CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Difícil descifrar lo que AMLO hará sobre el tema de la impunidad. Difícil discernir cuál será la decisión final ante tantos mensajes encontrados. Un día afirma que habrá perdón para los corruptos, al otro revira y anuncia que se someterá a una consulta. Un día dice que hurgar en el pasado sólo produciría inestabilidad, al otro esclarece que lo hará si el pueblo se lo pide. Muchos electores tratan de entender los vuelcos impredecibles y justificarlos, mientras otros cuestionan la congruencia de quien prometió combatir la corrupción y ahora no se sabe cómo y hasta dónde lo hará. La falta de claridad inquieta, porque si no se encara el pasado, terminará por hacerse presente. La impunidad que llevamos décadas arrastrando seguirá ahí, saboteando el espíritu de la Cuarta Transformación. Porque, como escribiera Vaclav Havel: “En los nuevos tiempos debemos descender al fondo de nuestra miseria para entender la verdad, tal como uno debe descender al final del pozo para ver las estrellas”.  La verdad sobre Odebrecht. La verdad sobre Ayotzinapa. La verdad sobre OHL. La verdad sobre la Estafa Maestra. La verdad sobre el gobierno espía. Verdad producto de investigaciones que en el próximo sexenio esperaríamos ver iniciadas por el Poder Judicial, impulsadas por las partes del Sistema Nacional Anticorrupción que dependen del Poder Ejecutivo, apoyadas por cada miembro de Morena, dada su trayectoria y lo que el partido prometió encarar.  La 4T traicionaría tanto a su base electoral como a su vocación si el fin de la impunidad no se vuelve un principio apoyado desde el poder. Ante los abusos del pasado prevalecen las incógnitas del presente. Ante las denuncias hechas por el periodismo independiente, urgen respuestas contundentes, no evasivas y cambios de postura constantes. Porque nadie está exigiendo encarcelamientos, cacerías de brujas, cruzadas contra chivos expiatorios, diatribas delirantes que desestabilicen al país. Lo que sí se exige es verdad, lo que sí se pide es justicia, lo que sí se merece es punto y seguido, no punto final. En México hubo y hay actos escandalosos de corrupción. En México hubo y hay funcionarios y políticos que lo permitieron. La verdad sobre eso no debe ser vista como una concesión que se puede otorgar o quitar. Cualquier gobierno que se ostenta como verdaderamente transformador tiene que lidiar con el pasado, no sólo enterrarlo para evitar confrontaciones. La verdad y la justicia son un derecho. No son algo que AMLO/Morena deciden regalar; son algo que el poder nunca debió habernos quitado, como lo hicieron durante décadas el PRI y el PAN.  Es injusto que AMLO/Morena pidan que sus electores encojan sus expectativas cuando ellos mismos las incrementaron. Cuando ellos mismos hablaron de enfrentar a la mafia del poder y ahora la incorporan a consejos asesores. Cuando ellos mismos hablaron de cómo el país había acabado en el despeñadero y prometieron impedir que volviéramos a caer ahí. A AMLO no le corresponde juzgar o perdonar a los corruptos. No le toca prometer consultas para ver si el pueblo quiere perseguir a los corruptos o no.  Esa tarea le deberá tocar a fiscales y magistrados y jueces. Esa encomienda le corresponde a miembros del Poder Judicial, a la próxima Secretaría de la Función Pública, a las instancias y procesos que forman parte del Sistema Nacional Anticorrupción. AMLO no debe ser quien decida cuándo abrir carpetas de investigación o cerrarlas. La población –vía consultas– tampoco. A México le urge transitar del estado de derecho discrecional y politizado, al estado de derecho imparcial y generalizado. Sería una regresión reemplazar el dedo amputado de la PGR doblegada ante Peña Nieto por el dedo flamígero de una Fiscalía General sometida a AMLO, o guiado por las pulsiones del pueblo, enardecido y con razón.  Ese es el meollo del asunto. Evitar la corrupción no será sólo una cuestión de convicción personal o gobernar con el ejemplo o pedirle al pueblo su opinión. Requerirá apoyar la tarea de personas e instituciones que actúen con la ley en la mano, no a partir de instrucciones para dejar de hacerlo o hacerlo sólo a partir del 1 de diciembre sin mirar atrás. Qué hacer con el pasado y los criminales que lo habitaron es ingrediente esencial de una transformación integral. No es posible construir un futuro democrático sobre los cimientos de un pasado ciego, negado o selectivamente auscultado.  Preocupa que no habrá un fiscal general autónomo y por lo tanto servirá al placer del presidente y podrá ser presionado o removido por él. Preocupa que Morena presente una iniciativa para reducir el número de tribunales anticorrupción recién creados como parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Consterna que la Secretaría de la Función Pública –entre otras dependencias– esté recortando personal calificado, necesario para hacer la tarea que le toca. La austeridad es bienvenida, pero la impreparación no. El adelgazamiento de la burocracia improductiva es aplaudible, pero el debilitamiento de instancias diseñadas específicamente para combatir la corrupción no. Sin un fiscal general autónomo del Poder Ejecutivo, ¿cómo asegurar la imparcialidad en la procuración de justicia y su despartidización? Sin magistrados que juzguen futuros, ¿cómo se combatirá la corrupción?  El mensaje que se manda entre perdones, amnistías y consultas resulta confuso para quienes votaron por acabar con la corrupción del viejo régimen. Resulta desalentador vislumbrar la perpetuación de la impunidad y no su destierro. Ojalá AMLO/Morena rectifiquen y decidan, como lo advirtiera Havel, bajar hasta el fondo del pozo. Sólo así podremos contemplar las anheladas estrellas de verdad y justicia. Sólo así podremos entender y corregir y reparar. De otra manera, la Cuarta Transformación acabará diciendo: “No se preocupen, corruptos. Pueden irse en paz”. Este análisis se publicó el 25 de noviembre de 2018 en la edición 2195 de la revista Proceso.