CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A dos meses de las elecciones, la avidez de poder está en su apogeo. Los aspirantes a presidir las instituciones nacionales se regodean en el estruendo y los insultos, prescindiendo de proponer ideas sensatas y soluciones viables para enfrentar los complejos desafíos derivados de la responsabilidad de gobernar. Eso sí, prometen todo sin decir cómo pretenden lograrlo, ni mucho menos haber analizado con rigor la pertinencia y las consecuencias de lo que ofrecen. La única meta es obtener la mayor cantidad de votos, a como dé lugar. La mercadotecnia ha desplazado por completo al pensamiento y la ética. Obnubilados en la vorágine de sus campañas, los candidatos han ignorado el factor que da origen al atraso político y socioeconómico del país: la carencia de un auténtico Estado de derecho. Ninguno de ellos se ha dado cuenta de que los temas centrales de sus proyectos –corrupción e impunidad, pobreza y desigualdad, inseguridad, violencia y crimen organizado, democracia traicionada y suciedad electoral, baja calidad de la educación, economía informal, e incluso la baja productividad y el deficiente crecimiento económico– tienen una raíz común: la ausencia del imperio de la ley. Sin Estado de derecho surgen el autoritarismo y la cleptocracia. México es un claro y doloroso ejemplo de ello. Dicho rezago político es el principal obstáculo para el desarrollo integral del país. ¿A alguien le importa suplantar la arbitrariedad y el abuso de poder por el imperio de la ley? Hasta ahora, a ninguno de los candidatos porque hablar de Estado de derecho no da votos, es difícil de explicar y, sobre todo, porque significa acotar, controlar y supervisar el poder presidencial. La megalomanía, no la ética de responsabilidad (Weber), mueve la ambición de quienes aspiran a ser depositarios del “Supremo Poder Ejecutivo de la Unión”. Existe una fuente de información de prestigio internacional para valorar el Estado de derecho, que acaso pueda servir para sacar de su letargo intelectual si no a los distraídos candidatos, al menos a sus asesores. El Proyecto Mundial de Justicia (WJP por sus siglas en inglés) es un estudio comparado sobre la calidad del Estado de derecho realizado en 113 países a fin de analizar, evaluar y promover el imperio de la ley (rule of law) en todo el orbe. La edición 2017-2018 del WJP, publicada en enero de este año, ubica a México en el lugar 92 de la lista, con un descenso de 4 puntos con relación al año anterior, sólo por encima de Guatemala (lugar 96), Nicaragua (sitio 99) y Venezuela (último lugar mundial, 113), en el ámbito latinoamericano. El World Justice Project analiza ocho factores que permiten valorar la calidad y el funcionamiento del Estado de derecho en cada país: 1) Límites del poder gubernamental.  2) Corrupción política. 3) Transparencia gubernamental. 4) Respeto a los derechos humanos. 5) Orden y seguridad de las personas y la propiedad. 6) Imparcialidad y eficacia en la aplicación de la ley. 7) Justicia civil. 8) Justicia penal. En todos esos temas, salvo en el de transparencia, México está ubicado dentro del tercio más bajo del mundo, lo cual confirma que el desastroso sistema de justicia del país es de los peores del orbe. En el rubro de la justicia penal, el resultado es aterrador: México ocupa el lugar 105 de 113. Sólo siete naciones tienen instituciones de justicia que funcionen peor que las nuestras. Estos datos no pueden dejar indiferente a nadie, menos aún a quienes pretenden gobernar a México ofreciendo una transformación profunda mediante promesas ambiguas, inviables e incluso descabelladas. De acuerdo con la encuesta más reciente publicada en el diario Reforma el 2 de mayo, Andrés Manuel López Obrador se mantiene como puntero con 48% de intención de voto. Ricardo Anaya subió a 30%, después de haber descendido a 26% en abril. José Antonio Meade sigue en descenso con 17%, un punto menos que el mes pasado, ubicándose en un distante tercer lugar. ¿Cuáles son los escenarios posibles a partir de estas cifras? Se ve difícil alcanzar al puntero, aunque todavía faltan alrededor de 50 días y dos debates para las elecciones, lo cual ha desatado una serie de adivinanzas, sugerencias y a­nhelos en torno al voto útil. Empecemos por las sumas. Si al candidato del Frente se le agregan todos los votos de la coalición del PRI, le faltaría un punto para empatar con AMLO, pero lograría superarlo con los 5 puntos de Zavala y el Bronco. Sin embargo, el voto útil no funciona así. En primer lugar, existen limitaciones legales que impiden que Meade declinara en favor de Anaya (o viceversa), para que sólo uno de ellos apareciera en la boleta sumando en un recuadro a las dos coaliciones. Además, hasta ahora ninguno de los dos está dispuesto a abandonar la contienda. El voto útil se repartiría entre varios candidatos. De acuerdo con una encuesta de Berumen y Asociados, un 15% del electorado estaría dispuesto a cambiar su voto para darle mayores posibilidades de triunfo a alguno de los contendientes. Se calcula que ello le daría 3 puntos a Anaya, 2.5 a López Obrador y 1.6 a Meade. En caso de que la contienda fuera sólo entre AMLO y Anaya, Consulta Mitofs­ky señala que los votantes de Meade transferirían 2 puntos al primero y 2.3 al segundo. Si los finalistas fueran AMLO y Meade el voto útil le daría 7 puntos al primero y sólo 1.2 al segundo. En consecuencia, el voto útil por sí solo tampoco sería suficiente para que, en una competencia entre dos, AMLO fuera superado por el contrincante (Anaya o Meade). Ante este panorama, los estrategas del Frente intentarán quitarle votos a López Obrador, en tanto que los seguidores de Meade lo siguen viendo como la mejor opción y le recomiendan que rompa con el presidente Peña Nieto como condición para elevar su posibilidad de victoria, así como permitir la continuidad del proyecto iniciado hace tres décadas por Salinas de Gortari. Sea quien fuere el vencedor, lo deseable es que el proceso electoral culmine sin violencia y con respeto a la legalidad. ¡Es el Estado de derecho, idiotas… perdón, candidatos! Este análisis se publicó el 6 de mayo de 2018 en la edición 2166 de la revista Proceso.