CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al senador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, le disgusta el actual Poder Judicial de la Federación. Al presidente Andrés Manuel López Obrador, también. Desde octubre del año pasado, cuando apenas tenía un mes en el Senado, y López Obrador aún no asumía la Presidencia, Monreal advirtió que había que “sacudir” al tercer Poder para acabar con los cotos de poder, el nepotismo y la corrupción. En su cruzada, el exgobernador de Zacatecas pretende, entre otras propuestas, crear una sala anticorrupción y desaparecer al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el órgano encargado de la administración y disciplina de los tribunales federales. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar, quien estará en el cargo durante cuatro años del sexenio lopezobradorista, está directamente implicado en los planes del influyente senador de Morena. Si como quiere el senador se crea una nueva sala integrada por cinco ministros, el país pasaría de 11 a 16 jueces constitucionales, lo cual incrementaría el gasto en el PJF, por más que los eventuales nuevos ministros ganen menos de los 108 mil pesos que se fijó López Obrador. El ministro Zaldívar tendría que lidiar con cinco nuevos integrantes de sello morenista, sumados a los dos ya propuestos por el presidente, Juan Luis González Alcántara y Jazmín Esquivel, conocida en la propia Corte como la ministra Rioboó, por ser la esposa del contratista José María Rioboó, quien por decisión presidencial participará en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Zaldívar, además, tendría que arreglárselas con lo que resultare de la desaparición del CJF, un órgano que más que desaparición necesita ventilarse. Lo que sus siete consejeros deciden y cómo lo deciden respecto a la adminsitración del presupuesto, asignación de adscripciones y sanciones sólo ellos lo conocen, pues sus decisiones las toman a puerta cerrada. Es un enorme espacio de poder sin escrutinio público que adquiere quien llega a la presidencia de la Suprema Corte, pues en automático se convierte en presidente del CJF. Está integrado por tres magistrados de carrera judicial, dos consejeros designados por el Senado y dos más, por el presidente. En esos cuatro casos no es necesario que conozcan del Poder Judicial. Basta con el favor político. La intención de Monreal se conoció un día después de que el senador fuera a Palacio Nacional para encontrarse con el presidente y el mismo día en que el ministro Zaldívar se reuniera con López Obrador, también en Palacio. Curándose en salud, dados los antecedentes de reuniones secretas de anteriores presidentes de la Corte con los entonces presidentes de la República, la Suprema Corte dio a conocer la reunión de Zaldívar con López Obrador, pero lo que dijo el ministro presidente después del encuentro no pasó de generalidades. El ímpetu reformista de Monreal ha sido interpretado por especialistas y organizaciones sociales como una pretensión del morenismo de contar con una Corte más a modo, lo que se convierte en un apremio para Zaldívar, cuya carrera de nueve años en el máximo tribunal ha estado marcada por su discurso de defensa de la independencia y autonomía de los jueces. La secretaria de Gobernación, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, expresó ya su rechazo a la inteción de Monreal y explicó lo innecesario de la reforma, puesto que el Tribunal Federal de Justicia Adminustrativa ya hace lo que Monreal quiere inventar. Habría sorprendido que Sánchez Cordero no saliera en contra de esa propuesta. El Legislativo y el Ejecutivo tienen la facultad de diseñar la vida institucional del país, pero el Poder Judicial, la obligación constitucional de hacer valer el principio del equilibrio de poderes, sustancial en un auténtico Estado democrático. @jorgecarrascoa