CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El gobierno que viene con los Congresos que tiene puede modificar la Constitución cuando lo estime oportuno. Además puede apelar al respaldo popular a placer cada vez que se le ocurra organizar una consulta a modo. El único contrapeso institucional que puede encontrar recae en el Poder Judicial federal. Pero para que ese equilibrio llegue, este último tiene que comenzar a comportarse todo el tiempo, y no solamente en ocasiones especiales, como defensor de nuestros derechos humanos. Dos temas son cruciales y además ilustran muy bien los diferentes caminos que podemos seguir como país: la imposición de proyectos de desarrollo e infraestructura y la militarización de la seguridad pública. Respecto de ambos, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), son determinantes para impactar su destino final. Veamos. La semana pasada la Primera Sala de la Corte falló el amparo en revisión 213/2018 y, con tres votos a dos favorables a la propuesta del ministro José Ramón Cossío, dejó el camino abierto al próximo gobierno para que las consultas indígenas puedan ser trivializadas. Si este precedente no se aísla y cambia de inmediato va a resultar sumamente complicado obtener el amparo efectivo de la justicia cuando se cuestionen proyectos como el Tren Maya. Este miércoles se presenta una oportunidad para enmendar esta situación, pero a menos que algo extraordinario suceda, dicha Sala puede simplemente reiterar su votación para resolver el amparo en revisión 601/2018, y terminar de desmantelar la garantía que el derecho a la consulta indígena y el derecho a la participación ofrecen a la población para que el gobierno entrante no le pase por encima con sus "proyectos de desarrollo" consultados al vapor. Una solución óptima a este problema es que se dé una nueva reflexión al interior de la Sala para que uno de los votos de la mayoría cambie de sentido. Algo que se antoja prácticamente imposible de una semana a otra. Por eso quizá lo mejor sería que se lograra aplazar el asunto para decidirlo después de que se retire el ministro Cossío. Dos semanas más y el caso encontraría un empate entre la ministra Norma Piña y el ministro Arturo Zaldívar por un lado, a favor de una consulta seria, y los ministros Jorge Pardo y Alfredo Gutiérrez que se quedarían con el criterio del ministro Cossío. Dado ese empate, alguien más tendría que llegar a romperlo. De ahí la importancia del nombramiento inminente para integrar la Corte. De ahí también la razón para que se nombre a una defensora de derechos humanos, totalmente independiente al próximo gobierno. No a alguien con cercanía al contratista/asesor estrella de la próxima administración, ni tampoco a la exconsejera jurídica de Marcelo Ebrard que en el tiempo en que gobernaba la capital impuso el proyecto de la Supervía y pensaba que las consultas dificultaban la tarea de gobernar. Por otro lado, aunque el pleno de la Corte acaba de declarar inconstitucional toda la Ley de Seguridad Interior, el gobierno ha lanzado su plan de militarizar la seguridad pública y ha anunciado cambios a nuestra Constitución para secundarlo. En este escenario, se tornan mucho más imperiosas nuevas reflexiones para la Corte y el resto de los juzgados y tribunales de amparo. Veamos. Asumamos por un momento la buena fe del próximo gobierno. Nos han dejado ver que las policías locales, estatales y municipales, no funcionan. Son parte del problema, por eso no se alude a ellas como parte de la solución en el Plan Nacional de Paz y Seguridad. Nos han dicho también que las Fuerzas Armadas ya no se emplearán para reprimir a la población. Un antes y un después. Postulan que la Guardia Nacional en realidad estará compuesta de policías, federales, militares y navales. Así que estarán formadas en las tareas de seguridad pública. Me atrevo a apostar y con el deseo de equivocarme, que este día iniciará el procedimiento de reformas a la Constitución, y por más críticas recibidas, el próximo gobierno no cambiará de idea e impondrá su modelo. Dicen que las experiencias que tienen avalan su propuesta. De verdad, ojalá que así sea. Que tengan todo el éxito posible. México lo necesita. ¿Pero en verdad sería tan difícil por lo menos adscribir a la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública bajo un mando civil? Dicho eso, para efectos de esta opinión, lo que me importa destacar son algunas nuevas reflexiones que se necesitarán en la Corte si quisieran estimar fundados los reclamos por venir en contra de la militarización de la seguridad pública. Cuando menos dos cambios de criterio se requieren: (i) la posibilidad de controlar en sede judicial las reformas constitucionales e invalidarlas a la luz de los estándares de fuente internacional que resulten más favorables; y (ii) que el juicio de amparo funcione como meta-garantía de las decisiones, recomendaciones y observaciones de las instancias internacionales de protección de los derechos humanos. Con esas dos nuevas reflexiones, se podrían enfrentar las determinaciones del próximo gobierno. Sin ellas, en sede judicial, no habría más que hacer. Estamos pues en la hora máxima del Poder Judicial federal y su defensa de la República. Lo peor que podría suceder es que menosprecien el reto. Que inviertan más esfuerzos en defender la independencia judicial de sus remuneraciones, como si fueran su patrimonio personal, que en defender a la población de esta militarización. Si así proceden, muy pronto se podría ver todo el Poder Judicial superado en la arena política, evidenciado como un actor pasado de moda que busca solamente conservar sus privilegios en contra de la voluntad popular y la cuarta transformación. Su misión es otra, su capacidad es otra, su responsabilidad es otra: defender al máximo nuestros derechos humanos. A trabajar.