CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las difíciles circunstancias políticas que caracterizan la vida brasileña desde 2013 han llegado a uno de sus puntos más críticos con el encarcelamiento del expresidente Lula da Silva. Se trata de una de las figuras más destacadas de la izquierda latinoamericana. Su destino conlleva un mensaje elocuente para las luchas políticas en la región; el futuro mismo de la vida democrática está en juego. La descomposición de las instituciones políticas en Brasil ha tenido un proceso accidentado durante los últimos cinco años. El nivel de las movilizaciones callejeras; el carácter disfuncional de un Congreso donde operan formaciones políticas numerosas, algunas volátiles y sólo dispuestas a negociar para vender su voto; la polarización de la sociedad propiciada por profundos desacuerdos respecto a la prioridad, o no, que se debe otorgar a los problemas sociales; la amenaza siempre presente de la vuelta de los militares al poder. Todas esas circunstancias han dado el tono a un proceso que avanza, muy posiblemente, hacia una forma de golpe de Estado. Dos momentos clave sirven para ilustrar las contradicciones y el deterioro de la vida política en Brasil: el primero, la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, caracterizada por lo mal sustentado de las acusaciones y la doble moral de quienes la acusaban, la mayoría de los cuales se encuentra bajo procesos de investigación por corrupción; el segundo, la fuerza adquirida por el movimiento Lava Jato (limpiar el coche), destinado a luchar contra la corrupción, pero convertido, de manera muy perversa, en instrumento para combatir a la izquierda brasileña agrupada, principalmente, en el Partido del Trabajo (PT). Nadie puede desconocer la urgencia de combatir la corrupción que recorre las actividades de empresarios y políticos brasileños; pero nadie puede desconocer que las formas y los tiempos en que ha ocurrido ese combate, en el caso de Lula, tenían una clara intención política. En efecto, la posibilidad de participar en las elecciones de octubre, cuando las encuestas lo colocaban como el candidato puntero, convertían a Lula para muchos en el enemigo a vencer. Así, la historia de Lava Jato deja como enseñanza el grado en que causas justas –como lo es la lucha contra la corrupción– pueden convivir con métodos condenables para la vida democrática. El deterioro de los mecanismos políticos brasileños ha tenido como telón de fondo los problemas sociales y la enorme polarización de Brasil. Al igual que otros países latinoamericanos, la desigualdad es allí el fenómeno sobresaliente. El adelanto tecnológico y la modernidad, tan visibles en las grandes ciudades del país, están acompañados de la pobreza lacerante en los cinturones de miseria que las rodean (las famosas favelas vienen de inmediato a la mente), así como de los problemas de marginalidad y atraso de grandes regiones en el nordeste del país. A finales del año pasado, un informe de la conocida ONG Oxfam, titulado La distancia que nos une; un retrato de las desigualdades brasileñas, ofreció datos contundentes sobre las desigualdades existentes, tanto desde el punto de vista político como económico. Hizo notar los avances logrados en años anteriores (bajo los gobiernos del PT), cuando salieron de la pobreza 26 millones de brasileños. Sin embargo, advirtió sobre el grave retroceso que estaban causando las medidas económicas del sucesor de Dilma, Temer. Tales medidas han provocado dos huelgas generales y la animadversión hacia el nuevo mandatario cuya popularidad se encuentra en un escaso 3%. No es sorprendente, entonces, que al acercarse los comicios de 2018 la figura de Lula, quien dejó el poder con 80% de popularidad, haya resurgido colocándose rápidamente con un 35% de intenciones de voto. Su encarcelamiento frenó el avance hacia un nuevo mandato para quien es profundamente odiado tanto por la alta burguesía, como por grupos de clase media que prefieren mantener a distancia a los grupos populares, entre los que se encuentra una población negra a la que no se le ha dado acceso al poder político. La citada publicación de la Oxfam apunta a que en el Congreso la mayoría, 80%, son hombres blancos y ricos. “Hay una desconexión entre la foto del Congreso y la foto de la sociedad brasileña”, concluye. Las elecciones de octubre tendrán lugar bajo circunstancias de enorme tensión. La primera interrogante se refiere a la posibilidad de mantener la candidatura del expresidente en la cárcel. Por lo pronto, es lo que sostiene el PT. Sin embargo, es poco probable que ese camino lo lleve al éxito. Será necesario encontrar a otro líder a quien Lula transmita su apoyo. Lo grave de la situación es haber abierto la puerta para el ascenso del candidato de extrema derecha que, por ahora, es el segundo (20%) en las encuestas. Jair Bolsonaro es un exmilitar conocido como homófobo, machista y defensor de la tortura. Su personalidad resulta atractiva para el ejército que ha hecho sentir claramente su voluntad de participar más activamente en la arena política. No se puede perder de vista que el jefe de las fuerzas armadas hizo un pronunciamiento de enorme significado destinado a presionar para que se acelerara la detención de Lula. A nombre de “no a la impunidad”, el ejército tomó partido para acelerar el encarcelamiento de uno de los más decididos opositores a su dominio durante la dictadura militar. La moneda está en el aire hasta las elecciones de octubre. La desigualdad, la inseguridad y la corrupción se encuentran en el centro de la disputa. La posibilidad de avanzar por nuevos caminos es incierta. Lo único que se ve con claridad es la persistencia del malestar entre los grupos marginados y la tendencia a mantenerlos a raya mediante el autoritarismo militar del que en Brasil hay los peores recuerdos. El papel de la lucha contra la corrupción y el gran poder adquirido por el poder judicial no es, en tales circunstancias, motivo de complacencia. Por el contrario, es un elemento más de la tragedia brasileña. Este análisis se publicó el 15 de abril de 2018 en la edición 2163 de la revista Proceso.