CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Una reivindicación feminista de larga data es “mi cuerpo es mío”, frase que resume el derecho de las mujeres a decidir de manera autónoma. Inicialmente utilizada en la lucha por la despenalización del aborto y su legalización como un servicio de salud, esta demanda hoy se escucha en boca de muchas trabajadoras sexuales. Y aunque en el caso del aborto existe un consenso entre los diferentes feminismos acerca de este reclamo, cuando las trabajadoras sexuales la enuncian para defender su decisión de comerciar servicios sexuales, produce duras confrontaciones entre las feministas. El conflicto se debe a que muchas consideran que el trabajo sexual, al que siguen llamando “prostitución”, es una forma de violencia de género mientras que, por otra parte, hay feministas que las apoyamos en su lucha para que se respeten sus derechos laborales. ¿Qué significa que entre feministas el mismo reclamo acerca de la autonomía corporal tenga una recepción distinta si se trata del aborto o del comercio sexual? ¿Por qué darle diferentes interpretaciones a “mi cuerpo es mío”? La polarización actual entre feministas en relación con esta cuestión comenzó a finales de los ochenta en Estados Unidos y luego se extendió mundialmente, tanto entre las propias activistas feministas como entre legisladores y funcionarios de gobierno. El punto de disenso, que no ha cesado, fue cómo se concibe a la prostitución: ¿es un trabajo o es violencia? Dicha conceptualización es crucial, porque de ella se desprenden las políticas públicas y los marcos regulatorios. Un vistazo alrededor del mundo muestra que ciertos países prohíben totalmente su práctica mientras en otros es absolutamente legal. En México la prostitución no está prohibida; lo que se penaliza es el lenocinio, o sea sacar provecho del trabajo sexual de otra persona. Esta formulación impide que las propias trabajadoras desarrollen mejores formas de organización de su trabajo, pues dado el riesgo que conlleva trabajar en solitario, tienen necesidad de que alguien esté cerca; el problema es que esa persona podría ser acusada de lenocinio. En la Ciudad de México se piensa actualizar el marco jurídico acerca del comercio sexual y el intenso debate acerca de reformar la ley vuelve a exhibir la discrepancia de posiciones. El debate es intenso, pues se da en un contexto en el que domina la mezcla conceptual que se ha ido haciendo entre comercio sexual y trata. Esta mezcla proviene de la campaña antitrata estadunidense, donde la perspectiva de las feministas de la dominación, también llamadas feministas radicales, difundió la creencia acerca de que el comercio sexual siempre es violencia. Así el nuevo abolicionismo, que pretende erradicar (abolir) toda forma de comercio sexual, se arraigó en México. Nadie niega que existe la trata con fines de explotación sexual, pero lo que muchas personas no quieren ver es la existencia de trabajadoras sexuales autónomas. Esta ceguera lleva a la desubicada intención de “salvar” a las trabajadoras sexuales de sus decisiones. Más valdría que concentren sus energías en lo que debería ser un verdadero rescate de las mujeres secuestradas por tratantes. Es necesario analizar esa narrativa y mostrar el indudable papel que ha jugado el feminismo radical estadunidense en caracterizar “la prostitución” como una expresión de la violencia de género. La perspectiva neoabolicionista no respeta las decisiones de muchas trabajadoras y las considera a todas “víctimas”. Tampoco ve la creciente politización de las organizaciones de trabajadoras sexuales y desconoce la existencia de la resolución judicial respecto a considerar el trabajo sexual en la calle como una forma de trabajo no asalariado. Las dificultades político-ideológicas de muchas personas para aceptar la compleja realidad del trabajo sexual tienen mucho que ver con la doble moral de la tradición judeocristiana. Esta doble moral, que califica de manera distinta la actividad sexual si la lleva a cabo un hombre o una mujer, deposita una valoración negativa en las mujeres que tienen muchas relaciones sexuales, aunque no cobren. Desde tal consideración se clasifica a las mujeres como “decentes” o “putas”. Curiosamente no estigmatiza a los varones por lo mismo. Lo que prestigia a los hombres, desprestigia a las mujeres. En el debate político acerca de una mejor manera de regular el comercio sexual se cuelan creencias de la doble moral, que transmiten la creencia de que vender servicios sexuales es “degradante” o “abyecto”. En otras ocasiones he escrito acerca de la variedad de formas en las que se llevan a cabo las transacciones de sexo. Aquí insisto en dos cosas: la primera, que en el debate acerca de una nueva regulación es imprescindible escuchar las voces y demandas de las trabajadoras sexuales autónomas. La segunda es que no hay que mezclar trata y comercio sexual. Se puede estar en contra de la trata y, al mismo tiempo, estar a favor de los derechos de las personas que se dedican de manera autónoma al trabajo sexual. No son posturas excluyentes. Ojalá la nueva ley se centre en regular formas de organización del trabajo que beneficien a las trabajadoras más vulnerables y les permitan trabajar más seguras y con una mayor reapropiación de lo que cobran. Este análisis se publicó el 29 de septiembre de 2019 en la edición 2239 de la revista Proceso