Guardia Nacional, polvos de aquellos lodos

viernes, 21 de diciembre de 2018 · 09:24
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cuando el oficialismo aprobaba en la comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el dictamen para la creación de la Guardia Nacional, desde San José, Costa Rica, llegaba un nuevo fallo internacional en contra de México por violaciones graves a los derechos humanos cometidos por elementos del Ejército. En plena discusión por la Guardia Nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) falló en contra del Estado mexicano por la desaparición forzada de tres personas durante el Operativo Conjunto Chihuahua que estuvo a cargo del Ejército, hace una década, durante el gobierno de Felipe Calderón. México reconoce la jurisdicción de la CoIDH, por lo que deberá acatar la resolución que encontró “internacionalmente responsable” al Estado mexicano de la desaparición forzada, un delito de lesa humanidad, de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes, en el ejido Benito Juárez, Chihuahua, hace nueve años, el 29 de diciembre de 2009. Esas desapariciones ocurrieron justo cuando la misma CoIDH había condenado al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, también a manos del Ejército, en 1974, durante la llamada guerra sucia a la guerrilla. Ese fallo ocurrió cuando iban tres años de otra guerra, la guerra al narcotráfico declarada por Calderón, quien descansó su estrategia de seguridad en las Fuerzas Armadas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin el lenguaje beligerante e incluso sin que en su discurso exista el tema de la delincuencia organizada, no solo también se ha abrazado a los militares, sino que rebasó a Calderón por la derecha y de plano está reformando la Constitución para darles el marco jurídico que han reclamado desde hace dos sexenios. El discurso en el Ejecutivo y en el Legislativo afirma que ahora con la Guardia Nacional no es lo mismo. Porque los militares, ahora sí, van a respetar los derechos humanos y “no van a reprimir al pueblo”. Dicen también que son distintos porque el Ejército y la Marina se han preparado como policías, a los que se sumará la Policía Federal y hasta 50 mil civiles que tendrán formación militar. Por eso el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, habla de una “policialización de los militares”. Si eso es posible más allá de la retórica. La Guardia Nacional será, en todo caso, un cuerpo paramilitar, pero con mando castrense porque estará integrado a la Secretaría de la Defensa Nacional. En su nuevo fallo, que obliga al Estado a indemnizar con un millón 490 mil dólares a los familiares de las víctimas, la CoIDH cuestiona expresamente que México haya optado por la participación de los militares en labores de seguridad. Asegura que esa participación derivó en un contexto de desapariciones y en un patrón de impunidad en el país; es decir, que a pesar de los cientos de quejas contra las Fuerzas Armadas por violaciones graves a los derechos humanos por la guerra al narcotráfico, el Estado mexicano ha terminado por encubrir, en su gran mayoría, a los responsables materiales, pero sobre todo a quienes dieron las órdenes. Los actuales mandos en el Ejército y la Marina vienen de esa segunda guerra. Estaban en el medio del escalafón y obedecían a los entonces mandos que estaban de manera decidida a cumplir las órdenes presidenciales. Ahora les toca estar al frente de la guerra. Porque es claro que la continuarán a través de la Guardia Nacional. Por lo menos en los próximos cinco años, como propone una modificación al dictamen de su creación. Es de esperar que sean desplegados, sobre todo, en aquellos territorios donde el Estado ha perdido el control. ¿Qué diferencia hay entre los militares que desaparecieron a personas durante la “guerra sucia” y la “guerra a las drogas” y los que serán la columna de la Guardia Nacional? Es algo que solo el presidente y los suyos lo saben. @jorgecarrascoa

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