CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ineptitud que ha caracterizado a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, prácticamente en todo asunto que compete a la UNAM, dio una salida al rector Enrique Graue Wiechers responsable, como todos sus antecesores, de mantener un modelo porril que por décadas acosa a la comunidad estudiantil. En el cruce de acusaciones entre el rector y la procuraduría local, por la liberación de presuntos agresores, hay una evidente evasión de responsabilidad que se centra en el momento, como queriendo hacer olvidar que hay una política de fomento al porrismo. Justo ahora, las invocaciones por los 50 años del movimiento estudiantil de 1968 respecto a lo de estos días, permiten observar lo mismo en imágenes que en testimonios, la continuidad histórica de las tácticas: jóvenes cooptados por grupos de poder, integrados a estructuras delictivas perpetuadas en incesantes relevos generacionales como parte de las estrategias de control en la universidad más politizada del país. Ya en 2013, los reclamos en los CCH se patentaron en movilizaciones que terminaron en redadas contra estudiantes, especialmente en el CCH Naucalpan. El gobierno de Miguel Ángel Mancera, hombre detrás de José Ramón Amieva, desplegó la cacería de quienes se atrevieron a desafiar el poder de los porros, como ocurrió en el caso de Jorge Mario González García, exalumno de ese bachillerato, a quien se detuvo el 2 de octubre de 2013. La complicidad del gobierno capitalino y la rectoría era entonces evidente: Jorge Mario fue detenido cuando viajaba a bordo de un autobús de ruta en el centro; le imputaron delitos absurdos y sólo fue liberado vía un amparo 13 meses después, ya sin posibilidad de continuar su vida académica en la UNAM. Gobierno de la ciudad y autoridad universitaria se ensañaron contra él, pero jamás tocaron a los porros contra los que protestó previamente. Un caso emblemático pero no el único. Los testimonios en cada uno de los CCH --y muy señaladamente en los desvencijados campus CCH Oriente y FES Aragón, convertidos en tierra de nadie— dan muestra del imperio del miedo. Miedo a los porros y a las autoridades que los del CCH Azcapotzalco se animaron a romper sólo para ser víctimas de la brutal agresión del lunes 3, nada menos que a las puertas de la rectoría. Y es que, el porrismo sigue relacionado, estimulado y protegido desde el gobierno de la ciudad y la rectoría, una complicidad que diluye los reclamos por resolver el problema de seguridad, en el desvío de mirada de sus cuerpos de seguridad ante lo insufrible de la agresión y acoso sexual constante a las estudiantes, la extorsión a los alumnos, el robo, la violencia ejercida contra quienes levantan la voz y la red de gente armada dentro de sus campus. Así, el llamado a la unidad en la declaración de Graue el domingo, que pide no caer en provocaciones, advirtiendo que hay intentos de debilitar y dividir a la universidad, está encaminada a derivar la responsabilidad que tiene, el señalamiento contra una política de terror que su rectoría heredó y ha mantenido, como integrante que es del grupo filopriista enquistado en la rectoría. Ese esfuerzo de apropiación de la protesta universitaria es tan patético como el que Enrique Peña Nieto hiciera a finales de 2014, cuando articuló su discurso para hacer suya la consigna “Ayotzinapa somos todos”. Es así, porque en uno y otro caso, las protestas respectivas eran contra ellos. Detrás del plano declarativo, lo que Graue y Amieva están haciendo es construir la impunidad, con la añeja práctica de guardar las apariencias sin llegar al fondo, no sólo por lo que toca a la agresión del 3 de septiembre, que ahí los porros son carne de cañón… Lo que protegen es a quienes desde las sombras mueven el porrismo y que sirven al poder universitario y de la ciudad. Visita www.notassinpauta.com