las evaluaciones de la ONU, sus informes y recomendaciones lo único que generan son respuestas diplomáticas sin consecuencias reales. Este análisis se publicó el 11 de noviembre de 2018 en la edición 2193 de la revista Proceso.