CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Agenda 2030 es un plan de acción a favor de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz universal, el acceso a la justicia, y la igualdad de género, este último es un requisito indispensable para lograr el cumplimiento de  los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). No obstante, se requieren soluciones creativas, innovadoras y transformadoras para acelerar los avances y garantizar que todas las mujeres y niñas en México y el mundo tengan acceso a sistemas de protección social y a servicios e infraestructura sostenibles. Como señala el Informe Global de ONU Mujeres “Hacer las Promesas Realidad. La igualdad de Género en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, el potencial transformador de la Agenda solo puede aprovecharse mediante la adopción de un enfoque universal en su implementación, basado en los derechos humanos y en el compromiso de no dejar a nadie atrás, que justamente significa que toda persona pueda disfrutar de los beneficios del desarrollo sostenible. En este sentido, se requiere redoblar los esfuerzos ya que sabemos que las mujeres y las niñas experimentan múltiples e interrelacionadas formas de discriminación que tienen que ver con la pobreza, la ubicación y el origen étnico, entre otras, que se combinan para crear profundos focos de privaciones en prácticamente todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), desde el acceso a la educación y a la salud, hasta al agua potable y al trabajo. En México, algunas estadísticas disponibles arrojan información contundente: en 2017, 24.6% de los hogares con jefatura femenina no disponían de agua dentro de la vivienda. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (2014), las mujeres dedican tres veces más tiempo que los hombres a realizar trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. En las zonas rurales, las mujeres invierten en promedio 11.5 horas semanales para encender el fogón y con ello preparar o calentar alimentos. Este tiempo que dedican a cubrir los servicios de los que carecen, va en detrimento de su autonomía económica, ya que les impide participar en el mercado laboral en igualdad de condiciones que los hombres y a tener acceso a la seguridad social y a otros derechos. En comparación con otros países, México se distingue por tener una tasa de participación económica femenina muy baja:  43.7% de las mujeres de 15 a 49 años están en el mercado laboral frente a 77.5% de los hombres, lo cual representa una brecha de 33.8 por ciento. En el caso de las mujeres más pobres que residen en localidades rurales, sean indígenas o no, cuatro de cada cinco no tienen un trabajo remunerado. Considerando lo anterior, priorizar la inversión en los sistemas de protección social, los servicios públicos y la infraestructura sostenible es esencial para mitigar los riesgos, crear resiliencia a los cambios políticos, económicos, sociales, ambientales y demográficos, además de construir un mundo más incluyente, justo e igualitario. Por ejemplo, se ha demostrado que la inversión en los servicios de Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI) podría contribuir a lograr varios de los objetivos y metas de la Agenda 2030 relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres. El acceso a este tipo de servicios puede reducir el tiempo que dedican las mujeres a prestar cuidados no remunerados, al transferir parte de él fuera de la familia (meta 5.4), permitir que las mujeres aumenten su acceso al empleo (meta 8.5) y mejorar su preparación escolar (meta 4.2). Si bien el ODS 5 está explícitamente dirigido al logro de la igualdad de género y al empoderamiento de mujeres y niñas, al no acelerar los avances en otros objetivos y metas de la Agenda 2030, será difícil alcanzar los resultados esperados. Se deben reconocer claramente las dimensiones de género en la pobreza, el hambre, la salud, la educación, el empleo, las ciudades seguras y las sociedades pacíficas e inclusivas y poner a la igualdad sustantiva como un eje transversal y rector de las estrategias nacionales de implementación de todos los ODS, incluyendo una adecuada inversión. El cumplimiento de la Agenda 2030, dependerá de la movilización y asignación de recursos suficientes y adecuados, con perspectiva de género, para las políticas y los programas públicos, de la voluntad política y de la capacidad para hacer alianzas y tomar decisiones inclusivas. En este contexto, la 63° Sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que se llevará a cabo este mes, representa una valiosa oportunidad para profundizar en lo anterior, ya que se centrará precisamente en innovar para acelerar los avances hacia la igualdad de género, fomentar la inversión en sistemas de protección social sensibles a las necesidades de las mujeres y niñas, así como construir a servicios e infraestructuras que den respuesta a sus necesidades. * Representante de ONU Mujeres en México