CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Ejercer el periodismo crítico es una actividad de riesgo en el amplio sentido de la expresión. Quienes lo ejercen (lo ejercemos) suelen ser víctimas de campañas de estigmatización, de posverdades (mentiras mezcladas con datos ciertos) y, en casos extremos, de amenazas cumplidas o no contra su integridad personal. Son los gajes del oficio y el costo que hay que pagar para decir “no” cuando se debe decir “no”. El primer valor de quien ejerce profesionalmente la libertad de expresión es su patrimonio moral. Una suerte de espejo de ese concepto es lo que se conoce como credibilidad o confiabilidad en el público objetivo; es decir, que éste percibe como atendible o cierto lo que el comunicador afirma o sostiene. De entrada, siempre hay un conflicto entre quien formula la crítica y quien es objeto de análisis sin concesiones. En esta ocasión Proyecto Puente, que dirige el periodista Luis Alberto Medina en Sonora, es víctima de una campaña progubernamental para minar su prestigio, restarle credibilidad y, con ello, generar disuasivos al momento de poner en práctica un periodismo independiente, comprometido sólo con los datos y abocado a temas de interés público. De ello da cuenta el propio medio, que afirma ser “objeto de amenazas, campañas negras en redes sociales y acoso judicial por parte del gobierno de Sonora”. Bajo una presunta denuncia “ciudadana” anónima que, además, no ha sido ratificada, se desató una rapidísima actuación de la Fiscalía del Estado, que después adujo que había sido presentada por Morena. Sin embargo, la dirigencia de ese partido desmintió la afirmación gubernamental. (https://proyectopuente.com.mx/2019/03/07/amenaza-gobierno-de-sonora-a-luis-alberto-medina-cita-fiscalia-anticorrupcion-al-periodista-por-denuncia-anonima/) Estoy convencido, por supuesto, de que la libertad de expresión no es absoluta y tiene límites o fronteras claramente establecidas en la Constitución, las leyes y la deontología informativa. Conviene recordar que a mayor exposición pública por ocupar una función pública o realizar actividades de trascendencia social hay un umbral menor en la esfera de los derechos a la vida privada, al honor y a la propia imagen. Ello, sobra decirlo, no significa de ningún modo que un servidor público, un artista o un deportista famoso deban soportar una invasión sistemática a sus derechos de la personalidad. En la ley y en la jurisprudencia se admite una intromisión en esos derechos siempre y cuando haya una razón de interés público que la justifique y que debe ponderarse de forma casuística. Proyecto Puente y su director han podido respetar esa división entre lo público y lo privado. Esta iniciativa mediática tiene el mérito de haber sido el primer medio sonorense en hacer periodismo televisivo por internet. En una sociedad mínimamente democrática Luis Alberto Medina sería reconocido como un contrapeso informativo al ejercicio del poder. En Sonora, en cambio, con un gobierno que reproduce las formas más deplorables del quehacer político, es un enemigo personal. Ahí, como en gran parte del país, la crítica es vista como una afrenta directa por quienes, en general, son objeto de escrutinio público en razón de su quehacer profesional. El camino más fácil para aniquilar la libre deliberación pública es mirar para otro lado cuando quienes tienen el valor de hablar con la verdad, sobre todo en el interior del país, son blanco de campañas, de desprestigio en el mejor de los casos. Por el contrario, seguro estoy de que en la medida en que se alce la voz frente a estas agresiones no sólo se estarán protegiendo y reivindicando espacios como Proyecto Puente y su director, sino que se ampliará el derecho de la sociedad a estar informada desde el mayor número de perspectivas y criterios, de suerte tal que al final del día la ciudadanía pueda formarse una opinión razonada sobre los más distintos temas de la agenda pública. La precarización y la debilidad orgánica de la ética informativa han propiciado que haya medios y periodistas que, gozosos, se han convertido en un vehículo para cercar al verdadero periodismo independiente e impedir que florezca. Vaya paradoja. Y en buena medida esto sucede porque los recursos públicos se usan para fines privados, como hoy pasa en Sonora. Estoy convencido de que la presente administración federal debe distinguir la paja del trigo al momento de asignar pautas publicitarias. Bienvenida la independencia de la línea editorial, pero no hay que confundir ese valor democrático de pluralidad y diversidad, que enriquece la vida democrática, con el sesgo periodístico como consigna para desinformar con una alergia congénita a observar el mandato de la Constitución y la ley. Ante ese cerco contra Proyecto Puente, Jesús Ramírez y Jesús Cantú deberían tomar cartas en el ámbito de sus atribuciones, pues nunca más debe volver a alimentarse la perversa relación entre medios y el Estado mexicano característica de los anteriores regímenes políticos. @evillanuevamx ernestovillanueva@hushmail.com Este análisis se publicó el 10 de marzo de 2019 en la edición 2210 de la revista Proceso.