El pleito irresuelto del affaire Zapata

sábado, 21 de diciembre de 2019
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El presidente Andrés Manuel López Obrador zanjó el diferendo entre los presuntos nietos de Emiliano Zapata y la exposición del Palacio de Bellas Artes, en donde se exhibe un retrato feminizado del héroe patrio, cuyo autor es Fabián Cháirez. Pero lo hizo de la peor manera posible porque autorizó a los herederos del general revolucionario para que coloquen junto a la pieza artística una cédula donde se haga patente su descontento con el uso de la imagen de su pariente, cometido por el pintor. Jorge Zapata González, nieto de don Emiliano, advirtió que demandaría al artista y a la directora de Bellas Artes, Lucina Jiménez, “por denigrar la figura de nuestro general pintándolo de gay.” El diferendo creció cuando grupos distintos de personas llegaron a los golpes y líderes de organizaciones campesinas prometieron una megamarcha para defender la genuina sexualidad de Zapata. Fue entonces que el presidente López Obrador intervino para mediar en el conflicto y propuso sentar alrededor de una misma mesa a Fabián Cháirez y Jorge Zapata González. La negociación concluyó con la propuesta de la cédula que, en principio, suena salomónica respecto al derecho a la libre expresión de las partes, pero que en realidad sienta un precedente desastroso respecto a la propiedad de los símbolos y los héroes patrios. Este episodio remite a un debate fundamental entre lo público y lo privado: ¿La imagen del caudillo Emiliano Zapata es pública (propiedad de todos) o es privada (explotada, concesionada, licenciada, controlada sólo por sus herederos directos)? Si la respuesta cae en la primera hipótesis, la imagen de Emiliano Zapata pertenece en idéntico grado y propiedad a Fabián Cháirez y Jorge Zapata González; ninguno de estos dos mexicanos puede reclamar un uso exclusivo de las características, las interpretaciones, las representaciones, la identidad o la sexualidad del personaje histórico. Tanto Cháirez como Zapata González tendrían potestad plena para usar al general revolucionario como un espejo de sí mismos, de sus preocupaciones, de sus revueltas; Zapata, el héroe, sería –como lo son todos los héroes– un espejo donde cada cuál se refleja a sí mismo. No podría, por tanto, haber un control moral, sexual, racial, estético, señalético, socioeconómico, etáreo, cromático, historicista, cultural o geográfico de la representación del caudillo. Porque el héroe nos pertenece a todos, cada cual tiene derecho a expresar en su cuerpo y su rostro lo que subjetivamente implique mayor relevancia. Ahora bien, si la imagen de Emiliano Zapata es una marca registrada y tiene derechos de autor o propiedad, porque se trata de un bien privado endosado a los herederos legales del general, entonces Fabián Cháirez habría traspasado con su obra el jardín de la familia Zapata y, por tanto, habría de guardar, quizá hasta destruir, ese espejo –convertido en obra de arte– que aún permanece colgado en los muros del Palacio de Bellas Artes. Es obvio que esta discusión va mucho más allá de una mera diatriba sobre la identidad sexual del caudillo, del artista o de los varones de la familia Zapata. Se trata en realidad de la libertad preexistente en México para expresarse y, por tanto, también para apropiarse de los símbolos y los héroes patrios. El debate cobra mayor vigor porque México tiene hoy un presidente que a toda hora se proyecta en los rostros y los cuerpos de ciertos héroes patrios; y también porque suele desprestigiar la reputación de sus adversarios utilizando los rostros y los cuerpos de los antihéroes de la historia mexicana. Si esos símbolos, si esos lienzos precisos de la épica nacional pueden soportar la proyección de las obsesiones presidenciales, igual deberían ser capaces de incorporar las obsesiones de cualquier otro individuo, gay o no gay, que –usando símbolos del patrimonio colectivo (y por tanto público)– se decida a hablar de sí mismo a partir de Zapata, Villa, Hidalgo, Moctezuma, la Serpiente, el Águila o el Nopal. Desde este argumento no cabe, por tanto, la demanda de la familia Zapata en contra de Cháirez, ni los golpes dentro de Bellas Artes ni las megamarchas: ¡que cada quién represente a Zapata como le venga en gana y punto! En todo caso, que se abran las puertas del Palacio para que tengan igual despliegue expositivo las otras representaciones del caudillo: las del general bien macho, bien viril, bien armado, bien plantado, bien huevudo; interpretaciones subjetivas con las que Zapata González y su prole se sientan presumiblemente mejor identificados. En cambio, resulta arbitraria la idea de colocar una cédula –una suerte de nota a pie de página– junto a la obra de Cháirez, porque con ello se estaría reconociendo, de facto, que los herederos de Zapata son la voz autorizada para entregar o retirar los derechos de interpretación sobre las imágenes del general. Los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos del caudillo se cuentan por decenas, quizá por centenas; sería un tanto rocambolesco admitir que cada una de esas personas, portadoras de un trozo de ADN del general revolucionario, tuviese igual derecho a colocar una cédula calificando el arte de Cháirez. Aquello terminaría siendo un abrumador retablo de iglesia, uno que la exposición original no tenía de previsto. Igualar la libertad de expresión no significa que todos nos expresemos al mismo tiempo (porque dejaríamos de escucharnos) ni que anulemos la interpretación ajena con un recado agraviante (porque haríamos insufrible la convivencia). Igualar la libertad de expresión implica que cada cual levante la voz con similar dignidad, respeto y honradez, asignando espacio y tiempo diferenciado para que no sea el griterío sino la conversación de los desiguales lo que termine prevaleciendo. La cédula propuesta por la presidencia para descalificar el trabajo de Fabián Cháirez es una mala idea porque no entrega a los familiares del general Zapata libertad de expresarse, sino derechos amplificados para la censura. Este análisis se publicó el 15 de diciembre de 2019 en la edición 2250 de la revista Proceso

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