CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Invadido por el entusiasmo de su rotundo triunfo electoral, Andrés Manuel López Obrador ha mostrado desde el 2 de julio un afán irrefrenable de ejercer el poder. Lamentablemente el tono sereno y conciliador de su primer discurso como virtual presidente electo –que fue muy bien recibido por la ciudadanía, incluyendo a opositores y críticos– ha ido cambiando por uno marcado por el apresuramiento, la confrontación y, en ocasiones, la arbitrariedad. Por el bien de su propio proyecto y del país sería conveniente introducir una buena dosis de reflexión y cautela en la toma de decisiones, así como en su estrategia de comunicación, a fin de evitar que la esperanza surgida de su apabullante victoria en las urnas se erosione aun antes de asumir el mandato como presidente constitucional. En el lapso como virtual presidente electo muchos asuntos –de fondo o de efecto escenográfico– han acaparado la atención de la opinión pública y algunos de ellos han provocado desconcierto, incertidumbre, críticas e indignación en diversos sectores de la sociedad, incluyendo a muchos de sus correligionarios y a miembros destacados de su equipo de trabajo. Ello ha ocasionado una tensión creciente y riesgosa que convendría despresurizar. He aquí una enumeración abreviada de esas fuentes de controversia y presión: Negarse a modificar el artículo 102 de la Constitución para garantizar una Fiscalía General de la República que sea funcional e independiente del Ejecutivo, increpar a consejeros del INE, cancelar el nuevo aeropuerto, vender el avión presidencial, la pifia del Papa, amenazar con despedir a 70% del personal de confianza del gobierno, imponer a virreyes para controlar a los gobernadores, convertir a Los Pinos en centro cultural, imponer una “Constitución Moral”, nombrar a Bartlett para dirigir la CFE, despertar la sospecha de conflicto de interés al visitar la megaempresa agroindustrial propiedad de quien será su jefe de gabinete o, en Ciudad Juárez, pedirles a las víctimas que perdonen y escuchar como repuesta: “¡Sin justicia no hay perdón! ¡Ni perdón ni olvido!” Entre otras, esas son las medidas que con sobrada razón han causado polémica y rechazo, además de un progresivo aumento de la tensión previa a su toma de protesta. La indudable e inédita legitimidad lograda en las urnas debiera traducirse en una firme convicción de que en tres meses y medio tomará posesión como presidente de la República y habrá de asumir la responsabilidad de convertirse en el hombre de Estado capaz de resolver los grandes desafíos de la nación: Recuperar la seguridad de los ciudadanos, combatir la pobreza y la desigualdad mediante una política de desarrollo económico con inclusión, además de cumplir con la misión principal del nuevo gobierno: Erradicar la corrupción y la impunidad. Eso es lo que esperan de AMLO los 30 millones de mexicanos que votaron por él y también los que no lo hicieron. Junto a dichas metas prioritarias, hay muchas más que son de gran importancia, otras relevantes y algunas prescindibles. La distinción y jerarquización entre unas y otras es indispensable. La esperanza depositada en el próximo presidente de México es tan grande como la legitimidad democrática otorgada por 53% de los votos emitidos en una ejemplar jornada electoral. Por tanto, su obligación primordial es utilizar ese inmenso capital político para transformar el país, construyendo una nación más segura, más justa, más igualitaria, más libre y más democrática, con instituciones sólidas y un auténtico Estado de derecho. Ello exige evitar a toda costa dilapidar su capital político en fuegos de artificio. Es preciso distinguir con lucidez entre las prioridades de política pública y las promesas, ocurrencias o propósitos secundarios que pueden haber resultado atractivos y eficaces como ofertas de campaña, pero que hoy podrían significar una distracción o un estorbo para el cumplimiento de los objetivos centrales. Se ha reiterado, a veces con mala intención, que el mayor enemigo de López Obrador es él mismo. Los que preveían que esa característica iba a provocar su tercera derrota electoral se equivocaron rotundamente. No obstante, su temperamento intempestivo con frecuencia lo lleva a hacer declaraciones agresivas, a tomar decisiones apresuradas o bien a empecinarse con sus propias ocurrencias como si se tratasen de imperativos de política pública. México demanda un presidente con la estatura de un verdadero hombre de Estado, comprometido con la institucionalidad democrática del país, alejado del presidencialismo autoritario que ha prevalecido a lo largo de la historia patria y tanto daño le ha causado a la estoica nación mexicana. La primera condición para cumplir su promesa de emprender la cuarta transformación nacional es asumirse como jefe del Estado mexicano y actuar como tal, dejando atrás al luchador social y al candidato antisistema. Ante todo, debiera normar su gobierno en la ética de responsabilidad (Weber), basada en el cálculo de las consecuencias que pudieran tener sus decisiones políticas, más que en sus convicciones personales. Lao Tsé decía que quien logra una victoria sobre otros hombres es fuerte, pero quien obtiene una victoria sobre sí mismo es aun más poderoso. Andrés Manuel López Obrador ha alcanzado un triunfo electoral contundente que le otorga un inmenso poder político fundado en una indiscutible legitimidad democrática. Aún no sabemos con certeza cómo y para qué utilizará ese poder (casi) absoluto, pero la historia universal muestra que el abuso del poder excesivo es lo más frecuente. En consecuencia, acaso su mayor desafío sea dominarse a sí mismo. Mucho le ayudaría concentrarse en definir las políticas públicas idóneas para resolver los graves y urgentes problemas de la nación –despresurizando las tensiones causadas por la polémica hiperactividad como mandatario electo– a fin de alcanzar su legítima ambición de pasar a la historia como un buen presidente de México. Deseo sinceramente que su anhelo se cumpla a cabalidad. Este análisis se publicó el 12 de agosto de 2018 en la edición 2180 de la revista Proceso.