CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Se acerca el final del gobierno de Enrique Peña Nieto y llega el momento de evaluar los resultados de las políticas que durante su sexenio definieron la ubicación de México en el mundo. El resultado es poco halagador.  Tres grandes rasgos distinguen las relaciones exteriores de México en estos momentos: la creciente vulnerabilidad ante Estados Unidos, la escasa proyección de México en los foros internacionales y el deterioro progresivo de los arreglos institucionales para conducir la política exterior. La vulnerabilidad de nuestro país ante Estados Unidos no es nueva. Ha dado el tono a la historia de México desde su independencia. La decisión de profundizarla se tomó al firmar el TLCAN, cuando la exportación de manufacturas hacia América del Norte, producidas de manera integrada con corporaciones estadunidenses, se convirtió en el motor principal del crecimiento económico del país; la industria automotriz es el ejemplo más conspicuo de ello.  Referirse a mayor vulnerabilidad en los últimos años responde a dos circunstancias de orden distinto: de una parte, a la importancia creciente que adquieren las importaciones de gas natural y gasolina desde Estados Unidos; nuestra seguridad energética depende de ello. Por otra parte, al cambio inesperado y demoledor de la política de comercio exterior del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El proteccionismo de nuestro mayor socio comercial ha trastocado todo el andamiaje sobre el que descansaban nuestras exportaciones. El problema es de gran calado y exige, como ya hemos señalado en otros escritos, una redefinición del proyecto de desarrollo nacional.  Para las élites políticas y económicas mexicanas, confiadas de manera entusiasta en la seguridad que proporcionaba la pertenencia de México al proyecto común de América del Norte, el cuestionamiento del TLCAN ha sido un problema muy difícil de enfrentar.  No viene al caso referirnos a otros aspectos de la relación con Estados Unidos, cuya complejidad se sintetiza en las frecuentes alusiones de Donald Trump a la conveniencia de levantar un muro que separe a los dos países. Para fines de este escrito, sólo se trata de ilustrar la manera tan dramática con que se ha profundizado la vulnerabilidad de México ante el país del norte.  El segundo aspecto al que nos referimos es el debilitamiento de la posición de México como actor con influencia a nivel regional o como defensor de causas en organismos internacionales. Con excepción de la atención concedida a la Alianza del Pacífico y la decisión –tardía y ejecutada sin determinación– de formar parte de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU, el sexenio llega a su fin carente de un proyecto de envergadura en foros multilaterales.  Se mantuvo el profesionalismo de los diplomáticos mexicanos en los temas tradicionales, como el desarme, cambio climático o migración internacional. Sin embargo, en ningún caso se alcanzó la visibilidad que tuvo la magnífica actuación de la delegación mexicana en la COP 16 sobre cambio climático, o en la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ambas en 2010.  En el terreno de los derechos humanos, durante el sexenio que termina México pasó de ser el país con mayor influencia para fijar formas de trabajo y procedimientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a ser un país con serios desacuerdos con el Alto Comisionado de esa organización para los derechos humanos, con los relatores especiales y con los grupos de expertos designados por la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos para coadyuvar en el esclarecimiento del trágico problema de Ayotzinapa.  Desde la llegada al poder de Trump, el tema prioritario de la política exterior ha sido la misión imposible de lograr una relación cordial y predecible con el gobierno de Estados Unidos. Hasta el momento de escribir este artículo, cuando el futuro de la renegociación del acuerdo comercial se encuentra todavía en vilo, los éxitos alcanzados son escasos. No se logró, a pesar de numerosos esfuerzos, la anhelada visita de Peña Nieto a Washington.  El tercer rubro que llama la atención es la enorme dispersión en la conducción de las relaciones de México con el exterior. Son numerosas las secretarías de Estado, órganos desconcentrados o agencias del Poder Judicial que se ocupan de aspectos sustanciales de las relaciones con el exterior, como son las relaciones comerciales, movimientos migratorios, cuestiones fronterizas o persecución de delincuencia trasnacional, por sólo dar algunos ejemplos.  No hay coordinación entre ellas ni responden a lineamientos de una estrategia con objetivos bien definidos, provista de mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación. Las funciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores para esos fines se encuentran, desde hace ya varios sexenios, desdibujadas. Su debilitamiento dentro de la administración pública es notorio. Se expresa, entre otras maneras, en la pobreza de su presupuesto y del personal de carrera que, lejos de fortalecerse, ha disminuido en números relativos.  El cuadro anterior es inquietante para los tiempos que vienen. Conducir la relación de México con el mundo requeriría de instituciones sólidas, listas para echar a andar políticas que permitan contrarrestar las circunstancias que han profundizado la vulnerabilidad del país. Sin embargo, el gobierno entrante recibirá un andamiaje institucional débil: agencias que no se comunican entre sí y operan de manera dispersa, sacando adelante los temas coyunturales pero sin responder a metas y objetivos de largo plazo.  Es una herencia perturbadora, pero el futuro lo será aún más si quienes han sido designados por el presidente electo para ocuparse de las relaciones exteriores no se abocan, de inmediato, a enfrentar omisiones y obstáculos que dificultan una mejor conducción de las mismas. Dado el entorno externo tan adverso para México en 2018, de una buena política exterior depende en gran medida la estabilidad interna y el éxito de la mayoría de proyectos que está dando a conocer el próximo gobierno.    Este análisis se publicó el 16 de septiembre de 2018 en la edición 2185 de la revista Proceso.