CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- No sólo los separa una calle: por estos días entre el Palacio Nacional y la sede del Poder Judicial hay una pared de fuego. La disputa tiene dos cuerdas que se han hecho nudo: de un lado está la autonomía y del otro lado la austeridad salarial. Dos valores que, por separado, tienen mérito, pero que, al juntarlos, están provocando agravio.  Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador celebra la polémica, jueces y magistrados decidieron salir a la calle para protestar contra lo que consideran una arbitrariedad.  A principios de la semana pasada el magistrado Gabriel Alejandro Zúñiga Romero declaró, a nombre de su gremio, que se ha buscado posicionar “un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público, señalando cantidades excesivas … que no corresponden ni cercanamente a la realidad”. El argumento para disentir con el presidente está en el artículo 94 de la Constitución. Ahí se prohíbe explícitamente reducir la remuneración de jueces, ministros y magistrados mientras ostentan un cargo. Se trata de un antiguo principio que nació en Inglaterra y se introdujo en la Constitución mexicana de 1857, el cual tiene como propósito asegurar la autonomía de los juzgadores.  El dilema para los integrantes del Poder Judicial es claro: si se disminuyen el sueldo sin modificar el artículo 94, se violentaría la Constitución. Por otra parte, si se modificara ese artículo, entonces se vulneraría un principio fundamental de la autonomía.  Tan desafiante es el tema que ha provocado, también, diferencias entre el Palacio de Covián –donde despacha la secretaria Sánchez Cordero– y el Palacio Nacional. “¿Qué opinaría yo?,” se pregunta la exministra en voz alta: “(pues que) no se reduzcan los sueldos, porque no se los pueden reducir constitucionalmente, pero que tomen en cuenta la situación económica del país”.  Es obvio que el presidente López Obrador y los legisladores de su partido, Morena, pusieron en un grave predicamento al Poder Judicial al tensar la cuerda entre dos polos: pareciera imposible decidir entre autonomía y austeridad. O bien se privilegia la garantía constitucional, o bien se reducen los sueldos bajo el rasero propuesto por el Ejecutivo.  El principal acento de la tensión lo fija el nivel salarial que López Obrador decidió unilateralmente para sí mismo: dice el presidente que puede vivir con 108 mil pesos mensuales y eso habla bien de él.  Pero la pregunta es otra: más allá del individuo en cuestión, ¿se trata de un salario justo para el presidente de México? ¿Lo es para un magistrado, un ministro o un juez? ¿Es adecuado para la alta funsión pública? Desde el punto de vista de la riqueza de México, 108 mil pesos es un salario muy bajo para el presidente de la República: somos la economía 15 del mundo y tal criterio podría servir para ubicar el salario presidencial.  Angela Merkel, que gobierna Alemania, el cuarto país más rico del mundo, gana 600 mil pesos mensuales. Emmanuel Macron, que gobierna Francia –la séptima economía del mundo– ingresa 345 mil pesos mensuales. El ruso Vladimir Putin, cabeza de la potencia número doce, ingresa 219 mil pesos mensuales. Recep Tayyip Erdogan, de Turquía, que ocupa el lugar 17, obtiene 200 mil pesos mensuales. Cyril Ramaphosa, presidente de Sudáfrica, que ocupa el lugar número 26, obtiene 415 mil pesos al mes.  Desde este parámetro 108 mil pesos mensuales es un salario muy bajo para el presidente de México. Sin embargo, hay otro criterio que no podría pasar desapercibido: el ingreso promedio en el país.  Porque México es un país rico, pero absurdamente desigual, es que el salario fijado por la ley de remuneraciones para el presidente no es descabellado. El promedio del ingreso mensual de una familia mexicana es de 10 mil pesos, cifra que es 11 veces menor al salario establecido para el jefe del Estado mexicano.  Vale aclarar que se trata del ingreso promedio percibido por una familia que vive justo a la mitad del edificio mexicano; si se compara con los ingresos de un hogar ubicado en el primer piso, el presidente estaría obteniendo 54 veces más.  Ante estos tres criterios, nuevamente: ¿cuál es el ingreso justo para el presidente? ¿El que fija la Constitución en el artículo 94 para los ministros? ¿El que merecería por ser el jefe del Estado que es la potencia número 15 del mundo? ¿O el que debería obtener en un país tan desigual como el mexicano? Ninguna de estas preguntas se estaría haciendo en México si López Obrador no hubiera detonado la discusión. Desde este punto de vista vale celebrar que se exhiban por fin las desigualdades salariales del país y que se provoque conciencia al respecto.  Ahora bien, lo verdaderamente injusto es que sólo los argumentos del presidente vayan a pesar a la hora de resolver el dilema. Las discusiones que de entrada están ganadas no son discusiones sino imposición.  Como dice la exministra Sánchez Cordero, el Poder Judicial debería revisar con criterios de austeridad republicana sus gastos y prestaciones. Pero también el presidente López Obrador habría de reconsiderar, más allá del sueldo que él quiere percibir, si colocar la vara en los 108 mil pesos mensuales no es una exageración.  Según el acuerdo para 2018, en el que se autorizaron sueldos y salarios para los servidores del Poder Judicial, el ingreso máximo autorizado es de 269 mil pesos por mes: un ingreso 26 veces mayor que el percibido por la familia media mexicana que es, al mismo tiempo, superior a los ingresos percibidos por los presidentes de las potencias 12 y 17 del mundo (Rusia y Turquía). Otra manera de aproximarse a esta discusión sería promover la convergencia salarial en nuestro país, no sólo por la vía del achatamiento de los ingresos más altos –dentro del Estado–, sino también por la expansión de los salarios menos aventajados. Pero esta es una discusión para otro momento.  Mientras tanto, sigamos discutiendo qué es más importante, si la austeridad o la autonomía del Poder Judicial.   Este análisis se publicó el 16 de diciembre de 2018 en la edición 2198 de la revista proceso.