CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Estamos ante un acontecimiento inédito de dimensión histórica y consecuencias impredecibles. Paradójicamente, ha nacido una nueva hegemonía legitimada por los resultados de una elección democrática. La rotunda victoria de Andrés Manuel López Obrador en las urnas le otorga una autoridad que le permitirá gobernar sin contrapesos en el Congreso, incluso para modificar la Constitución o para dejar de hacerlo, como en el caso del artículo 102 de la Carta Magna que dejaría la procuración de justicia en manos del Señor Presidente. El virtual mandatario electo y líder de Morena tendrá un poder (¿casi?) absoluto que ni Carlos Salinas de Gortari tuvo.  Ello puede dar lugar a una grave e inadmisible regresión: La restauración de un presidencialismo autoritario de partido “casi único”, siguiendo una larga tradición de arbitrariedad y abuso del “Supremo Poder Ejecutivo de la Unión”. Existe incertidumbre sobre cómo utilizará AMLO el inmenso poder ganado con más de 30 millones de votos (53% de los sufragios emitidos), 303 escaños en la Cámara de Diputados y 70 en la de Senadores, cinco gubernaturas, 19 legislaturas locales y 252 municipios incluyendo nueve capitales. Es claro que su arrollador triunfo electoral le otorga el mandato para elaborar las políticas públicas destinadas a combatir la pobreza y la desigualdad. Su liderazgo y vocación social están fuera de duda, aunque exista el temor de que pudieran ser utilizados con fines clientelares.  Asimismo, la desconfianza respecto a un manejo irresponsable de las finanzas públicas parece haber desaparecido. Las cúpulas empresariales se volcaron en elogios y muestras de apoyo al candidato triunfante, a los que se sumó una nutrida y heterogénea lista de personajes, incluido el mismísimo capo di tuti capi (Zaid dixit) o “jefe de la mafia del poder”, el antaño “Innombrable” (AMLO dixit). La dinosáurica cargada se ha morenizado en favor de quien emprenderá “la cuarta transformación nacional”.  Lo que haya detrás de esas súbitas y melosas manifestaciones de aliento de los representantes de los grupos de interés más destacados del país, así como “la concordia increíble” entre el mandatario en funciones y su sucesor, habrá que investigarlo con rigor. Sólo el presidente de Coparmex condicionó dicho apoyo: “Esperamos lo mejor y nos preparamos para lo peor” (Proceso 2175).  El rango de interpretaciones sobre esos acuerdos es amplio y variado. La versión más difundida es que se trató de una actitud de institucionalidad republicana –mezcla de sensatez y sano pragmatismo– entre López Obrador, los representantes de la iniciativa privada y Enrique Peña Nieto para calmar el nerviosismo de los mercados y proyectar una imagen de madurez democrática, dentro y fuera del país, así como para permitir una transmisión apacible del poder basada en la civilidad y la cooperación.   En el otro extremo, han surgido teorías de la conspiración que pretenden mostrar que el proceso y los resultados electorales, los acuerdos entre AMLO y Peña Nieto, así como con los empresarios y las televisoras, son producto de una estrategia política y mediática para renovar el pacto de impunidad entre la élite del poder saliente y la entrante.  Existen elementos para la suspicacia. ¿Sigue vigente la “amnistía contra corruptos” ofrecida por López Obrador en agosto de 2016? ¿Son compatibles la reconciliación y la promesa de acabar con la corrupción? ¿Se ha creado un nuevo pacto de impunidad?  AMLO enfrenta un dilema fundamental: Crear un Estado democrático sustentado en instituciones políticas sólidas y funcionales o renovar la nefasta tradición del ejercicio autoritario del poder.  El distinguido constitucionalista Diego Valadés advierte que AMLO “tendrá que trascenderse a sí mismo” para evitar que, “víctima de su propio triunfo, termine por restaurar el presidencialismo hegemónico”, lo cual “sería una regresión”. Enfatiza que la tarea del próximo gobierno es “crear instituciones de un verdadero estado de derecho” porque “no basta el ejemplo personal”. Y previene: Si el próximo gobierno no logra construir un Estado democrático, “el desencanto será generalizado” (Proceso 2175).  La negativa de López Obrador de modificar el artículo 102 para garantizar la verdadera autonomía de la nueva Fiscalía General de la República en sustitución de la actual Procuraduría dependiente del Ejecutivo es contraria a la creación de instituciones que fortalezcan el estado de derecho y apunta hacia la restauración del presidencialismo autoritario. Tal decisión, al parecer irreversible, es regresiva.  Aparte de su poder político derivado del mandato de las urnas, López Obrador sabe que para negociar desde una posición de fuerza con los diversos grupos de interés, el control de la Fiscalía General de la República –es decir, tener la capacidad de decidir a quién se investiga y procesa por delitos de corrupción o de otra índole– es el arma idónea para imponer respeto y docilidad en sus interlocutores. “Es más seguro ser temido que amado”, asegura Maquiavelo en El Príncipe. Ningún poder mayor y más eficaz que el de poseer la llave de la impunidad selectiva. Se atribuye a Juárez una elocuente frase con la que parece comulgar AMLO: “A los amigos justicia y gracia, a los enemigos la ley a secas”. Acaso ello explique su preferencia por una Fiscalía con autonomía simulada que siga dependiendo del Ejecutivo. Decepcionante para quienes esperamos un cambio verdadero. No es justo ni congruente que 90 años después del último informe del presidente Calles en el que manifestó la necesidad de que México pasara “de la condición histórica de país de un hombre a la de nación de instituciones y leyes”, la sombra del caudillo-presidente aún no se haya disipado. AMLO: Recuerda que, a diferencia de la fe, la esperanza no es ciega ni perenne. Di no a la regresión. No canceles la esperanza derivada de tu victoria. Conviértete en un auténtico hombre de Estado para pasar a la historia como un buen presidente. México lo merece. Este reportaje se publicó el 15 de julio de 2018 en la edición 2176 de la revista Proceso.