CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque no hay nada concreto más allá del dictado del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) presentó el lunes las cifras del negocio aeroportuario que administrará en Santa Lucía. El del lunes, en Zumpango, fue un acto propagandístico más del presidente. Lo que hizo fue dar “el banderazo” a “los trabajos preliminares” y “estudios específicos” de lo que será el aeropuerto internacional “General Felipe Ángeles”. Es decir, apenas van a ver cómo le darán forma y sentido a la decisión presidencial. El presidente estuvo acompañado de los secretarios de la Defensa, general Luis Crescencio Sandoval y de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. Los gobernadores de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; del Estado de México, Alfredo del Mazo y de Hidalgo, Omar Fayad, asistieron en calidad de convidados. Ahí en Zumpango, en lo que ahora es la base militar de Santa Lucía, el gobierno federal anunció el otorgamiento de tres contratos para la elaboración del Plan Maestro, de la aeronavegabilidad y de las operaciones del aeropuerto que será construido y administrado por la ahora multifacética Sedena. Las evaluaciones de verdad apenas empiezan. Para quienes saben, los aeropuertos se planifican de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Por eso es que al proyecto Santa Lucía del gobierno de López Obrador le “apareció” el cerro Paula y empezaron ya aincrementarse los costos del que será el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Por más que el presidente diga que no habrá otros sobrecostos, nada garantiza que así vaya a ser; sobre todo, por las condiciones orográficas de la Ciudad de México. Una de las empresas contratadas para los estudios específicos fue NavBlue, de la compañía europea AirBus, que tiene, entre otros negocios en México, el control del sistema de radiocomunicación en materia de seguridad federal. En un pre-estudio, que fue el que López Obrador utilizó para justificar la cancelación del aeropuerto de Texcoco, NavBlue señaló que la viabilidad de la utilización del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) junto con Santa Lucía partía de suposiciones, por lo que no podían tomarse decisiones definitivas. Esa observación fue destacada en noviembre pasado, en pleno debate por la cancelación de la obra en Texcoco, por Corporación MITRE, un centro de investigación y desarrollo no lucrativo surgido en los años cuarenta del siglo pasado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. MITRE ahora asesora a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos y ha participado en el análisis sobre la viabilidad y seguridad de varios aeropuertos en el mundo. Como ahora lo confirmó el gobierno de López Obrador con la designación de los tres contratos, MITRE señaló que en 2014 la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo que forma parte del sistema de Naciones Unidas, que los aeropuertos se deben diseñar de arriba abajo y no al revés. El centro de investigación calificó como errónea “la idea de que sumar pistas equivale automáticamente a mayor capacidad, sin importar la geometría (“configuración”) de las pistas, obstáculos, el espacio aéreo y simulaciones en tiempo real”. Advirtió, además, sobre los problemas de interconexión, por lo que es de esperar que Panamá, Houston y otras ciudades capten gran parte del tráfico de transferencia de México. Los estudios específicos apenas se van a emprender. Y sin embargo, la Sedena ya le empezó a poner cifras al negocio que administrará. Según sus números, el aeropuerto de Santa Lucía moverá inicialmente 20 millones de pasajeros, “pero con capacidad escalable de 80 millones”. No dijo en cuánto tiempo, pero que la terminal operará “en los próximos 50 años de manera efectiva y rentable”. La cifra inicial de los 20 millones en Santa Lucía, es menor a los casi 48 millones de pasajeros que movió el AICM el año pasado, aunque lo que se busca es que sean complementarios. La Sedena dio un dato por demás preocupante, que la construcción del nuevo aeropuerto no necesitará autorización de impacto ambiental, porque así lo decidió la Semarnat. Seguramente para cumplir la voluntad del presidente. @jorgecarrascoa