Ministra Romoísta
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Qué gran oportunidad perdida, qué triste autogolpe a la transformación, qué revés para honrar a la Suprema Corte de Justicia con una designación como la de Ana Laura Magaloni. En lugar de ello prevaleció la lógica de cuotas y cuates, de apostar a la más cercana y no a la más competente. La llegada de Margarita Ríos Farjat al máximo tribunal no es una buena señal para la autonomía o la independencia de uno de los contrapesos más cruciales del país. Manda la señal, reiterada en este gobierno, de que no se busca el empoderamiento sino el sometimiento; no se impulsa a los mejores perfiles sino a aquellos que el poder pueda domesticar. El presidente y su partido podrían haber hecho las cosas de manera diferente, pero optaron por recorrer la misma ruta que pavimentaron el PRI y el PAN: la que no propulsa a los más talentosos sino a los más leales. Primero se designó a la Ministra Contratista y ahora habrá una Ministra Romoísta.
Porque si los criterios hubieran sido la excelencia profesional, por encima de la cercanía personal, Ana Laura Magaloni hubiera sido electa sin miramientos, sin chistar. Su trayectoria es ejemplar y su comparecencia lo demostró. Dio una cátedra constitucional, demostró su conocimiento sobre los profundos problemas que enfrenta el Poder Judicial, proveyó una visión propositiva para la Suprema Corte que queremos y el país necesita. Habló de cómo la historia ofrece pocas oportunidades para impulsar grandes cambios sociales y cómo el Poder Judicial debe acompañarlos. Diagnosticó al México torcido con una justicia podrida. Subrayó la importancia de tener –en la Suprema Corte– a un árbitro creíble, legítimo a imparcial, que explique, que pacifique, que convenza. Expuso el imperativo de abrir las instituciones de justicia a los millones de mexicanos que viven sin la protección de la ley. Y finalmente destacó la necesidad de establecer límites al ejercicio del poder; “asegurar que el impulso de cambio social no desborde los límites que establece nuestra Constitución”.
Asumió una posición progresista, de avanzada, consistente con el cambio exigido que el presidente promete y la 4T dice enarbolar. Hubiera sido la ministra ideal para este contexto social. Pero en lugar de designarla, se tomó la decisión de relegarla. Porque poco importó su profesionalidad, su progresismo, su congruencia con las mejores causas. Se trataba de colocar en la Corte a alguien que impulsara la agenda política del presidente, no la agenda de transformación de la justicia, liderada por la Suprema Corte. Se trataba de asegurar la cercanía por encima de la autonomía. Y por ello, la selección de Ríos Farjat que había sido empleada directa de AMLO. Una mujer profesional –sin duda– pero quien ya llevaba un año siguiendo las indicaciones presidenciales en el SAT. La titular de una institución que colaboró para congelarle las cuentas al cuestionado exministro Medina Mora para que se fuera del puesto, y descongelarlas después para que permaneciera impune.
Y ahora, gracias a la investigación de la periodista Peniley Ramírez, conocemos las motivaciones reales detrás de su designación. La cercanía de Ríos Farjat con Alfonso Romo. El cabildeo de Julio Scherer, asesor jurídico del presidente, en su favor. La omisión de detalles importantes de la ahora ministra en su declaración patrimonial. Ahí declaró de manera ambigua haber sido “asesora jurídica independiente” entre 2011 y noviembre de 2018. Pero lo que no reveló es que durante ese periodo fue abogada externa de Vector Casa de Bolsa, una compañía de Romo, jefe de la oficina de la Presidencia. Lo que no detalló es que había formado parte de la Coalición Anticorrupción, liderada por Romo, y había dado cátedra en la Universidad Metropolitana de Monterrey, propiedad de la familia Romo. El propio Romo operó políticamente para que fuera titular del SAT, y cambió la ley de la institución para que ella –sin experiencia en recaudación de impuestos– pudiera ocuparla. En pocas palabras, Ríos Farjat tenía un conflicto de interés y lo ocultó. Tenía lazos muy cercanos con un grupo empresarial que debió haber revelado.
Todo esto hubiera salido a la luz si el Senado hubiera hecho un trabajo serio y riguroso de auscultación. Si los senadores se hubieran tomado el tiempo necesario para investigar, hurgar, preguntar. Pero la designación fue como siempre ha sido: fast track, apresurada, fársica. Y la “oposición” también demostró sus flaquezas políticas y morales. Unida, podría haber sostenido a Magaloni y forzado una segunda ronda de votación, Unida, podría haber evidenciado la presión presidencial y el agandalle morenista, tan parecido al prianista. Pero acabó sumándose a la candidatura de Ríos Farjat por miedo al SAT o por amenazas en contra de sus miembros o porque cree que el favor hecho a la favorita presidencial podría entrañar algún beneficio político o fiscal. La “oposición” se alineó, se doblegó, se inmoló. Constantemente se queja de la aplanadora morenista y ahora contribuyó a allanarle el camino.
Las víctimas del desaseo serán la propia Ríos Farjat y la institución a la que llega, en un momento crítico. Arriba bajo la sombra de la sospecha por los lazos con Alfonso Romo que intentó ocultar. Arriba con preguntas legítimas en torno a la autonomía e independencia que debería demostrar en una Suprema Corte creada para ser contrapeso y no comparsa. En su comparecencia, Ríos Farjat expresó su preocupación por preservar el federalismo, el estado de derecho, la inversión privada y la autonomía judicial. Ojalá que esas preocupaciones sean legítimas y las demuestre al votar. De lo contrario, si se somete a las instrucciones e indicaciones de Alfonso Romo y los suyos, la 4T habrá dañado de nuevo a la Suprema Corte. Ahí ya se nombró a Yasmín Esquivel, la Ministra Contratista. Ojalá que ahora no le hayan abierto las puertas a la Ministra Romoísta.
Este análisis se publicó el 8 de diciembre de 2019 en la edición 2249 de la revista Proceso
