CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La información juega un papel muy relevante en la vida democrática de cualquier país. Una sociedad informada participa, demanda y exige; un gobierno democrático rinde cuentas. En México nos hemos acostumbrado a un Estado que administra la información y que busca a toda costa dosificarla para controlar el debate público a través de miles de millones de pesos que salen de las cuentas del erario y alimentan las líneas editoriales de los medios de comunicación. Así, el gobierno federal ha gastado, en sólo cinco años, más de 40 mil millones de pesos para decirnos que “las cosas buenas cuentan” o “que lo bueno siga contando”. Nadie muerde la mano que le da de comer y la dependencia de los medios de comunicación al dinero público genera una relación amor-odio entre éstos y el poder. De esta manera, la publicidad oficial figura como un crédito indeterminado que incrementa o decrementa su línea si se cumplen las expectativas de quien lo asigna. Además, es el termómetro que define la información que recibe la sociedad, pues no existe nadie que verifique el mensaje que se busca difundir o que controle el gasto. Este problema no es actual, es histórico y radica en un sistema de medios que funciona con el autoritarismo, donde el director editorial se encuentra dentro de las oficinas gubernamentales y ciertas familias privilegiadas –los dueños de los medios– son quienes cuidan el mensaje. Por todo esto, Article 19 y Fundar hemos trabajado desde hace casi una década por que existan criterios claros, objetivos y transparentes para la asignación de la pauta oficial, por que existan controles de gasto y un organismo externo que determine su asignación, por que los mensajes que se difundan sean de utilidad pública y para que se conviertan en un canal de comunicación efectivo entre el Estado y la sociedad. En 2007 el Congreso había aprobado una reforma constitucional que prohibía la promoción personalizada y el uso de imágenes, figuras y símbolos en la publicidad oficial. Ante la falta de una regulación específica, una sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia le ordenó emitir una ley a más tardar el 30 de abril de este año. La sentencia planteaba algunos problemas que habrían de resolverse con esta ley. El primero de ellos tiene que ver con el ejercicio indiscriminado y sin control de los recursos públicos; el segundo, el efecto inhibidor que provoca la publicidad oficial en la libertad de expresión de las y los periodistas; y el tercero, el impacto en la información que recibe la sociedad. No obstante, y a unos cuantos días de que feneciera el plazo fijado por la Corte, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen que confirma la simulación democrática de nuestro país. Este dictamen, que ha sido turnado al Senado para su revisión, lejos de atacar los problemas que dan origen a la exigencia ciudadana de regulación, los acentúa y generaliza. A lo largo de las discusiones, las afirmaciones versadas por las y los diputados­ que han impulsado esta ley (PRI-PVEM-Panal) radican en la mentira y el engaño. En tribuna se les escuchó decir que esta ley no atenta contra la libertad de expresión, que fomenta la rendición de cuentas, que integra las recomendaciones de la sociedad civil, que hubo apertura y diálogo, pero nada de esto ocurrió. Esta simulación legislativa es simplemente un intento de legitimar el cumplimiento de la sentencia de la Corte para no incurrir en desacato. La falta de voluntad y de compromiso de quienes desfilaron el martes 10 ante el pleno de la Cámara de Dipu­tados evidencia los intereses a los cuales están alineados y un desapego total de un verdadero interés social. De esta manera, el dictamen turnado regula las malas prácticas, fomenta la centralización de facultades en la Secretaría de Gobernación, haciendo de la publicidad oficial un instrumento de control político y, paradójicamente, propone su entrada en vigor el 1 de enero de 2019, otorgando un cheque en blanco a los distintos gobiernos, servidores públicos y medios de comunicación durante las elecciones más caras de la historia. Es así que en las próximas semanas el Senado tiene la oportunidad histórica de incidir en una ley que cumpla con los estándares y bases mínimas sobre la regulación de la publicidad oficial. A escasas dos semanas del 30 de abril, el tiempo juega en contra, porque no fue suficiente que pasaran 10 años de la reforma político-electoral, cuatro de la omisión legislativa, ni que dejaran pasar cinco meses desde que se dictó la sentencia para que ahora quieran emitir una ley a modo, una ley pactada, la ley del PRI. La aprobación de esta ley sin modificaciones supondría que todos los días estemos expuestos a la promoción de figuras públicas y a los logros de los distintos gobiernos, alejándose de lo establecido por el artículo 134 constitucional que fija que la publicidad oficial debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. La democracia está siendo lastimada en sus valores más profundos, en el ejercicio de las libertades democráticas. Por esto, el Senado tiene que decidir el papel que quiere jugar, la oposición al PRI –no con ausencias ni abstenciones, sino con observaciones y votos en contra– tiene la oportunidad de mostrar qué tan cierto es su discurso de cambio, qué tanto busca que “lo bueno siga contando”. *Ana Cristina Ruelas es directora regional de la Oficina para México y Centroamérica de Article 19; Ricardo Reyes es abogado del área de derecho a la información de esta organización.