CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Una de las tareas insoslayables del gobierno que toma posesión el 1 de diciembre es pronunciarse sobre problemas que están en la agenda de las relaciones internacionales de América Latina. Entre ellos se encuentran los temas de la violencia creciente en Centroamérica, la situación de Nicaragua y el empantanamiento de la trágica situación de Venezuela. Son problemas de naturaleza distinta que presentan diversos grados de dificultad para los tomadores de decisión en política exterior. En el caso de Centroamérica los actores participantes no son sólo latinoamericanos; la presencia de Estados Unidos es inevitable, como causante de la violencia y como factor necesario para contribuir a enfrentarla. El presidente electo de México ya ha colocado un elemento novedoso sobre la mesa al proponer un programa de desarrollo para la región en el que participarían, de acuerdo con sus posibilidades, Estados Unidos, México y los países centroamericanos. El 75% sería para lucha contra la pobreza y 25% para seguridad fronteriza. Hay mucho camino por recorrer para aterrizar esa propuesta, sin embargo, aglutinar en torno a ella otros países latinoamericanos rendirá buenos frutos. Para quien conducirá las relaciones internacionales del próximo gobierno es momento de tomar posición frente al caso de Nicaragua. El papel de Daniel Ortega es ejemplo flagrante de la evolución perversa de una causa revolucionaria, tan válida como lo fue el sandinismo, a un uso personal del poder que ignora las necesidades de la población y utiliza las peores formas de represión para enfrentar la movilización popular, en particular de los jóvenes. La condena de lo que allí ocurre y la búsqueda, conjuntamente con otros países latinoamericanos, de mecanismos que presionen para el alto a la represión y la búsqueda de caminos para precipitar la salida de Ortega son acciones que urge llevar a cabo. Situación más compleja es la de Venezuela, entre otras causas por el agotamiento de los foros multilaterales que se han utilizado para tratar de resolver sus problemas. La falta de resultados a través de la OEA es el caso más conspicuo, aunque no el único. Igualmente estéril ha sido la acción de foros informales, como el Grupo de Lima, cuyo resultado principal, el aislamiento diplomático de Nicolás Maduro, no ha modificado el control que éste ejerce sobre el país. Diversas circunstancias explican la sobrevivencia de un régimen condenado internacionalmente y asediado por el colapso económico, la inflación incontenible y la salida de millones de ciudadanos. Dentro de ellas se encuentran la debilidad de grupos de oposición divididos entre sí, carentes de un proyecto de reconstrucción viable y en quienes se advierten resabios de una vieja oligarquía responsable, en parte, de los problemas que hoy ocurren. Asimismo, a pesar del episodio reciente de un ataque con drones a Maduro, la complicidad del ejército y los grupos de control político creados por asesores cubanos con el presidente sigue siendo sólida. El empeño que pusieron importantes empresarios mexicanos desde 2006 en desprestigiar a López Obrador comparándolo con Hugo Chávez y augurar que México sería otra Venezuela si llegaba al poder, dificulta tomar posición ante ese país en la actualidad. Es obvio que no se puede mantener el protagonismo exigiendo democracia. El tema evoca campañas internas muy agraviantes para quienes sostienen, muy posiblemente con razón, que el triunfo les fue arrebatado con procedimientos poco democráticos hace 12 años. No obstante, la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela y su efecto en países vecinos no permite permanecer ajenos a lo que allí ocurre. Una declaración en la que se deploren las desventuras que enfrenta el pueblo venezolano y un llamado a construir condiciones económicas y políticas que permitan superarlas es lo mínimo que puede esperarse. Ahora bien, reflexionar sobre el futuro de la política exterior mexicana tiene diversas aproximaciones. Comencemos por advertir que el pensamiento de López Obrador al respecto no es muy elaborado; otras han sido sus preocupaciones y acciones prioritarias. En esto no difiere mucho de sus antecesores. Pensar en términos de geopolítica y elaborar estrategias de acción internacional no ha sido una actividad favorecida por las élites políticas mexicanas. Su interés por el exterior siempre ha sido reducido. Aunque, cabe recordarlo, siempre han tenido una vertiente a favor de América Latina, ello no se ha traducido en un esfuerzo serio para crear lazos económicos o políticos significativos. Con esos antecedentes, no sería inu­sitado que AMLO opte por una línea de bajo perfil, evocando cuando se considere necesario el principio de no intervención o siguiendo un camino pragmático al aludir a la “defensa de intereses nacionales” sin demasiada elaboración sobre cuáles son tales intereses y cómo se defienden a través de la política exterior. Sería muy desafortunado que así fuera. Existen dos motivos relevantes para esperar una acción internacional más proactiva del próximo gobierno: la primera, la urgencia de romper el círculo de indiferencia de los líderes políticos hacia los factores externos; ignorarlos ha tenido un alto costo al impedir buenos diagnósticos de los problemas nacionales. La segunda, porque se perdería la oportunidad de dejar huella en el pensamiento internacional de América Latina. López Obrador llega al poder con dos atributos importantes: su legitimidad democrática y su compromiso contra la desigualdad, la pobreza y la violencia. Estos últimos no son males que aquejan solamente a México. Por lo contrario, son fenómenos distintivos de la región latinoamericana. Latinoamérica violenta y desigual son las imágenes dominantes de la percepción que se tiene de esta parte del mundo. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ha documentado con gran acierto, por ejemplo, el problema de la desigualdad. En el contexto anterior, los problemas cuya solución es prioridad del próximo gobierno deben incorporarse a la agenda internacional latinoamericana. Es un propósito que no debe perderse de vista. En la medida en que aumente la concientización sobre dichos problemas, al interior y al exterior de México, aumentarán también las posibilidades de trazarles una solución. Este análisis se publicó el 19 de agosto de 2018 en la edición 2181 de la revista Proceso.