CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Veinticinco años cumple Greenpeace México. Hace un cuarto de siglo ya demandaba a las autoridades nacionales la adopción de medidas urgentes para garantizar aire limpio para la población. A este día, ese grave problema persiste, y por ello se renueva esa exigencia. Solamente que en esta ocasión la lucha se lleva de las manifestaciones públicas a los tribunales. Dos juicios de amparo se han interpuesto en los Juzgados de Distrito de la Ciudad de México. En ambos, el planteamiento es esencialmente el mismo: necesitamos mejores normas oficiales sobre la calidad del aire que respiramos. El costo en vidas, problemas de salud y en daños económicos, es inaceptable. El primer paso para enfrentar el problema es ajustar nuestra normativa a los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). No obstante, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con sus evasivas rechaza hacer lo correcto. El caso es tan obvio que es inevitable preguntarse por los intereses reales que defiende la Cofepris. Si su actuación respetara la Constitución, a la semana que se le presentaron las peticiones para ajustar las normas oficiales mexicanas sobre calidad del aire y emitir una norma de emergencia durante ese período de ajuste, las tendría que haber contestado favorablemente. Sin embargo, tuvieron que pasar más de tres meses en silencio, hasta que un grupo conformado por una niña y cinco niños, le demandaron en amparo su falta de respuesta, lo mismo que Greenpeace México en un juicio de amparo paralelo. En el colmo de la insensatez, la reacción inicial de la Cofepris fue decir a los juzgados que no encontraba las peticiones presentadas, luego pretextó su excesiva carga de trabajo como motivo para no responderlas a tiempo, y finalmente contestó que quedaba en espera de que las personas peticionarias hicieran su trabajo para atender la exigencia hecha. Así que, ¿para quién trabaja la Cofepris? ¿Acaso es otro ejemplo de la captura del Estado? Según informes del Instituto Nacional de Salud Pública, se pueden evitar muertes prematuras si se mejora la calidad del aire. Esta situación es reconocida en el Programa de Gestión Federal para mejorar la Calidad del Aire de la Megalópolis 2017-2030 y también en la Estrategia Nacional de Calidad del Aire 2017-2030, del gobierno de la República. En esta última se afirma que solamente en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, se evitarían 2170 fallecimientos prematuros si se adoptaran los estándares recomendados por la OMS, es decir, 853 personas se salvarían si las normas oficiales mexicanas siguieran ese patrón. El ahorro económico sería de 18 mil millones de pesos, con ese ajuste de valores. Otro dato aún más preocupante se encuentra en el artículo “Impacto económico y en salud asociado a contaminación atmosférica en ciudades mexicanas”, publicado como parte de una serie de avances de investigación, del Fondo Sectorial de Investigación Ambiental Semarnat-Conacyt, pues ahí se calculó, según resultados preliminares, que “alrededor de 17 mil 700 muertes anuales podrían evitarse si, en las ciudades analizadas [doce], se cumpliera con las recomendaciones de calidad de aire de la OMS”, o 6 mil 704 si se cumpliera la norma mexicana para partículas PM10. Pensemos que muchos más miles de personas seguirían con vida si las autoridades del país hicieran su trabajo, pues no debe perderse de vista que ese cálculo es anual y que tenemos muchos años con normas oficiales sobre calidad del aire que no atienden los valores más protectores de la OMS. La inmovilidad de nuestras autoridades nos está matando. Peor, el impacto para ciertos sectores de la población se agrava por colocarles en situaciones de vulnerabilidad. Es el caso de las niñas y niños. ¿Hará falta que se transmita en las redes sociales el momento exacto en que una persona se desplome sin vida en la calle, muerta por la mala calidad del aire, para cumplir con la exigencia de protegernos al máximo? Evidentemente no necesitamos llegar a esos extremos. Esa es una de las razones para promover ambos juicios de amparo. Greenpeace México lo hace con apoyo en los recientes precedentes judiciales que reconocen la posibilidad de que organizaciones civiles demanden la protección de los derechos humanos de toda la población, congruente además con su objeto social de defensa del medio ambiente –derecho estrechamente relacionado con los de vida, integridad y protección a la salud, como ha destacado hace poco la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Opinión Consultiva OC-23/17–. Y por lo que toca a la especial protección que se debe dar a la población infantil, el desarrollo integral de niñas y niños ha sido enfatizado recientemente en el Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, enfocado en el vínculo entre los derechos de la niñez y la protección del medio ambiente. Toca aguardar que así como en los últimos días sobresalieron dos “Juzgados por la Paz”, ahora den un paso al frente otros “Juzgados por un Aire Limpio”. La muerte nos llega sin excepción, pero mientras exista al menos algún “Juzgado Defensor de Derechos Humanos”, lo mínimo que se espera es que la muerte no nos visite apresuradamente, por culpa de la irresponsabilidad de las autoridades.