CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Paso a paso, Enrique Peña Nieto ha puesto en práctica la estrategia para imponer a su candidato mediante la utilización ilícita y punible de las instituciones del Estado. El mandatario está resuelto a lograr, a como dé lugar, algo prácticamente inalcanzable por la vía de la legalidad electoral: que José Antonio Meade resulte ganador en los comicios del 1 de julio, a pesar de estar ubicado en un lejano tercer lugar en todas las encuestas, del rechazo al presidente y su partido, además de su escaso carisma y lo anodino de su oferta de campaña. Por tanto, Peña Nieto ha decidido abusar del poder presidencial para evitar a toda costa que el voto ciudadano favorezca a Ricardo Anaya o a Andrés Manuel López Obrador. Erigido en autócrata, el presidente ha convertido su voluntad en norma suprema, mostrando un absoluto desdén por la legalidad y los derechos democráticos. “Si algo sé es ganar elecciones”, ha prometido con orgullo, sin darse cuenta de que esa frase representa una confesión implícita de su experiencia en materia de corrupción electoral. El mandatario se revela a sí mismo como un delincuente electoral encubierto y, empeñado en cumplir su promesa, actúa en consecuencia. Así lo demuestra su estratagema para anular o eliminar a los adversarios de su candidato. “No me voy a meter en este proceso electoral”, declara con una seguridad del tamaño de su cinismo. Los hechos lo contradicen. El nuevo embate contra el abanderado de la coalición Por México al Frente es una prueba más de la estrategia presidencial basada en la erosión y manipulación de las instituciones del Estado. He aquí un breve resumen de su decálogo: 1) Evitar que la Fiscalía General de la República cuente con la autonomía indispensable para su buen funcionamiento. 2) Dejar como encargado de la PGR a un titular que garantiza sumisión absoluta a la justicia politizada y corrompida dictada por el presidente, beneficiando a sus allegados y hostigando a sus opositores. 3) Obstaculizar al máximo el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción y postergar indefinidamente el nombramiento del fiscal anticorrupción. 4) Cese fulminante del titular de la Fepade para suspender la investigación sobre la presunta corrupción Odebrecht-Emilio Lozoya, además de dar rienda suelta a los delitos electorales del PRI. 5) Cooptar a la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 6) Recortar el presupuesto del INE y mantenerlo en jaque a través del TEPJF. 7) Garantizar el flujo de dinero destinado a la compra del voto, coordinado por el titular de Sedesol y el secretario de Finanzas del PRI. 8) Convertir a la Secretaría de Hacienda en arma de corrupción electoral, así como al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera en instrumentos de acoso fiscal contra los candidatos de la oposición. 9) Utilizar a la Secretaría de Gobernación y el Cisen para coordinar el espionaje e intimidación de opositores y críticos. 10) Estar abierto para emprender cualquier acción o artimaña que sea funcional para los fines de esta estrategia. Las democracias actuales ya no suelen terminar con el estruendo de un golpe de Estado, sino con el gemido prolongado producido por el lento debilitamiento de las instituciones democráticas. En lugar del levantamiento militar que produjo la muerte del presidente Salvador Allende y de la democracia chilena en 1973, hoy las democracias fallecen paulatinamente mediante la erosión de los organismos judiciales y de los equilibrios legislativos, del deterioro de las entidades autónomas y de la cooptación o censura de los medios de comunicación. Así cayeron las democracias en Venezuela, Perú, Nicaragua, Polonia, Hungría, Rusia y Turquía. En el libro How Democracies Die (Así mueren las democracias), publicado en enero de este año, los profesores de política comparada de la Universidad de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt muestran que en distintas partes del mundo los autócratas electos utilizan estrategias muy similares para subvertir la institucionalidad democrática que los llevó al poder. La decadencia de la democracia empieza en la urna electoral. Los ciudadanos votan, pero los autócratas electos simulan respetar el sistema democrático mientras van envenenando su esencia. Esa es la trágica paradoja del autoritarismo electoral: Los demagogos y autócratas electos son los asesinos de la democracia. Utilizan las propias instituciones democráticas para gradual y sutilmente terminar por exterminarla, escriben Levitsky y Ziblatt. Eso es lo que Peña Nieto pretende hacer en México para que Meade se convierta en su sucesor. Su estrategia responde, sobre todo, al miedo de correr la misma suerte de sus contrapartes de Brasil, Perú, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y Colombia, que han sido acusados de corrupción. Algunos de ellos están en la cárcel. Se explica el temor que lo invade; el problema es que la defensa de los intereses del presidente y su pandilla pone en riesgo la legalidad y gobernabilidad democrática del país. Seguimos siendo una democracia extremadamente endeble y frágil frente a los embates de los autócratas. Por eso es imperativo frenar la estrategia del presidente-autócrata que pretende anular el derecho de los mexicanos a elegir a sus gobernantes mediante el voto universal, libre, secreto e intransferible. La responsabilidad del Ejecutivo es garantizar el ejercicio de ese derecho inalienable, así como la imparcialidad de las autoridades para asegurar la equidad de la contienda. Sin ese sustento de legitimidad, el sistema democrático se derrumba. El intento de Peña Nieto por eliminar a Anaya de la boleta electoral es análogo al frustrado desafuero de López Obrador emprendido por Vicente Fox. Fox traicionó la transición democrática y marcó el fracaso de la alternancia. Al final tuvo que recular, pero el daño estaba hecho. La herida en la legitimidad democrática del país sigue abierta y aún puede sangrar. Si Peña Nieto no rectifica, pasaría a la historia de la ignominia como el asesino de la democracia mexicana. Este análisis se publicó el 11 de marzo de 2018 en la edición 2158 de la revista Proceso.